Bienvenido a una nueva edición de Mirada Sur, donde en apenas 10 minutos, usted se puede poner al día con las noticias que realmente van a marcar la vida de los latinoamericanos en las próximas semanas. Hoy arrancamos formales, porque algunos lectores se nos quejaron de que nuestro comienzo algo coloquial, a veces le quita seriedad al contenido. Sobre gustos… Más allá de eso, no queremos comenzar esta edición plagada de noticias impactantes, sin agradecer a amigos como Marcos Falcone, Gabriela Calderón e Ian Vázquez, del Instituto Cato, por invitarnos a conversar en su muy interesante podcast sobre la región. Al cerrar esta edición, todavía no está subida la nota, pero le dejamos el link a otros episodios, por si todavía no lo conoce. Varios de los temas que conversamos allí, aparecen en esta edición: Javier Milei, el juicio a Bolsonaro, la crisis en Venezuela o incluso el proceso de politización de la justicia. Así que mejor vamos a los temas, y ya verá por qué consideramos que son los ejes clave del debate hoy en la región.

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Hace algunas semanas que no presentamos noticias de Argentina. No porque no hayan pasado cosas, ya que ese país es una usina permanente de información política explosiva, al punto que se hace difícil a veces “seguir el tren” de sus noticias. Pero hoy decidimos ponernos al día, ya que están ocurriendo dos cosas importantes a la vez.

Primero, este domingo habrá elecciones locales en la Priovincia de Buenos Aires, que contrario a lo que cualquiera de fuera creería, no incluyen a la ciudad capital del país, ya que esta última tiene un estatus formal diferente. Pero la provincia es el lugar que concentra a la población más pobre del país, y es desde hace décadas el bastión político del peronismo kirchnerista, ya que allí se concentra todo su aparato de reparto de dádivas públicas y vinculaciones políticas a ritmo cuasi mafioso. Sin embargo, las encuestas anticipan una paridad llamativa entre este peronismo y el partido de Milei. Quien con lograr un resultado parejo, ya estaría obteniendo una victoria simbólica inmensa.

Por otro lado, las últimas semanas han estado marcadas por fuertes denuncias de corrupción contra el entorno de Milei, en especial contra su hermana y Jefa de gabinete, Karina Milei. Todo surgió a raíz de unos supuestos audios difundidos por un empresario que supo estar en el círculo íntimo del presidente, y que ahora es acusado de maniobras corruptas en la agencia de Discapacidad. El gobierno asegura que los audios son manipulados, y logró que un juez impida que sigan difundiéndose, aunque algunos han aparecido en medios de la región, sin que muestren mayor evidencia de nada.

Todo esto ocurre, además, en momentos en que la economía muestra algunos síntomas preocupantes, pese a las reformas pro mercado llevadas adelante por Milei. Entonces era el momento ideal de consultar a una “voz local” autorizada como Marcos Falcone, politólogo y analista de la Fundación Libertad, además de “podcaster” con el instituto Cato, como ya marcábamos en el arranque. “Las elecciones se ven cerradas, parece que ninguno de los que gane va a ganar por mucho. Yo creo que sería una victoria para el gobierno ganar o perder por muy poco porque es un territorio hostil y la provincia de Buenos Aires está haciendo elecciones por fuera de las elecciones nacionales por primera vez en 40 años, porque esta vez el kirchnerismo se ha visto lo suficientemente amenazado como para separar las elecciones nacionales de las provinciales, porque si fueran todas juntas, Milei les pasa por arriba”.

Según Marcos, “es verdad que con la cuestión de los audios y la acusación de corrupción, la inflación que baja pero todavía no tanto como la gente quiere, y que el crecimiento de este año no sería tan alto como se esperaba, puede que todo eso tenga un efecto negativo para Milei. Pero el gobierno está bastante fuerte, sobre todo después de la alianza que hizo con el PRO (el partido del ex presidente Macri) porque el PRO tiene muchos dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Eso puede hacer que Milei tenga una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Ganar sería muy bueno para Milei e incluso si pierde lo va a presentar como un éxito porque se trata de un lugar hostil”.

Estados Unidos dio un paso más en el conflicto que mantiene con Venezuela y avanzó de la amenaza a los hechos. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses se habían limitado a exhibir su poderío militar en las narices de Maduro, desplegando una flota de aviones, destructores y submarinos nucleares en pleno mar Caribe. Pero esta semana, el desfile marcial dio paso a la acción. Y fue contundente. Una lancha rápida, que según declaró luego Donald Trump, transportaba drogas hacia los Estados Unidos, fue impactada por un misil aire-mar lanzado desde un avión de vigilancia del Pentágono. La eficiencia del ataque, difundido a través de un video en la red Truth Social del Presidente, fue total. La lancha, en la que viajaban 11 tripulantes, explotó con el impacto del misil y posteriormente se hundió. No hubo sobrevivientes.

Según informó Washington, una unidad naval de la Marina estadounidense había detectado previamente la embarcación e interceptado sus comunicaciones, lo que le permitió identificarla como vinculada al Tren de Aragua, una organización criminal calificada como grupo terrorista y narcotraficante, que responde al Cartel de los Soles, del cual Nicolás Maduro es el jefe, según afirma Estados Unidos. Trump definió el operativo como “un golpe decisivo contra el narcotráfico” y dejó claro que no permitirá el ingreso de drogas a su país. Además, aseguró que “no dudará en actuar contra organizaciones terroristas que operan desde Venezuela”. Por su parte, Maduro, a través del Ministerio de Comunicación, dijo que el video difundido por Trump era “falso” y que había sido “generado o manipulado con inteligencia artificial para justificar una agresión militar”.

El dictador caribeño que hablaba con pajaritos calificó el ataque como un “acto de piratería imperial”. Sostuvo que EE. UU. busca “fabricar un escenario de guerra” y llamó a la población a mantenerse en estado de “resistencia cívico-militar”. A su vez, el ministro de defensa, Vladimir Padrino, declaró que “Si Estados Unidos se atreve a tocar un centímetro de nuestro territorio, responderemos con toda la fuerza de la patria”.

TRASFONDO. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos vienen de lejos. Desde que Hugo Chávez llegó al poder, el vínculo entre ambos países cayó en picada. Y con Maduro las cosas empeoraron hasta llegar a la actual etapa de máxima tensión. En 2019, EE.UU. desconoció la reelección de Maduro y respaldó a Juan Guaidó como presidente interino. A la vez, se impusieron sanciones petroleras y financieras que aislaron al gobierno venezolano. Más tarde, en 2024, Washington volvió a rechazar los resultados de la nueva elección que mantuvo a Maduro en el poder y reconoció a Edmundo González como legítimo ganador de esos comicios. Además, en estos últimos meses, Washington apretó el acelerador y acusó directamente a Maduro y a sus más altos mandos militares de dirigir el Cartel de los Soles. Le puso un precio de 50 millones de dólares a la cabeza del dictador y lo acusó de liderar el narcotráfico desde el Estado.

POR QUÉ IMPORTA. Que un misil estadounidense haya reventado una lancha que había zarpado de Venezuela, no es un hecho aislado ni menor. Es el resultado de años de enfrentamiento político, acusaciones de narcotráfico y creciente militarización. Y marca un mojón definitivo en la relación entre ambos país: el paso de la presión diplomática y las sanciones económicas a la acción militar directa. La polémica que se ha generado tras el ataque viene siendo intensa. Si bien sucedió en aguas neutras, el derecho internacional exige pruebas de que una embarcación constituye una amenaza inminente. Desde Caracas se afirma que esas pruebas no existen y se denuncia un acto de piratería por parte de Trump. Como sea, una lancha con 5 poderosos motores fuera de borda y 11 tripulantes, viajando a toda velocidad por aguas internacionales del mar Caribe, no haría pensar en un grupo de turistas navegando por placer.

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Brasil se encuentra en vilo, a medida que el Tribunal Supremo comenzó esta semana la fase final del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de organizar una “trama golpista” para desconocer los resultados de la última elección. El juicio tiene resonancia en toda América Latina. No sólo por el peso político y económico que esta potencia regional tiene en sus vecinos. Sino porque todo el despliegue judicial, encabezado por el juez Alexandre de Moraes, que declaró la guerra a la plataforma Twitter y ha restringido la libertad de expresión, parece mostrar un camino de judicialización de la política, que está comenzando a sentirse en todo el continente.

El fiscal general del país, Paulo Gonet, pidió a la corte que Bolsonaro y los otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático. Por su parte, De Moraes aseguró que los acusados buscaron imponer "una verdadera dictadura" en el país. Fue una "verdadera organización criminal" que intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba "una nociva, radical y violenta radicalización política", sostuvo el magistrado. Los jueces del alto tribunal debatirán los pormenores del caso hasta el próximo 12 de septiembre, cuando está previsto que culmine toda la fase decisiva y se conozca la sentencia.

En el círculo íntimo de Bolsonaro, quien no asiste a las audiencias por problemas de salud, no tienen dudas de que el ex mandatario será condenado, ya que es muy clara la postura del tribunal, entre quienes figura el ex abogado personal de Lula da Silva, contraria al ex mandatario. Por eso, paralelamente, los sectores políticos de centro y derecha negocian en el Parlamento una eventual amnistía para todos los acusados en este caso. En total 1.190 personas han sido declaradas responsables de los ataques contra el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal tras las últimas elecciones.

FAKE NEWS. Al mismo tiempo, en el Senado de Brasil se presentó una declaración de un ex asesor del juez De Moraes, Eduardo Tagliaferro, quien denunció que la “fuerza de tareas” que organizó el magistrado en la campaña electoral con el supuesto fin de controlar las “fake news” políticas, en realidad realizaba una cacería de militantes de Bolsonaro. El asesor, que se encuentra exiliado en Italia, afirmó que el grupo organizado por De Moraes no se dedicaba a buscar desinformación, sino directamente a perseguir a los rivales políticos del hoy presidente.

Esto es particularmente importante en el contexto regional, donde sectores de izquierda, bajo la supuesta intención de combatir la desinformación en el mundo de las redes, terminan convirtiéndose en fiscales que imponen un discurso único, y usando las armas judiciales para combatir a sus rivales políticos.

En Honduras, donde la actividad política rara vez transcurre en calma, comenzó la campaña electoral para las elecciones nacionales del próximo 30 de noviembre. Cinco partidos presentaron sus candidatos, pero los favoritos a ganar la presidencia son tres: Rixi Moncada, actual ministra de Defensa y candidata oficialista por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE); Salvador Nasralla, referente del Partido Liberal; y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, exalcalde de Tegucigalpa.

Mientras Moncada se define de izquierda, los otros dos representan opciones más conservadoras. Más de seis millones de los diez que habitan el país están habilitados para votar. Se elegirán presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales y 128 diputados al Parlamento local más otros 20 para el Parlamento Centroamericano. Las encuestas no muestran todavía un liderazgo firme y el panorama es incierto, con un electorado signado por el descreimiento en el sistema político y las instituciones. Es que en marzo, durante las elecciones primarias e internas, ocurrieron una serie de irregularidades que dieron muestras de poca solidez institucional.

Centros de votación cerrados o que abrieron tarde; fallas en la distribución de las papeletas, desorganizaciones varias y, para terminar la jornada, también hubo fallos técnicos y demoras a la hora de comunicar los resultados, así como inconsistencias entre actas físicas y resultados transmitidos, lo que motivó sospechas de manipulación. Además, el tono de la campaña ha estado marcado por los insultos y las descalificaciones entre los candidatos. Al punto que diversos sectores les han pedido que bajen el nivel de odio y que se concentren en comunicar sus propuestas y planes de gobierno.

TRASFONDO. Honduras llega a estas elecciones con un trasfondo complicado. Además de las controvertidas primarias de marzo, durante los últimos 15 años el sistema político local ha venido sufriendo una sucesión de hechos que dinamitaron la confianza ciudadana. Desde el golpe de Estado de 2009, que derribó al entonces presidente Manuel Zelaya, hoy coordinador general de LIBRE y esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, el país viró hacia una polarización extrema. El Partido Nacional se consolidó en el poder con reelecciones polémicas y acusaciones de fraude. El expresidente Juan Orlando Hernández cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, un caso que simboliza hasta qué punto la corrupción y el crimen organizado se han enquistado en la política hondureña. A todo esto se suma la violencia política. En los últimos meses, varios candidatos locales fueron asesinados, en un país que sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

POR QUÉ ME IMPORTA. Podría pensarse que lo que ocurra en Tegucigalpa afecta solo a los hondureños. Pero lo que está pasando allí debería ser una advertencia para toda la región de lo frágil que puede ser un sistema democrático cuando es atravesado por la corrupción y el crimen organizado. Por otro lado está el rumbo que tomará el gobierno y su inserción en el tablero geopolítico regional. Si gana el partido Libre, el país podría podría estrechar vínculos con la Habana, Managua y Caracas. Una victoria tanto del Partido Nacional como del Liberal, marcaría el retorno a un acercamiento con los Estados Unidos.

Por lo general, en Mirada Sur apostamos a que la última “pastilla” informativa, sea algo más liviano, peculiar, hasta humorístico. Cosas en las que nuestra región es tierra más que fértil. Hoy es distinto. Porque esta semana asumió la nueva Corte Suprema de Justicia en México, la primera que es el fruto de un voto popular. Desde ya que esto es señalado por las autoridades del partido Morena, que gobierna el país hace varios años, como una gran victoria del “campo popular”. Por fin, los jueces del país, responderán verdaderamente al pueblo, afirman desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el creador de este experimento, Andrés Manuel López Obrador. Pero, como veremos, nada es tan simple.

El evento comenzó, como no podía ser de otra forma, con una ceremonia indígena con danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias. Eso sí, no hubo sacrificios de animales ni de humanos, tan propios en las culturas “originarias”, pero que no se ajustan a las sensibilidades “progre” de estas fechas. “Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, dijo Hugo Aguilar, quien encabezará el organismo, integrado por cuatro hombres y cinco mujeres.

Pero más allá del “circo” étnico y tribal, que poco tiene que ver con un sistema judicial eficiente y moderno, el tema tiene razones políticas más complejas de fondo.

Las elecciones para elegir a estos jueces contaron apenas con el voto del 13% del electorado, que claramente no se sintió convocado para el episodio ni entendió la importancia de la medida. Por lo tanto, todos los jueces electos son directamente partidarios e impulsados por el partido que gobierna hoy el país. Con lo cual queda claro que no representarán un contrapeso de ningún tipo a las políticas del mismo.

"El riesgo de la reforma es que se extinga el contrapeso, la división de poderes y la independencia judicial. El gobierno mexicano actualmente está presidido por un partido político que se llama Morena. A través del Estado, despojó al poder judicial, a sus jueces, magistrados y a ministros. Nos eliminó de la carrera judicial para poner nuevos jueces, magistrados y ministros. Sin la experiencia de años como nosotros la tenemos, de 30 a 35 años, 25 años en el conocimiento especializado de la carrera judicial del derecho", explicó la ex jueza a Edna Lorena Hernández Granados.

De nuevo, se trata de un tema que es relevante mucho más allá de México. Porque para gobiernos populistas como los que padecemos en muchos países de la región, es fácil acusar a quienes se oponen a sus planes de representar a estamentos oligárquicos y conservadores. Y así, como de alguna forma sucedió en Brasil y en otros países de la región, surge la intención de tomar estos organismos que puede ser un obstáculo, y sumarlos al proceso político que lideran. El caso mexicano es paradigmático, porque es un país con un largo historial de “dictaduras perfectas”, en el cual este proceso tan plagado de gestos bienpensantes, diversos y étnicos, calza como anillo al dedo.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor

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