Bienvenido a otra edición de Mirada Sur, donde cada viernes intentamos ayudarlo a entender lo que pasa en el continente más loco del mundo. Y en apenas 10 minutos. Sí, ya sabemos que eso es imposible, pero al menos le damos la información clave, presentada de manera clara, concisa y respetuosa de su inteligencia. Y con el aporte de los mejores analistas de la región, que defienden las ideas de la libertad. Nuestro periplo comienza hoy por Venezuela, o más bien por Washington, ya que la entrevista concedida por Donald Trump al programa 60 Minutos, ha generado un huracán en el continente. También pasaremos por Perú, donde el enojo con la presidenta mexicana ha escalado a niveles sin precedentes. También anticipamos el histórico cambio de mando en Bolivia, la polémica ideológica en Brasil por el operativo militar en Rio de Janeiro, y terminaremos en plena Amazonia, para analizar una cumbre ambiental que luce medio apagada. Eso y más en los próximos párrafos de este boletín imperdible.

"¿Están contados los días de Maduro como presidente?" "Yo diría que sí. Creo que sí". Esa fue la respuesta de Donald Trump durante una removedora entrevista con el icónico programa de TV 60 minutos, donde el presidente estadounidense habló en extenso sobre la crisis con Venezuela. Trump dijo que no habrá una guerra abierta con Venezuela, aunque no descartó operaciones terrestres en su combate contra el narcotráfico, que ha motivado un fuerte despliegue militar en el Caribe, y el hundimiento de varias lanchas que transportaban drogas entre Venezuela y Estados Unidos.

Trump se mostró muy molesto por el accionar del gobierno de Maduro, "no solo con las drogas", sino también con la migración. "Vaciaron sus prisiones en nuestro país, vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en Estados Unidos de América", aseguró durante la entrevista. El líder de la Casa Blanca, presionado por la periodista de 'CBS', que insistió en las especulaciones sobre un ataque terrestre en Venezuela para sacar a Maduro del poder, zanjó: "No hablo con los periodistas sobre si voy a atacar a no". El gobierno de Trump ha descrito los ataques como una misión antidrogas, pero funcionarios estadounidenses reconocen en privado que forman parte de una estrategia más amplia para derrocar a Maduro. Trump ya había confirmado que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

TRASFONDO. Esta semana tuvimos la suerte de contar en Montevideo con la presencia de Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, de Colombia, experto en seguridad y buen amigo de Mirada Sur. Carlos dio una charla sobre las amenazas a la seguridad en la región, y explicó de forma muy clara cuál es el objetivo de fondo de Estados Unidos. La principal potencia global ha cambiado su estrategia de seguridad, y entiende que la misma pasa por un control más estricto de lo que sucede en el hemisferio. En ese sentido, Venezuela es un problema de fondo, ya que es la puerta de entrada a la región de fuerzas hostiles como puede ser Rusia, China, o incluso movimientos islámicos vinculados al regimen iraní. A esto se suma el tema del narcotráfico, que es una prioridad central de su gobierno.

Según Carlos, es claro que si bien Washington no está planificando una guerra abierta con Venezuela, sí busca presionar al entorno de Maduro para que propicie un cambio de régimen, que evite que ese país tan estratégico, sea un “hub” para fuerzas hostiles a Estados Unidos, y para los grupos criminales. “Se está empezando a reconocer el impacto que tiene el crimen organizado transnacional en todos los aspectos de la vida democrática de los países. Estados Unidos ha cambiado su doctrina, reconociendo que su propia seguridad también pasa por lo que ocurra en este hemisferio. Eso es una muy buena noticia, porque implica que se abren las posibilidades de cooperación”, afirmó.

Esta semana, Perú anunció que rompería sus relaciones diplomáticas con México. El motivo que detonó la bomba fue el asilo concedido por el gobierno de Claudia Sheinbaum a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, investigada por su presunto papel en el intento de autogolpe que perpetró el entonces presidente Pedro Castillo. El canciller peruano, Hugo de Zela, señaló que el otorgamiento de asilo era un “acto inamistoso” que implicaba una injerencia inadmisible en los asuntos internos de su país. Del otro lado, México alegó que la decisión se ajustaba al derecho internacional y manifestó que la reacción de la cancillería peruana era desproporcionada. Pocas veces antes, la relación entre ambos países latinoamericanos, que se remontan a más de dos siglos, había alcanzado un nivel de tensión semejante.

TRASFONDO. México y Perú son aliados históricos y han sido socios en bloques regionales como la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero el vínculo se empezó a deteriorar a partir de la crisis política peruana de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un estado de emergencia. La intentona no le duró mucho y a las pocas horas resultó destituido y encarcelado. En ese marco, el gobierno mexicano ofreció asilo a miembros de su entorno cercano y puso en duda la legitimidad del gobierno que lo sustituyó. Tras cartón, Perú acusó al entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de injerencia política en asuntos internos peruanos. Lo declaró “persona non grata” y retiró a su embajador en el DF. Todo eso generó un clima de malestar y desconfianza entre ambos gobiernos, que acabó reventando este lunes, con la decisión de asilo a Betssy Chávez. Al refugiarse Chávez en la embajada mexicana en Lima, Perú consideró que México violaba la soberanía nacional. Pero desde el norte argumentaron que estaban cumpliendo con el deber de proteger a personas perseguidas por asuntos políticos.

¿POR QUÉ ME IMPORTA? El conflicto plantea un tema que afecta a toda la región. Y es hasta dónde un Estado latinoamericano puede intervenir en políticas de otro país de Latinoamérica sin vulnerar su soberanía. La tensión entre Perú y México lo grafica de la mejor manera. Pues si bien a simple vista podría parecer un asunto diplomático, transpira conflicto ideológico por todos los poros. Es claro el profundo choque de visiones. Por un lado, México ha hecho público su respaldo a Castillo, primero a través de AMLO y luego de Sheinbaum, pues entiende que el ex mandatario, un maestro rural que se autodefinía como marxista-leninista, fue víctima de hostigamiento por parte de las élites económicas y políticas. Por el otro, el gobierno de José Jerí, interpreta la postura mexicana como una intromisión ideológica, mientras critica que México defienda un flagrante intento de golpe de Estado.

Bolivia se prepara para un cambio político histórico, ya que este domingo asumirá la presidencia el primer mandatario electo no socialista en 20 años. La asunción de Rodrigo Paz genera una ola de esperanza en un país devastado por una crisis económica y social sin precedentes. A tal punto, que hasta el propio ex presidente Evo Morales le ha enviado sus mejores deseos, lo cual ha causado más preocupación que alegría en el entorno oficialista. De todas formas, la lista de invitados y asistentes al traspaso de mando, deja en claro el momento político que vive Bolivia.

Para empezar, ni los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba, han sido invitados a la ceremonia. Y, en una señal todavía más reveladora, tampoco asistirán el presidente brasileño Lula da Silva, ni el colombiano Gustavo Petro. Quienes sí estarán presentes son el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. Otra presencia muy importante será la del mandatrio izquierdista chileno, Gabriel Boric, quien siempre se ha desmarcado de sus colegas ideológicos de la región, en temas de política exterior. Hay que recordar que Chile y Bolivia tienen un historial muy complejo en sus relaciones, y no tienen embajadores mutuos desde 1978. El nuevo mandatario boliviano Rodrigo Paz ha hecho varios guiños a su vecino chileno de que buscará normalizar las relaciones.

LIBERADA. Como antesala de este cambio radical en materia política en Bolivia, la expresidenta interina Jeanine Áñez salió este jueves de la cárcel, donde estuvo presa cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de diez años en su contra y ordenara su libertad. La exmandataria transitoria salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, con una bandera de Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera.

Áñez asumió el mando interino del país el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del entonces gobernante Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial. Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un "golpe de Estado", en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas. En sus primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez ratificó que en 2019 "en este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral" que llevó a los bolivianos a reclamar que el voto en las elecciones generales de ese año "sea respetado".

El megaoperativo realizado por el gobierno de Río de Janeiro en las favelas do Alemão y da Penha, que dejó un saldo de 130 muertos tras una balacera sin precedentes, se ha convertido en un problema político para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El histórico líder de la izquierda latinoamericana hizo una declaración que lo dejó muy mal parado: “La decisión del juez era una orden de arresto, no había una orden de matanza. Y hubo una matanza.” En flagrante oposición, el gobernador de Río, Claudio Castro, responsable por la acción contra el Comando Vermelho, la calificó de “éxito total” y la definió como el mayor golpe que las autoridades le han dado al crimen organizado en la historia de Brasil.

Si bien la declaración de Lula generó apoyo en algunos sectores de la sociedad, un 64 % de la población del estado apoyó la operación, cansada de la ola de violencia y del crimen organizado que actúa en las favelas, de los saqueos, las muertes y la extorsión cotidiana. Por eso, los aliados políticos de Lula y parte de su base, entienden que calificar el operativo como “matanza” y mantener una postura blanda frente a las bandas criminales, fue un error estratégico que el presidente pagará con pérdida de popularidad y credibilidad. La gente pide seguridad, no palabrerío empapado de ideología.

Un ejemplo de esta polémica ha sido el furor desatado en Rio por un video de un debate entre una socióloga izquierdista que se define como “experta” en temas de seguridad, y que criticó duramente el operativo de hace unos días, y un jefe de la policía. Allí, la socióloga afirmaba que en la mayoría de los casos, alcanza con tirar una piedra, para desarmar a los integrantes de las bandas criminales. Esto generó una ola de indignación, con respuestas de otros policías que fueron parte del operativo y que la acusan de nunca haber ingresado a una favela. Además de una batería de memes, como este o este, a cual más original y humorístico. A tal punto llegó el hecho, que la socióloga solicitó ingresar al programa de protección para activistas de derechos humanos.

TRASFONDO. Brasil ha perdido demasiado tiempo en el combate contra las bandas criminales. El problema se remonta a más de 30 años, durante los cuales ningún gobierno tuvo el coraje para enfrentarlo a fondo. Lo que hubo fueron apenas esfuerzos aislados, limitados por el miedo al fracaso y a la dificultad que implica un combate de estas características. Las favelas son territorios complicados y el enemigo, en muchos casos, cuenta con más poder de fuego que las propias fuerzas gubernamentales. Además, está infiltrado en todas las esferas del estado. Dentro de ese contexto permisivo, las facciones se fueron organizando más y mejor. Y las comunidades, con poblaciones que llegan a superar los 200 mil habitantes por favela, donde la mayoría son trabajadores y gente honesta, se fueron convirtiendo en búnkers de los bandidos. Para colmo de males, en agosto de 2020, el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó una medida que restringió las incursiones policiales en las favelas de Río de Janeiro, lo que limitó la capacidad del Estado para intervenir en esas comunidades. El resultado fue que las organizaciones criminales aprovecharon ese periodo de menor control para fortalecerse territorialmente. Según un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en el estado de Río ya habría unas 1.700 localidades bajo dominio de facciones armadas.

La conferencia climática de la ONU (COP30) arrancó esta semana en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con la presencia (prometida) de unos 60 jefes de Estado y de Gobierno. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciará el discurso inaugural de esta cita, que comenzará oficialmente el próximo lunes. Pero el encuentro, que es visto como el puntapié inicial de la campaña del presidente brasileño para su reelección, está marcado por dos amenazas muy claras.

La primera es la ausencia de dos de los principales líderes globales, y cuyos países son clave para el éxito o fracaso de cualquier proyecto que busque enfrentar el cambio climático: Donald Trump, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China, quienes declinaron la invitación de Lula para acudir a Belém. A esto se suma que quienes sí prometieron acudir, son en su mayoría los líderes más a la izquierda del mundo occidental, y que cuentan con escaso apoyo popular, como Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España), o Keir Starmer (Reino Unido). Es difícil no percibir que esta causa, que hasta hace unos años era transversal a todos los sectores ideológicos, de a poco ha ido mutando hacia un enfoque mucho más ideológico, a medida que los planteos de los activistas se han vuelto más y más extremos.

La segunda amenaza es la reciente declaración del magnate tecnológico Bill Gates, que pese a ser uno de los principales financistas de la alerta climática durante años, publicó hace poco un texto donde quita dramatismo al asunto, y sostiene que los líderes globales deberían priorizar el combate a la pobreza y a las enfermedades como la malaria, antes que el cambio climático. “Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias —sobre todo para los habitantes de los países más pobres—, no conducirá a la desaparición de la humanidad”, escribió. “La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en un futuro previsible”.

Esta declaración, que ha generado una reacción histérica de muchos activistas, está en línea con un cambio generalizado de perspectiva ante el tema que han venido mostrando muchos científicos y expertos. En el sentido de creer que si bien el llamado “calentamiento global” es una realidad innegable, es poco todavía lo que la ciencia puede dar por seguro en materia de clima. Y que gastar las cifras millonarias que se plantea, para lograr reducciones ínfimas en la tempertura planetaria, no parece la idea más acertada. Sobre todo teniendo en cuenta que los cálculos más probables, estiman un cambio en la temperatura global que no afectaría de manera tan grave la vida en el planeta.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor