¡Llegó el viernes! Y con el mejor día de la semana, llega también Mirada Sur, la manera más eficiente de ponerse al día con lo que pasa en América Latina. Una semana en la que ha pasado literalmente de todo, desde terremotos masivos a protestas violentas, pasando por un clima electoral de máxima tensión en un país clave como Brasil, o una denuncia impactante contra un expresidente como Evo Morales. A esto hay que sumar los incipientes estragos de un fenómeno de El Niño que este año promete ser histórico y que ya empieza a mostrar sus efectos nada menos que en las cataratas del Iguazú, entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde la crecida de los ríos está generando un espectáculo impactante. En especial, esta semana nos enfocamos en Ecuador, donde el éxito primario de las políticas de seguridad del presidente Noboa parece haberle abierto otros flancos políticos de relevancia. Y no olvidarnos de Perú, donde la presidenta Fujimori ha decidido llevar el orden no solo a las calles, sino también a los salones de clase.

Mucho se está hablando sobre la “ola azul” de gobiernos de centroderecha que viene ganando elección tras elección en América Latina. Pero en los últimos días parece quedar en claro que los grupos de izquierda radical no piensan quedarse quietos tras los reveses electorales. Tanto el flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, como el argentino Javier Milei debieron enfrentar esta semana una serie de violentas protestas que los han obligado a reprimir y a tomar mayores medidas de seguridad.

En el caso del país cafetero, el presidente afirmó esta semana que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia". "Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley", aseguró De la Espriella, quien firmó un decreto que regula la protesta social. Allí se aclara que si desde el inicio de la manifestación hay violencia con uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones o retención de personas, la fuerza pública podrá intervenir contra quienes realicen estos actos sin agotar de forma previa las fases de diálogo. "Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito", apuntó el presidente.

La regulación parece haber tenido éxito, ya que en las movilizaciones organizadas para esta semana no hubo grandes hechos de violencia. Las protestas, encabezadas por el recientemente derrotado candidato izquierdista Iván Cepeda, tuvieron una concurrencia nada masiva y estuvieron dominadas por banderas palestinas e iraníes, y consignas contra Estados Unidos, a favor de comunidades indígenas y grupos LGTB.

TAMBIÉN ARGENTINA. La policía y manifestantes se enfrentaron en Buenos Aires el jueves durante una marcha para reclamar al gobierno de Javier Milei que cumpla una ley que actualiza el financiamiento de las universidades públicas de Argentina. Los incidentes involucraron a decenas de personas que lanzaron piedras y trozos del mobiliario urbano en los alrededores del Congreso, mientras los efectivos policiales disparaban gases lacrimógenos y chorros de agua desde carros hidrantes.

La protesta fue organizada por sindicatos estudiantiles, pero a poco de terminar fue cooptada por grupos de ultraizquierda violentos, que atacaron a policías y agentes de seguridad. Esto ocurre en un momento en que la oposición peronista busca encontrar un camino para marcarle la agenda al gobierno, y cuando el presidente Milei enfrenta una ola de descontento por el escaso dinamismo económico y el aumento del desempleo. Pese a esto, el presidente argentino sigue manteniendo un “piso” muy alto de aprobación popular, pero el clima de inversión se encuentra algo estancado ante el riesgo de que en las elecciones del año que viene pueda regresar al poder un gobierno populista.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque ante la sucesión de derrotas electorales, los sectores de izquierda radical parecen decididos a lanzar protestas y olas de violencia callejera para frustrar las reformas y políticas de estos nuevos gobiernos democráticos. Un mecanismo que ya fue usado con mucha eficiencia en ciclos políticos anteriores y donde la izquierda parece querer dejar el mensaje de que si no gobiernan dirigentes afines a sus ideas, la consecuencia será el caos y la violencia en las calles.

La inseguridad es una de las grandes preocupaciones de los latinoamericanos y Ecuador no escapa a esa realidad. Por el contrario, el país viene de años en los cuales la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico ha alcanzado niveles dramáticos, que lo convirtieron en uno de los países más violentos de la región. Casi la mitad de los ecuatorianos considera la inseguridad como el principal problema del país. Desde que asumió en 2023 para completar el mandato inconcluso del expresidente Guillermo Lasso, Daniel Noboa sabía que hacia allí debía apuntar sus cañones.

Y lo hizo. Se plantó ante el crimen organizado con una fuerte presencia militar en las calles, decretó estados de excepción en las provincias más conflictivas y selló un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluye su participación en el llamado Escudo de las Américas. Pero mientras la atención del gobierno se concentra en la seguridad, otros problemas empiezan a hacer ruido. Entre ellos está la crisis eléctrica, que se arrastra desde hace 4 años y que ya provocó los primeros apagones cuando recién están comenzando los estiajes, o temporada de seca, momento en que las centrales hidroeléctricas ven menguada su capacidad de generación.

También preocupan el empleo y la situación económica. Y ahora, además, surgió un nuevo asunto que encendió varias alarmas. Es el aumento de las denuncias por presiones sobre la prensa y algunos actores de la oposición. Dentro de esa realidad surge la pregunta de hasta dónde los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad son suficientes para equilibrar el descontento que causan los otros frentes abierto. El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán a sus autoridades locales en una elección que puede ayudar a responderla.

TRASFONDO. Una serie de hechos que nada tienen que ver con el crimen organizado encendieron las alarmas en los últimos meses y provocaron cuestionamientos a Noboa y a sus métodos de gobierno. Uno de los más recientes es el que ocurrió con el diario Expreso, uno de los principales periódicos de Ecuador. El pasado 9 de octubre dejó de circular en papel después de 53 años. El medio atribuyó la decisión a una batería de presiones. Según informaron sus voceros, Expreso perdió cerca del 70% de sus anuncios y denunció que desde el gobierno se habría presionado a empresas privadas para que dejaran de poner publicidad en sus páginas.

El otro sucedió en el ámbito de la política, donde dos dirigentes sufrieron presuntas presiones de parte del gobierno. Andrés Roche, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, y Jaime Estrada, precandidato a la Prefectura de Manabí, denunciaron que sus cuentas bancarias habían sido congeladas sin justificación legal. Ambos candidatos afirmaron que se trata de persecución política. Sin embargo, desde el gobierno alegaron que la medida responde a investigaciones por lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

LA VOZ LOCAL. Gabriela Calderón de Burgos, fellow del CATO Institute, nos dijo que en el tema seguridad la cosa va mejor con la ayuda de los Estados Unidos. “Los G.I. Joe generan un efecto disuasivo”, comentó. La sensación de que se está haciendo algo por la seguridad con ayuda de Estados Unidos “contribuye a que mucha gente tolere abusos del gobierno”, como las presiones denunciadas sobre la prensa y la oposición. Pero también entiende que la situación puede cambiar. “Se han ido acumulando problemas del día a día. Estamos en el cuarto año de crisis eléctrica en estiaje. Ya estamos con apagones y en muchos municipios no hay agua ni luz al mismo tiempo. Entonces, la gente puede apoyar al gobierno por el tema seguridad, pero eso puede cambiar si están sin agua, sin luz y algunos sin trabajo. Esta elección de noviembre va a ser cuesta arriba para el gobierno”.

Por último refirió a lo que se debió haber hecho y no se hizo. “Correa se fue en 2017 y desde allí digamos que todos han gestionado un mismo modelo heredado. Con la salvedad de la política comercial, los gobiernos sí han avanzado hacia una mayor apertura, la herencia es una crisis fiscal. Pero, ¿qué se ha hecho en una década con esa herencia? No se hicieron reformas económicas de fondo porque había que ‘descorreizar’ al país, después por seguridad. Mientras tanto, los problemas avanzan”.

A dos semanas de la segunda vuelta electoral en Brasil, el clima es de máxima tensión. La impactante victoria en primera vuelta de Flavio Bolsonaro, a contrapelo de lo que planteaba la mayoría de las encuestas, ha generado una tormenta política en el gobierno de Lula da Silva, que en estas semanas se ha lanzado a anunciar paquetes de ayuda social y reformas laborales que costarían unos 50 mil millones de dólares. Esto en un país con un déficit fiscal que llega casi a 10 puntos del PBI.

En tanto, el candidato opositor Flavio Bolsonaro se ha dedicado a recorrer algunos estados clave del país y confirmó que estará presente en el único debate que está previsto en esta campaña. Vale recordar que en la campaña para la primera vuelta, el presidente Lula da Silva no participó de ningún debate, pero ahora sí confirmó que participaría. Si se confirma la participación de los dos candidatos, será la única instancia en la que se los podrá ver en vivo, debatiendo sobre sus propuestas de futuro para el país.

El presidente Lula da Silva concedió una extensa entrevista esta semana a la red Globo, donde asumió toda la responsabilidad por la baja votación electoral y por la mala imagen que tiene su gobierno. También defendió al polémico ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que se encuentra en medio de un enorme escándalo por sus vínculos con un banquero que está preso por un enorme fraude financiero. Según Lula, a De Moraes la oposición lo quiere remover de su cargo por haber metido preso a Jair Bolsonaro y no por mantener contactos con el banquero, en los que incluso lo asesoraba sobre si era el momento para huir del país.

La izquierda ha agitado en las últimas horas la versión de que habría una “virada” en marcha, apuntando a encuestas y “tracks” internos que mostrarían un resultado de virtual empate entre Lula y Flavio Bolsonaro. La realidad es que la mayoría de las encuestas otorgan a Boslonaro una diferencia a favor de poco más de dos puntos, y a eso hay que sumar que todas esas encuestas sistemáticamente han subestimado el caudal electoral de la oposición, y sobreestimado el de la izquierda.

Con este panorama, el clima para las dos semanas que faltan antes de las elecciones será de enorme tensión, y no solo en Brasil. Como pocas veces en la historia reciente, todo el continente está siguiendo de cerca esta campaña, ya que una derrota del actual gobierno de Lula da Silva, auténtico “padrino” de la izquierda regional, sería de un impacto mayúsculo en el mapa político regional para los próximos años.

La Fiscalía de Bolivia inició una investigación contra el expresidente Evo Morales por su responsabilidad en la muerte de tres extranjeros durante un operativo policial en 2009, cuando Morales ejercía su primer mandato. El caso es una mancha más sobre la castigada reputación del histórico líder de la izquierda boliviana. En 2024 fue acusado de trata de personas agravada por haber mantenido, en 2015, una relación con una adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija. La partida de nacimiento identifica a Juan Evo Morales Ayma como padre. La Fiscalía presentó una acusación formal y anunció que solicitaría una pena de 20 años de prisión.

Desde enero de 2025 hay una orden de captura en su contra que sigue sin ejecutarse. Mientras, Evo continúa atrincherado en su bastión político del Chapare, protegido por aguerridos sindicatos cocaleros. Pero el gobierno de Rodrigo Paz no ha podido detenerlo, a pesar de que todo el mundo sabe dónde está y de que las autoridades aseguraron que su captura es una prioridad. La justificación del fracaso es que una incursión policial en el Chapare podría desatar enfrentamientos violentos con los sindicatos que lo protegen.

TRASFONDO. La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía boliviana irrumpió en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un operativo que acabó con tres extranjeros muertos y otros dos detenidos. El gobierno del MAS informó que los fallecidos integraban una organización terrorista que planeaba asesinar a Evo Morales y separar Santa Cruz del resto de Bolivia. Pero los sobrevivientes hablaron y la versión oficial empezó a hacer agua por todas partes. Ambos denunciaron que habían sido golpeados y torturados durante los interrogatorios y los informes médicos posteriores registraron quemaduras y marcas de picana eléctrica.

Más de doce años después, en diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los detenidos habían sido víctimas de torturas y arrestos arbitrarios y responsabilizó al Estado boliviano por la muerte del irlandés Michael Dwyer, uno de los tres extranjeros fallecidos. También cuestionó la ausencia de una investigación que permitiera aclarar las circunstancias de su muerte.
Según la versión oficial, Dwyer murió durante un intercambio de disparos con la Policía dentro del hotel. Pero uno de los sobrevivientes aseguró que salió vivo del edificio y fue ejecutado más tarde en un aeropuerto de Santa Cruz. Ahora, diecisiete años después del hecho, la Fiscalía investiga la posible responsabilidad penal de Morales y de su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, por presuntos delitos de asesinato, torturas y privación de libertad.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque casos como el de Evo pueden ser parte de la explicación de los cambios políticos que están ocurriendo en la región. Varios de los líderes del auge del llamado socialismo del siglo XXI terminaron presos, otros prófugos y otros con graves denuncias de corrupción. Quizás América Latina no esté virando hacia la "ultraderecha", como insisten en titular algunos grandes medios internacionales. Sino tal vez sea algo más simple: la gente le está dando la espalda a dos décadas de una forma de gobernar que prometió transformar la región, pero que en varios países terminó mostrando su cara más oscura.

-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez. Rodríguez es visto como el cerebro detrás de la gestión actual en Venezuela y una de las figuras más rechazadas por la oposición democrática en ese país.

-Un potente terremoto afectó a Panamá el sábado pasado, dejando un grave saldo de destrucción, pero sin causar ninguna muerte. El terremoto de magnitud 7,7 provocó daños en viviendas, vías, negocios y edificios gubernamentales.

-La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció las nuevas normas de conducta que regirán en las escuelas públicas del país, que incluyen la expulsión de los alumnos violentos, el combate del acoso escolar y la prohibición de usar maquillaje, llevar el pelo largo o pintado y tener equipos electrónicos en las aulas. "El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas", remarcó Fujimori.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor