Feliz viernes. Aprovechando el espíritu optimista del mejor día de la semana, aquí le llega el boletín esencial, para irse a disfrutar sabiendo lo que ocurre a su alrededor. Las noticias en América Latina pueden ser abrumadoras, con tanto condimento y pasión. Por eso, en Mirada Sur le traemos un resumen claro, breve, y con lo que usted necesita saber para anticipar lo que puede pasar en su país y la región. Esta semana arrancamos por Nueva York, donde la tradicional Asamblea de la ONU reunió a la crema y nata de la política global. Y donde el presidente argentino Javier Milei consiguió un “flotador” que le permite superar una incipiente corrida cambiaria, y llegar con oxígeno a las elecciones legislativas. También analizaremos lo que ocurre en las campañas de Chile y Bolivia, la crisis social en Ecuador, el blindaje al presidente Chaves en Costa Rica. Y cerramos con una noticia llamativa: la decisión de Río de Janeiro de pagar un bono a sus policías por cada delincuente abatido. ¿Qué opina usted de esto?

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El presidente argentino Javier Milei, venía pasando días de angustia. Tras la derrota electoral de un par de semanas atrás en la elección local en la provincia de Buenos Aires, que potenció el discurso del peronismo opositor, Argentina vivió un shock de desconfianza que despatarró todos los números económicos. Subió el riesgo país, cayeron los bonos y las acciones, y el miedo a un regreso de la izquierda puso en vilo al país y agudizó los todavía serios problemas económicos que tiene. Pero, ahí llegó la administración de Donald Trump en ayuda de su socio austral.

Una serie de comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurando que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a Argentina en lo que sea, sumado a medidas tomadas por Milei, como eliminar los impuestos a la exportación de granos por una semana, calmaron a los mercados y derrumbaron el precio del dólar y el riesgo país. Todo se consolidó en los días siguientes con una reunión entre Trump y Milei que consagró el apoyo americano al gobierno argentino. Este apoyo, que ha generado un cambio radical de humor en la economía argentina, también ha desatado la furia de la oposición peronista, que acusa a Milei de hacer concesiones a Estados Unidos para lograr este apoyo, que vulneran los derechos nacionales. Aunque no han explicado cuáles.

TRASFONDO. En apenas un año de gobierno, Javier Milei ha logrado estabilizar la situación financiera de Argentina, con un derrumbe de la inflación, la eliminación del déficit fiscal, y una serie de reformas económicas que han logrado resultados inimaginables hace poco tiempo. Incluso la pobreza ha caído de manera vertiginosa. Pero más allá de las estadísticas, la situación económica del país sigue siendo crítica, ya que la mejora de los indicadores demora mucho tiempo en traducirse en resultados concretos en la vida de la gente. El gran dilema para Milei hoy es que tiene una elección clave a finales de octubre, que definirá su poder en el Congreso del país, donde hoy todavía es minoría. Si logra una victoria contundente, se pude abrir el camino para estabilizar la política, que es el gran debe de Milei.

VOZ LOCAL. Para tener una mirada más clara de lo que pasa en Argentina, consultamos al buen amigo Marcos Falcone, flamante analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, quien nos decía lo siguiente: “la crisis cambiaria de estos días muestra la enorme vulnerabilidad argentina, incluso pese a que haga las cosas bien, debido a la sola expectativa del regreso del peronismo al poder. Porque esta es una crisis que se desata cuando el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires, pero que también está alimentada por el peso, por la sobrevaluación del tipo de cambio en la que el gobierno ha tenido que ver. Argentina ya ha demostrado a lo largo del tiempo que no puede tener una moneda propia. Entonces la solución para Argentina que nosotros recomendamos es la dolarización. Si Argentina dolariza su economía, estos problemas se terminan y el país puede seguir haciendo las cosas bien sin tener que preocuparse por corridas cambiarias permanentemente. Este puede ser el mejor legado que deje Milei”.

Las campañas electorales en Chile y Bolivia comienzan a “robarse” el interés político en la región. Es que ambos países tendrán elecciones el mes que viene, que pueden marcar el inicio de una tendencia de cambio profundo en América Latina. En el caso de Bolivia, que tendrá un balotaje el próximo 8 de noviembre, la primera encuesta difundida sorprendió al mostrar a Jorge “Tuto” Quiroga a la cabeza y por amplio margen sobre quien fue el sorpresivo ganador de la primera vuelta electoral, Rodrigo Paz.

La encuesta muestra un 47 % de intención de voto en favor de Quiroga (quien gobernó el país entre 2001 y 2002), frente a un 39,3 % que alcanzó Paz; un 7,7 % de diferencia. Mientras que el 3,5 % de los encuestados dijo que votará en blanco, el 4,7 % anunció que anulará su voto y el 5,5 % reconoció que aún está indeciso, según los datos de la encuesta. Casi tan relevante como esto, es que el 66 % de los electores "ya tiene su voto decidido", lo cual es una cifra muy alta a esta altura de la campaña. Quiroga se ha mostrado como el candidato más crítico con el actual gobierno del Movimiento al Socialismo, que tras 20 años de gestión absoluta, ha dejado al país sumido en una gravísima crisis económica y productiva.

DESPERTAR. En Chile, mientras tanto, la candidata comunista Jeanette Jara, acosada por problemas internos en su coalición oficialista, y por un estancamiento severo en las encuestas, reconoció en una entrevista que tanto Cuba como Venezuela no son regímenes democráticos. "Claramente, Cuba no es una democracia", respondió tras ser consultada sobre si consideraba al régimen político de la isla como una dictadura o no. "La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil", agregó en la entrevista. Asimismo, Jara volvió a cuestionar la situación política en Venezuela, lo que la ha enfrentado públicamente a los dirigentes del Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. "En Venezuela lo que hay es una dictadura y yo espero como presidenta de Chile impulsar claramente una transición democrática", aseguró.

Se trata de afirmaciones que en otro país no generarían sorpresa, pero que en Chile cayeron como una bomba. Es que el Partido Comunista de Chile es de los más dogmáticos del mundo, todavía reivindica el marxismo leninismo, y defiende a capa y espada a las dictaduras caribeñas. Es probable que con esto, Jara busque hacer un guiño a la izquierda moderada de Chile, aunque con el riesgo de que su propio partido arrecie en las críticas que vienen complicando de manera seria su campaña. Hoy Jara apenas supera un 26% en las encuestas, en un cabeza a cabeza con José Antonio Kast. La diferencia es que la izquierda acude con un solo candidato, mientras que la oposición tiene al menos tres dirigentes, entre los cuales casi suman un 50% del electorado. Con lo cual la derrota de la coalición de Boric en segunda vuelta, luce inevitable.

Desde que el gobierno ecuatoriano decidió avanzar con la eliminación de los subsidios al combustible y anunció un aumento del 56% en el precio del diésel, las calles arden. Las principales organizaciones indígenas, fundamentalmente la poderosa CONAIE, así como varios sectores sindicales, se pusieron en pie de guerra y comenzaron a presionar al gobierno con bloqueos de rutas, amenazas de paro nacional indefinido y llamados a la resistencia. Algo que, en el pasado, ya les dio resultado. Es que esto no es nada nuevo. Desde hace años, cualquier intento de eliminar subsidios o reducir el déficit ha provocado una crisis y las decisiones del gobierno parecen supeditadas a los grupos de presión.

Desde esos sectores, argumentan que la medida está "afectando directamente al más humilde, al más pobre, (a los) que vivimos en las comunidades” y que “encarece los insumos agrícolas y los alimentos”. Desde el gobierno, el presidente Daniel Noboa dijo que está "peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador”. Aseguró que “no vamos a ceder” y declaró estado de excepción en 8 de las 24 provincias del país, 5 de ellas con toque de queda nocturno. Además, para demostrar que está firme en su postura, anunció que los manifestantes que violen la ley "serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos".

TRASFONDO. El subsidio al diésel que impera en Ecuador representa una carga fiscal de miles de millones de dólares al año. Beneficia a los grandes consumidores y fomenta el contrabando hacia países vecinos. Como tantas otras medidas que toman en la región, se volvió una política permanente porque es más fácil mantenerla que enfrentar el alto costo político de quitarla. Los que lo han intentado, la pasaron mal. Lenín Moreno hizo el intento en 2019. El resultado fue una de las crisis sociales más intensas en décadas. Paros, violencia en las calles, ocupación de Quito y la marcha atrás del presidente difundida en televisión. También Guillermo Lasso quiso quitar los subsidios al combustible en 2022. Para ello diseñó un sistema de bandas que permitía una suba gradual de los precios. Pero los bloqueos y la presión acabaron ganándole la pulseada y finalmente negoció concesiones para evitar problemas mayores. Antes que ellos, Rafael Correa, ex presidente exiliado en Bélgica tras ser condenado a 8 años de prisión por la justicia ecuatoriana, mantuvo los subsidios durante toda su década en el poder. Aún con mayoría legislativa y control del aparato estatal, nunca los tocó. Todos tenían claro que tales subsidios eran insostenibles. Pero nadie estuvo dispuesto a pagar el precio de eliminarlos.

POR QUÉ ME IMPORTA. No por repetida la situación es menos preocupante. Que una medida básica haga estallar una crisis política y social, muestra que los subsidios son una vaca sagrada y que suprimirlos es sinónimo de activar el botón rojo del caos. Pero lo más grave no es el rechazo a la medida ni que se naturalicen los privilegios. El gran problema es que los gobiernos en Latinoamérica tienen enormes dificultades para aplicar políticas racionales sin poner en riesgo la estabilidad de sus países. Lo de Ecuador claramente no es un caso aislado. La región es rica en gobiernos incapaces de implementar reformas sin generar crisis, lo que representa un enorme obstáculo en el camino del desarrollo de las naciones. Sobre todo en casos como estos, donde las razones técnicas están del lado de la reforma, pero el peso de los grupos de presión las superan.

El Congreso de Costa Rica decidió mantener los fueros del presidente en ejercicio Rodrigo Chaves, señalado por presunta corrupción. De esa forma conserva la inmunidad propia de su cargo y queda, al menos por el tiempo que resta de su mandato, fuera del alcance de la justicia. Todas las mociones que promovían juicios en su contra quedaron así rechazadas. La decisión generó un fuerte debate. Quienes la defienden, aseguran que los fueros son una herramienta legítima de protección ante posibles intentos de desestabilización política. Los detractores, en cambio, sostienen que no son otra cosa que un blindaje para los poderosos, que habilitan la existencia de privilegios y que se oponen al básico mandato de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

TRASFONDO. Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia de Costa Rica con un discurso de ruptura contra la clase política tradicional. Sin embargo, su gestión se ha visto salpicada por polémicas y denuncias, y sus promesas de trasparencia enfrentan serios cuestionamientos. Ya desde la campaña electoral la cosa viene entreverada y la Justicia Electoral lo puso en la mira por un presunto financiamiento irregular por fuera de los controles legales. También durante la campaña hubo un episodio del pasado que erosionó la imagen del mandatario. Chaves trabajó en el Banco Mundial entre la década del 90 y el 2019, cuando su carrera se truncó a causa de varias denuncias por acoso sexual a subordinadas. Si bien no fue despedido del organismo, sí recibió duras sanciones disciplinarias que motivaron su posterior renuncia. Este caso se tornó un tema político central durante la campaña y se perpetuó a lo largo de su gestión.

Una vez en el gobierno, las dudas continuaron a causa de nombramientos clave que fueron muy criticados y por los que se le ha acusado de favorecer a sus aliados. También ha tenido enfrentamientos con la prensa, a la cual Chaves acusa de operar políticamente en su contra. Al mismo tiempo, periodistas han denunciado presión y trabas para realizar su tarea. Para completar el cuadro, hubo pedidos formales de investigación al mandatario, basados en sospechas de corrupción en contrataciones públicas.

POR QUÉ ME IMPORTA. Si un país reconocido por su solidez democrática se suma al ya endémico problema de “judicialización” de la política, el mensaje no es muy alentador. Más allá de que la decisión de mantener los fueros al presidente Chaves demuestra la debilidad institucional que otorga al presidente recursos extraordinarios para resguardarse de la Justicia, en el fondo lo que parece haber es una búsqueda de apelar al sistema judicial, como forma de solucionar controversias políticas.

Río de Janeiro es una ciudad postal, con sus playas, “morros”, clima y paisajes. Pero cualquiera que la haya visitado, sabe que la ciudad tiene un costado opaco, con sus enormes “favelas” derramando sobre las zonas más cotizadas, y un clima de violencia, pandillas y narcotráfico, que ha sido retratado a la perfección por películas icónicas como Ciudad de Dios o Tropa de Elite. De hecho, los datos de violencia convierten a Río de Janeiro en una de las ciudades con más asesinatos en el continente. Ante este panorama, la Asamblea Legislativa del estado ha decidido revivir una norma que habilita el pago de un bono extra a los policías por la muerte de delincuentes.

El bono, llamado gráficamente como “Gratificación Lejano Oeste”, fue votado esta semana en la asamblea estatal, con mayoría de la oposición al gobierno nacional de izquierda, e implica una prima de 10% a 150% del salario cuando el policía “confisque armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales". Vale señalar que en 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio, esto es, casi dos personas al día, según cifras oficiales. Pero en 2023 esa cifra llegó a 871 personas, víctimas de la acción policial.

Es de imaginarse que esta decisión ha generado una ola de críticas de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que se trata de una medida anacrónica, y que potenciará la sensación de impunidad de la policía a la hora de usar la violencia. Esta prima "incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública", criticó el diputado federal de izquierda Henrique Vieira, electo por Rio de Janeiro. "La seguridad no se logra mediante la barbarie", aseveró.

Para su entrada en vigor, el texto aprobado por amplía mayoría, debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro. “Considero el proyecto muy positivo, tanto para la sociedad como para la Policía Civil, y lucharemos por implementarlo también en la Policía Militar, porque hemos visto que los delincuentes y narcotraficantes han perdido el miedo y el respeto. Y esta también es una forma de valorar a quienes están en primera línea, para que se sientan valorados cuando salen a la calle. Hay que abatir a los delincuentes. Con este proyecto, tendrán miedo. Sabrán que pueden recibir un disparo y morir", argumenta Marcelo Dino (União), policía retirado y uno de los autores de la recreación del bono.

Para la diputada Renata Souza (PSOL), quien se opone al proyecto de ley, uno de los impactos de la bonificación probablemente sea una reducción en el número de delitos resueltos por la policía. "De hecho, los efectos son perjudiciales para la sociedad. Después de todo, recompensar a quienes matan nos pondrá en una situación en la que los agentes tendrán carta blanca para cometer un delito. Hoy, por ejemplo, si ya carecemos de investigaciones efectivas en casos de violencia policial, es probable que esta situación empeore. Lo que la Asamblea Legislativa aprobó hoy causará un daño enorme. Esto será una licencia para matar. Es una acción que viola directamente la Constitución brasileña, porque es una especie de pena de muerte", argumentó.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor

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