¡Feliz viernes! Hoy es 1 de Mayo, y en buena parte de América Latina se conmemora el día del Trabajador. Un “feriado” peculiar, ya que recuerda un hecho trágico ocurrido en Estados Unidos, pero en ese país el Labor Day se celebra en septiembre. Al sur del Río Bravo hoy es el día en que los aparatos sindicales, y las viudas del Muro de Berlin sacan sus mejores galas, y entonan sus más furibundos discursos anticapitalistas. Gran oportunidad para desenchufarse de la TV, y leer Mirada Sur, que hoy le trae una edición más que cargada de información y análisis. Eso sí, le pedimos comprensión, porque Rodrigo, nuestro redactor y corrector, nos abandonó por unas semanas para ir en una loca carrera contra el implacable calendario, a surfear a Indonesia. Donde las buenas olas seguramente le pasarán factura por las décadas de vida disipada que lleva. Hoy dependemos 100% de Rómulo López para que no salgan errores de ortografía. Por suerte, las noticias están muy picantes, y “taparán” cualquier carencia de redacción.

“Es una bomba atómica. Por mucho el mayor desafío que ha tenido Claudia Sheinbaum desde que es presidenta”. Así reaccionaba nuestro buen amigo mexicano Roberto Salinas, cuando le consultamos por lo que sin dudas es la noticia de la semana en América Latina. La acusación ante un tribunal federal de Estados Unidos, contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por cargos de narcotráfico. El jerarca es una figura clave de Morena, el partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos de tráfico de drogas y armas. "Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, fue la primera reacción de la presidenta Sheinbaum. Que agregó que “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.

TRASFONDO. El tema estalla en momentos en que Estados Unidos parece acelerar en una guerra abierta contra los grupos narcotraficantes mexicanos, y donde ha puesto al gobierno mexicano contra la pared: o colabora en todo lo que se le pide, o los americanos entrarán y harán las cosas a su manera. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha optado por colaborar, y ha extraditado a varios altos mandos del narco, así como ha tomado información de los estadounidenses para actuar contra otras figuras de peso, como en el caso del reciente abatimiento de “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el problema es que ahora Washington parece decidido a atacar los vínculos políticos del negocio del narco. Y ahí es donde se le complica la cosa al gobierno.

“Es un caso que ha puesto a temblar a varios políticos mexicanos. Algunos dicen también será esto el inicio de toda una cacería de aquellos políticos que se sospecha tienen vínculos con el crimen organizado”, nos decía Roberto, presidente de Alamos Alliance, y una de las figuras que mejor conoce la política mexicana. “Muchos en México han interpretado que esto obedece como una represalia a la trágica muerte de los dos agentes de la CIA, que no sabíamos que estaban operando en el estado de Chihuahua”.

TENSIÓN MÁXIMA. El gran tema de fondo aquí es hasta dónde piensa llegar Estados Unidos en su combate a lo que se ha dado en llamar la “narcopolítica”, y hasta dónde está dispuesto el gobierno mexicano a defender a altas figuras de su partido que parecen muy comprometidas en el tema. En el caso del gobernador de Sinaloa, muchos han informado desde hace años que tenía vínculos más que amistosos con el “Chapo” Guzmán y sus hijos, como la reconocida periodista Anabel Hernández. Se sospecha que con la caída de los principales líderes de ese cártel, éstos haya dado testimonios que compliquen a la cúpula del partido Morena. Incluso al ex presidente López Obrador. En ese sentido es particularmente interesante lo que dice Arturo Sarukhan, ex embajador de México en Washington. También lo que escribe otro buen amigo de Mirada Sur, el periodista Sergio Sarmiento.

Las próximas semanas serán clave para entender como evoluciona este tema, que tiene el potencial de generar una verdadera tormenta en todo el continente.

A tres semanas ya de las elecciones presidenciales en Perú, el país todavía no ha definido quienes son los candidatos que competirán en segunda vuelta. Está claro que Keiko Fujimori, que obtuvo apenas un 17% de los votos, estará en ese balotaje. Pero cuando se llevan 97% de los votos contados y a falta de revisión de muchos otros, el candidato izquierdista Roberto Sánchez lleva una ventaja de 0,1% sobre el conservador Rafael López Aliaga. Esto en medio de todo tipo de denuncias que han llevado no sólo a la renuncia del jerarca máximo del organismo encargado de controlar las elecciones, Piero Corvetto, sino a su arresto por acusaciones de colusión.

En medio de este clima, los titulares se los ha llevado el aparente acuerdo entre Rafael Sánchez con Antauro Humala, el hermano díscolo y más radical del ex presidente Ollanta Humala, que incluso ha sugerido en entrevistas que podría ocupar el cargo de jefe de Gabinete. Antauro es un ex militar que estuvo preso mucho años por una masacre durante un alzamiento que protagonizó hace 20 años. Y es le heredero de una visión política llamado “etnocacerismo”, que plantea un regreso a la cultura precolombina, una política de colectivización forzada del país, y segregación social contra “los blancos”. De hecho hace unos meses el ex militar dijo que Perú debería capturar al rey de España, Felipe VI en caso de que acuda al país a la asunción del próximo presidente. También ha señalado que el país debería recuperar por la fuerza los territorios perdidos frente a Chile en la Guerra del Pacífico.

Frente a este panorama, la situación política en Perú es de máxima tensión. Las encuestas marcan por ahora que en caso de pasar Fujimori y Sánchez a segunda vuelta, el resultado sería muy parejo, con lo cual hay una chance real de que este tipo de visión pueda llegar al poder en ese país. Incluso el candidato Roberto Sánchez ha dicho que de ganar la elección, cambiará al presidente del Banco Central del país, Julio Velarde, quien desde hace 20 años es el custodio de la estabilidad económica del país, que pese a haber tenido decenas de turbulentos cambios de presidentes, no ha tenido sacudones financieros.

ANTISEMITISMO. En medio de toda esta tensión, el actual presidente de Perú, José María Balcázar hizo declaraciones asombrosas, donde entre otros disparates afirmó que Hitler fue empujado a la Segunda Guerra Mundial por “los judíos”. Si bien luego pidió disculpas, las declaraciones se suman a otras previas donde justificaba el sexo con menores de edad, y otros disparates que dejan en claro que el umbral para llegar a los puestos de máxima responsabilidad política en Perú, está realmente muy bajo. Pero lo de Balcázar no es muy diferente a lo de Gustavo Petro, Nicolás Maduro, o López Obrador, líderes de izquierda que a partir de un abordaje extremadamente liviano de ciertas literaturas históricas contestatarias, se creen con autoridad para pontificar de temas de los que no saben nada, y generando enormes divisiones sociales en sus países.

La realidad es que las derrotas que padeció el presidente Lula en el Congreso esta semana fueron dos. Y tan dolorosas, que en Brasil muchos perciben que puede ser la señal anticipatoria de una derrota sonora para la izquierda en las elecciones de octubre.

El primer gran revés fue el rechazo del parlamento brasileño al nombre que el gobierno proponía para integrar el Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Luego de meses de fina negociación, y de cortejo a una mayoría de legisladores que suelen oscilar entre la derecha y la izquierda de acuerdo más a intereses personales de los representantes, o a dádivas para sus regiones, que a cuestiones ideológicas, la votación terminó con un aplastante resultado en contra. La noticia fue un golpe mediático muy fuerte, ya que desde el gobierno se habían jugado al todo por el todo a esa candidatura. Es importante recordar al lector que en Brasil el TSF tiene competencias inmensas, sobre todo en materia de control de las campañas electorales. Y que en la última elección jugó muy fuerte en favor de Lula. Nunca en la historia del país, un candidato a la Corte propuesto por el gobierno había sido rechazado por el Congreso.

La segunda mala noticia que surgió del Congreso brasileño para el gobierno esta semana, fue la reducción las penas por golpismo impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores, por la asonada contra edificios oficiales del gobierno que ocurrió en 2023. Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado, y que rebajaba las penas de cárcel a estas personas, incluido el ex presidente Bolsonaro, que hoy cumple una condena de 27 años de cárcel por ese tema. La norma acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

TRASFONDO. Brasil se encuentra en un año de máxima tensión política de cara a las elecciones de octubre, donde el presidente Lula, que ya tiene 80 años, busca un cuarto mandato. Pero las encuestas más recientes apuntan a que el hijo del ex presidente Bolsonaro, Flavio, podría vencer en una carrera que hoy se muestra muy pareja, pero que en la evolución de las preferencias, no luce muy auspiciosa para Lula. Esta doble derrota en el Congreso, más allá de sus resultados prácticos, lo que muestra es que muchos legisladores olfatean un cambio político a corto plazo en el país, y buscan alinearse con quien sospechan puede ser el nuevo poder en el país. Así las cosas, los próximos meses serán muy duros para el gobierno, que requiere noticias positivas para la campaña, pero tendrá un obstáculo muy importante nada menos que en el Congreso de su país.

Para el resto del continente, una derrota de Lula da Silva en octubre, sería un cambio radical. Consolidaría el eje más inclinado a la derecha que viene percibiéndose en los últimos años. Pero, además, pondría fin a la carrera política de quien ha sido el verdadero director de orquesta detrás de las olas de gobiernos de izquierda que llegaron al poder después de los 2000. Y que organizó lo que tal vez haya sido la red de corrupción más grande a nivel continental, conocida como el “Lava Jato”, o el “caso Odebrecht”.

Cualquiera que siga las noticias de la región, tiene claro una cosa: los presidentes de Ecuador Daniel Noboa, y el de Colombia, Gustavo Petro, no se pueden ni ver. A ver… si vemos la trayectoria política de Petro, sus recurrentes salidas de tono, brotes de mesianismo, y afición a hacer discursos eternos mezclando el sexo de los ángeles con la física cuántica y argumentos ideológicos que darían pudor a Pol Pot, no es difícil justificar al ecuatoriano. Pero teniendo en cuenta que ambos son presidentes de importantes países de la región, su encono personal tiene el potencial de generar una crisis muy seria.

Esta semana, Noboa acusó a Petro de impulsar una "incursión" guerrillera por la frontera. "Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", dijo Noboa. Según el gobernante ecuatoriano, Petro no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera que comparten ambos países. Allí operan bandas dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando. Pero la cosa va incluso más allá.

Desde Ecuador se agita la versión de que cuando Petro visitó el país para la asunción de Noboa, tuvo un misterioso viaje a la ciudad de Manta, donde estuvo varios días recluido en una casa, sin que se sepa a qué fue, ni con quien se reunió. Manta es una ciudad tomada por el grupo narco llamado “Los Choneros”, y allí residía a sus anchas hasta ser capturado hace unos meses, el líder del grupo, apodado “Fito”. Desde el gobierno ecuatoriano se sugiere de modo bastante directo que Petro pudo haber tenido contacto con altos dirigentes de esa banda criminal.

Al punto que el encargado de la custodia personal de Petro, debió salir a los medios a desmentir esa versión, y afirmar que su presidente había estado encerrado en una casa modesta, terminando de escribir un libro. El propio Petro habló del tema y dijo que ““El bandido Fito, que se capturó también en mi Gobierno en Colombia, no es tan estúpido como para meterse en un cerco que tenía la Policía y el Ejército ecuatorianos permanentemente alrededor de la cabaña —no lujosa, solo hecha en madera— donde yo estaba escribiendo mi libro”. Petro también lanzó señalamientos contra Noboa, a quien acusa de injerencia en las campañas presidenciales de Colombia para favorecer a la derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo.

POR QUÉ ME IMPORTA. Esta tensión personal, ya se ha trasladado a la vida diaria de los ciudadanos de ambos países vecinos, ya que los dos gobiernos se han enfrascado en una guerra comercial, en la que se han impuesto mutuamente aranceles del 100%, y han retirado a sus respectivos embajadores.

Cuando las noticias “duras” nos dejan espacio, nos gusta cerrar Mirada Sur con alguna información diferente. Que nos permita terminar la semana con una sonrisa, y de alguna forma dar aire a nuestro esforzadamente controlado sarcasmo. Y en este caso, complementa un dato que comentamos hace algunas semanas, que el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, había decidido sacrificar a unos 80 hipopótamos que se han afincado en una zona selvática de ese país, tras escaparse del famoso zoológico privado que supo tener el narcotraficante Pablo Escobar en su legendaria finca “Nápoles”.

La noticia había generado enorme inquietud en los amantes de los animales, que hoy tienen una fuerza de lobby mucho mayor que la de ninguna etnia africana amenazada por las guerras o algún nostálgico del desarrollismo de planes quinquenales. Bueno… ¡calma! Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, anunció que está "dispuesto a recibir y cuidar" a los animales en su zoológico privado Vantara, en el estado indio de Gujarat. Incluso habría mandado una carta oficial al gobierno colombiano para formalizar la propuesta. "En el centro de esta propuesta está la creencia de Vantara de que toda vida importa y de que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida siempre que sea posible", decía la carta.

Uno se imaginaría que el suspiro de alivio de muchos activistas ante este acto de humanismo del heredero indio se escucharía en todo el globo. A fin de cuentas, los hipopótamos cambiarían las balas del rifle sanitario de las autoridades colombianas, por un parque de 1.400 hectáreas, donde convivirían con 2.000 especies, entre ellas elefantes, tigres y otros animales. La reserva está ubicada en Jamnagar, no muy lejos de la refinería de petróleo de Mukesh Ambani, la más grande del mundo.

Pero no. Algunos activistas se han quejado de que el zoológico privado está ubicado en una zona con clima cálido y demasiado seco para algunos de los animales. También que esa reserva fue usada para la fastuosa boda ocurrida en 2024 del joven heredero, y que en esa ocasión se usaron los animales como parte de un espectáculo ostentoso, sin respetar sus horarios y formas de vida. Cosas capaces de generar picos de indignación, en la tribu de activistas de teclado que hoy parecen tener un peso en la agenda pública, casi tan importante como falta de conocimiento de la realidad.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor