¡Bienvenido a Mirada Sur! Usted ya conoce el “claim”: cada viernes, usted nos cede 10 minutos de su tiempo, y nosotros lo ponemos al día con las noticias que realmente hay que conocer en América Latina. Sin banalidades, sin sesgos ocultos, y con el aporte y mirada y de algunos de los referentes más destacados de las ideas de la libertad en la región. Y hablando de ideas de la libertad, queremos empezar a comentarle sobre un evento imperdible que habrá en Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre. Se trata de la conferencia Vientos de Cambio, organizada por el Archbridge Institute, la fundación Libertad y Progreso de Argentina, y Reason. Más de 700 líderes de opinión de 20 países. Figuras como el premio Nobel James Heckman, el ministro argentino Luis Caputo, el creador de la firma Jane Street, Tim Reynolds, Axel Kaiser, y muchos más estarán en esta conferencia. Ya le contaremos más en próximas ediciones. Pero no queremos disgregar más, así que vamos a empezar con las noticias.

Desde hace meses que en Mirada Sur le venimos señalando que la próxima elección presidencial en Brasil será el evento político más importante del año para la región. Es que el gobierno de Lula da Silva se ha convertido en el gran opositor a los planes de Estados Unidos por “resetear” su vínculo con la región, a la vez que el último gran sostén de la izquierda en el continente. Esta semana, El Gobierno de Donald Trump anunció un nuevo arancel del 25 % sobre varios productos brasileños, basándose en una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses en el país sudamericano. La medida sería recomendada al considerar que Brasil mantiene prácticas que afectan a intereses estadounidenses, entre ellas la supuesta censura de empresas tecnológicas de EE.UU. y las restricciones del etanol estadounidense para acceder al mercado brasileño.

El secretario de Estado americano, Marco Rubio, lo explicó de manera muy clara: “El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos. Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son la consecuencia de ello”.

El nuevo gravamen del 25% recae sobre unos 3.000 artículos brasileños, que representan cerca de un tercio de las exportaciones del país hacia Estados Unidos. Entre los bienes afectados figuran el azúcar, la maquinaria agrícola y eléctrica, la indumentaria y el papel. Pero el conflicto no es solo comercial. Entre las prácticas cuestionadas por Washington, el principal blanco de la investigación es PIX, el sistema de pagos electrónico del Banco Central brasileño, usado por el 80% de los brasileños y responsable del 54% de las transacciones del país. Estados Unidos sostiene que el Banco Central, como dueño y regulador del sistema, incurre en conflicto de intereses y pone en "desventaja" a compañías estadounidenses, en especial a las tarjetas de crédito.

CAMPAÑA. La decisión de Estados Unidos cae en momentos en que arranca la campaña electoral de cara a las presidenciales de octubre, y ha sido usado por el gobierno de Lula para victimizarse, y afirmar que la sanción se debería al accionar de su rival, Flavio Bolsonaro. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, se reunió hace poco más de un mes con Trump en la Casa Blanca, y recibió un apoyo explícito del mandatario americano. En los últimos meses el clima político en Brasil parece haber cambiado, y las encuestas muestran un aumento del apoyo al actual mandatario. Distintos sondeos publicados en los últimos días otorgan ventajas que van de los 6 a los 10 puntos a Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro. Todo a partir del tono nacionalista que el actual mandatario ha intentado imprimir por sus choques con Trump. Y luego de unos audios que implicaron a Bolsonaro con un escándalo bancario que tiene a todo Brasil en vilo.

Sin embargo, la elevada desaprobación de ambos candidatos y la alta volatilidad del electorado dejan abierta la posibilidad de un cambio de tendencia en los próximos meses. Según una encuesta de PoderData/AYA divulgada esta semana, tanto Lula como Flávio Bolsonaro son rechazados por el 48% de los electores. El fenómeno del rechazo ha llevado a los estrategas de ambos bandos a profundizar las campañas de desgaste mutuo.

Paraguay descubrió que alguien se había metido en los sistemas informáticos del Estado para obtener información secreta. Tras un análisis de ciberseguridad realizado en conjunto con los Estados Unidos, lograron detectar que “múltiples actores de amenaza” vinculados a China, habían ingresado en las redes del gobierno paraguayo. El informe descartó que se tratara de un virus o de un ataque para pedir rescate. Concluyó, en cambio, que eran maniobras de ciberespionaje. Es decir, personas que ingresaron a los sistemas sin ser detectadas para robar información sensible, espiar comunicaciones y documentos, y conocer desde adentro el funcionamiento del Estado.

La Fiscalía paraguaya inició una investigación para determinar qué organismos fueron hackeados, cuánto tiempo duró la maniobra y a qué datos pudieron acceder los intrusos.
China rechazó de inmediato la acusación. Sostuvo que tanto Paraguay como Estados Unidos “han sacado conclusiones apresuradas” y afirmó que Washington apunta su dedo hacia el gigante asiático para desprestigiarlo en medio de la batalla geopolítica que vienen trabando en Latinoamérica.

TRASFONDO. No es la primera vez que Paraguay detecta este tipo de operaciones. En 2024, durante una primera revisión de seguridad realizada por Paraguay y Estados Unidos para identificar vulnerabilidades, se descubrió actividad atribuida a Flax Typhoon, un grupo que Washington vincula con el gobierno chino. Según informó entonces el ministro de Tecnologías de la Información, Gustavo Villate, la revisión había comenzado meses antes, tras detectarse comportamientos anómalos en las redes. Señaló que los hackers accedieron a comunicaciones, especialmente de la Cancillería, pero sostuvo que no se habían constatado pérdidas ni modificación de datos. En cambio, aseguró, el acceso había sido con fines de inteligencia.

Ataques como el detectado son parte de operaciones discretas en las cuales los intrusos buscan permanecer en el sistema el mayor tiempo posible sin ser percibidos. Desde adentro, pueden leer correos, copiar documentos y juntar información sobre decisiones sensibles de los países, como seguridad e infraestructura. Los datos cosechados no necesariamente se utilizan de inmediato. En cambio resultan un material importante para saber quién toma las decisiones, donde están las fortalezas y dónde los puntos débiles.
El contexto político actual hace que el caso sea más delicado de lo que parece, ya que Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Esa postura lo acerca a Estados Unidos y lo aleja de China, uno de los principales socios comerciales de América Latina.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque este episodio muestra hasta qué punto la disputa entre Estados Unidos y China afecta a la región. América Latina es parte de un escenario donde ambas potencias compiten, y esa competencia trae consecuencias directas para los países involucrados. Casos como el de Paraguay muestran que, por su posición estratégica o sus alianzas internacionales, los países latinoamericanos pueden ser objetivos de inteligencia. Y la información que se obtiene mediante el ciberespionaje puede afectar negociaciones diplomáticas, decisiones de seguridad, o acuerdos comerciales.

Uruguay es un país que suele ir a contramano de las “olas políticas” en la región. Tal vez por ello, mientras que la mayoría de los países en el último tiempo vienen experimentando giros hacia liderazgos más conservadores o liberales, hace poco más de un año los uruguayos votaron a Yamandú Orsi como presidente, para suceder a Luis Lacalle Pou. Se trata de dos perfiles absolutamente diferentes. Lacalle Pou es un dirigente liberal, que supo enfrentarse en foros y eventos internacionales con gente como Díaz Canel o Maduro, mientras que Orsi es el “delfín” del ex presidente y guerrillero José Mujica, quien fue apoyo y sostén de los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de aliado íntimo del actual presidente brasileño, Lula da Silva.

El problema es que el gobierno de Orsi viene barrranca abajo desde que asumió. Su gestión, de un izquierdismo moderado, está recibiendo fuego de todos lados. De la interna de su coalición política, donde los sectores de ultraizquierda lo rechazan por “tibio”, y por no acceder a medidas socialistas duras. Y desde la oposición, que le cuestiona su falta de ejecutividad y planes definidos. A esto se sumaron un par de escándalos algo aldeanos, que han derrumbado su popularidad a niveles nunca vistos en tiempos recientes en el país. A falta de 4 años de gestión, hoy sólo un 26% de los uruguayos aprueban su gestión, mientras que un 53% la desaprueba. Datos realmente alarmantes, que nos llevaron a consultar a Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, para que nos explique qué está pasando en Uruguay.

—¿Cómo se explica el derrumbe de apoyo popular al presidente Orsi?

Los números que muestran las últimas encuestas son realmente duros. Para que te des una idea es la peor imagen de un presidente uruguayo desde la crisis de 2002 y lo más llamativo es la velocidad, porque desde febrero la desaprobación subió casi 20 puntos, marcando un deterioro muy pronunciado dentro de un panorama político y económico muy estable. ¿Qué pasó? Bueno, puede haber un detonante que fue el famoso tema de la camioneta. Días antes de asumir, Orsi se compró una Hyundai Santa Fe nueva por unos 54 mil dólares, cuando el precio de venta era de 79 mil. El presidente explicó muy mal el tema y se enredó en una sucesión de salidas de las que quedó muy mal parado. En Uruguay, que se precia de la austeridad de sus gobernantes, para un presidente del sector de José Mujica, que criticaba por opulencia cualquier cosa por encima de la subsistencia, ese tipo de cosas se pagan caro.

Pero seguramente este caso actuó como un catalizador de una insatisfacción que ya venía siendo creciente. El gobierno llegó sin programa claro y se pasó el primer año preparando planes en materia de seguridad, asistencia social, obra pública, etc. que no se sabe bien en que consisten ni en que grado de ejecución están. Mientras tanto el problema de la inseguridad crece, la economía se enfría y el gobierno no tiene un rumbo cierto para solucionar los principales problemas que aquejan a los uruguayos

—¿Y cómo queda Uruguay en la región, con el giro político que está teniendo el continente?

Claramente, a partir de los resultados electorales de los últimos meses, cada vez más solo. Sólo en los últimos meses: Kast asumió en Chile en marzo, Keiko Fujimori ganó el balotaje en Perú y asume en julio, y en Colombia De la Espriella le ganó a Cepeda y reemplaza a Petro en agosto. Si hacés la cuenta, la derecha ganó 11 de las últimas 14 elecciones presidenciales en América Latina. Con Milei en Argentina, Bolivia, Ecuador, etc. Uruguay quedó como prácticamente la única llegada reciente de la izquierda al poder en América del Sur y con la expectativa de lo que pueda ocurrir este año en Brasil.

Ahora, ojo con leer todo esto como un giro ideológico del continente. Yo creo que lo que hay, sobre todo, es voto castigo, la gente viene echando a todos los oficialismos que no resuelven la inseguridad y el estancamiento, sean de izquierda o de derecha. Habrá que ver la suerte de los gobiernos que han sido electos más recientemente, pero gobernar es cada vez más difícil, especialmente para los gobiernos que buscan generar cambios a partir de herramientas lentas e ineficientes desde un aparato estatal que es cada vez más incapaz de ir al ritmo de las demandas ciudadanas. La paciencia del electorado es cada vez menor, eso lo estamos viendo en todo el mundo, y los gobiernos que llegan con poca preparación y sin rumbo obviamente sufren las consecuencias.

El Salvador acaba de concluir uno de los procesos judiciales más importantes de su historia reciente. También uno de los más inusuales que se hayan visto en América Latina.
Después de tres meses de audiencias, llegó a su fin el juicio contra 485 presuntos líderes e integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada una de las organizaciones criminales más violentas del continente. La Fiscalía acusa a los imputados de haber comandado o integrado una estructura responsable de más de 14 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos homicidios, extorsiones, tráfico drogas, de armas y de personas. Durante el proceso se presentaron cientos de audios con conversaciones telefónicas interceptadas, vídeos, documentos y testimonios de colaboradores de la justicia. Pruebas que revelan cómo funcionaba la banda, cómo se enviaban las órdenes desde la cárcel o desde el exterior y cómo se planificaban asesinatos, extorsiones y otras actividades criminales.

La Fiscalía pidió para los imputados las máximas condenas previstas por la ley, así como una reparación civil cercana a los nueve millones de dólares. El proceso no sólo fue histórico por su volumen. Su modalidad tampoco tiene precedentes. Ninguno de los 485 acusados estuvieron presentes en la sala sino que siguieron las audiencias por videoconferencia desde sus encierros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Mientras tanto, jueces, fiscales y defensores se encontraba en un tribunal en San Salvador.

TRASFONDO. Este proceso tan peculiar fue posible gracias a la reforma del Código Procesal Penal impulsada por Bukele y aprobada por el Parlamento en 2023. La norma habilitó los llamados juicios masivos, que permiten juzgar en un solo proceso a integrantes de una misma organización criminal, evitando cientos de juicios individuales.
Durante décadas, las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 controlaron gran parte del territorio salvadoreño, sembrando el terror entre la población. Fueron pocos los comerciantes, transportistas y demás ciudadanos que se salvaron de las extorsiones constantes impuestas por los delincuentes. A la vez, durante muchos años, la tasa de homicidios ubicó al país entre los más violentos del mundo.

La Mara Salvatrucha (MS-13) era una organización criminal con enorme poder. Su accionar se extendió por décadas y su presencia trascendió fronteras. Operaron en los Estados Unidos, Guatemala y Honduras. También se detectaron células en México, Canadá y España. Según el Ministerio Público la organización reclutó a unos 1.200 menores de edad para cometer delitos, explotó a 638 mujeres y constituyó 30 estructuras en El Salvador y otras dos en el exterior. Pero en marzo de 2022, tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas, el presidente Nayib Bukele dio un giro radical a la estrategia de seguridad del país. El controvertido mandatario le declaró la guerra al crimen organizado y tomó una serie de medidas que cambiaron la realidad. Instaló un régimen de excepción, suspendió algunas garantías constitucionales y lanzó una dura ofensiva contra estas organizaciones. Desde ese momento 92.000 personas fueron detenidas y encerradas en la polémica cárcel del CECOT, de donde aseguró que la mayoría nunca saldrán.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque el juicio podría ser una referencia para toda la región. Si bien ha provocado fuertes cuestionamientos de parte de organismos de derechos humanos, muchos gobiernos ven el modelo Bukele como el gran ejemplo de cómo enfrentar el principal problema que padece toda Latinoamérica. Es que en pocos años, El Salvador pasó de ser el país con mayor número de homicidios al más seguro del continente.

Mire que lo hemos intentado. Por todos los medios hemos buscado que Mirada Sur no cayera en el facilismo de hablar de fútbol, y que pudiera ser un refugio para quienes están saturados del mundial. Pero es imposible. Es tanto el peso que este deporte tiene en América Latina, que resulta imposible abstraerse de lo que allí pasa. Y si algo lo deja en claro es esta polémica que estalló luego del infartante partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra, donde los sudamericanos lograron dar vuelta un resultado imposible, y alcanzar por segundo mundial consecutivo un lugar en la final. Pero la polémica más “política” vino después.

Es que un grupo de jugadores, liderados por el propio Lionel Messi, festejaron la victoria con una bandera que decía “las Malvinas son argentinas”, algo que generó la molestia de los ingleses, y la furia de la FIFA. Es que el organismo rector del fútbol mundial no quiere saber de nada con la política en las canchas. Y menos en un tema como este, que recuerda una sangrienta guerra ocurrida hace menos de 50 años.

El presidente argentino Javier Milei, terció en la polémica, defendiendo a sus jugadores y afirmando que "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan". "Un partido de fútbol es un partido de fútbol", dijo Milei, y recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos. "Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", prosiguió.

Por su parte, un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer criticó este jueves la acción de los jugadores. "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", manifestó.

POR QUÉ ME IMPORTA. Más allá del tema deportivo, este episodio tiene un impacto político importante, en momentos en que el gobierno más liberal en décadas en Argentina, se juega su sostén popular a un año de la eventual reelección de Milei. Es que la izquierda peronista suele acusar al mandatario de ser poco nacionalista, dar demasiadas concesiones a capitales externos, y tener un vínculo demasiado estrecho con Donald Trump. La buena actuación del equipo nacional de fútbol, con cuyos principales referentes Milei tiene muy buen vínculo, así como esta postura que “roba” las banderas más nacionalistas de la oposición, puede tener un impacto muy significativo en el clima político de Argentina. Algo clave para el proceso electoral del 2027.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor