¡Feliz viernes! Como cada semana, aquí le enviamos a su casilla de correo el resumen esencial para que se ponga al día con lo que hay que saber en América Latina. Hoy el tema excluyente será la vital elección brasileña de este domingo, donde se juega muchísimo más que un simple cambio de presidente. Pero también veremos lo que pasa en Bolivia, donde el acercamiento del presidente Rodrigo Paz a Washington está generando temblores en algunas instituciones, acusadas de nexos con el narcotráfico. Visitaremos Chile, donde el presidente Kast lanzó un masivo paquete de reformas para intentar revivir la economía y el empleo, que se muestran en el peor momento en muchos años, tras la gestión del ex presidente Boric. Y seguiremos de cerca lo que está pasando en la carrera para llegar a dirigir las Naciones Unidas, donde tres latinoamericanos están peleando palmo a palmo por ese cargo tan importante. ¡Y un punto muy importante! Las agencias europeas están impactadas porque en medio de la crisis humanitaria feroz que vive Cuba hace años debido a los estragos habituales del sistema comunista, los animales del zoo de La Habana están sufriendo por los cortes de energía. Prioridades, que le dicen. Mejor vayamos a las noticias en serio.

Este domingo finalmente los brasileños irán a las urnas en lo que tal vez sean las elecciones más reñidas en muchos años. Y las más influyentes en toda América Latina. El presidente Lula da Silva a sus 80 años aspira a un cuarto mandato, y a su frente está Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair, que hoy se encuentra en prisión debido a una polémica condena por intento de golpe de estado. La campaña ha estado marcada por todo tipo de escándalo y tensiones, y las últimas horas no han sido la excepción.

La noche del jueves estaba previsto el único debate al que irían los dos candidatos favoritos, pero el presidente Lula se bajó a último momento con el argumento de que no le gustaba el formato. Pocas horas después, fue Flavio Bolsonaro quien dijo que entonces él tampoco iría, en su caso a raíz de dos definiciones de la justicia electoral brasileña, que impedían a la cadena que emitiría el debate, mostrar el estrado vacío en el que debía estar el presidente Lula. El rol de la justicia ha sido uno de los temas más álgidos de esta campaña. Varios jueces del Tribunal Supremo han estado implicados en un escándalo bancario millonario, y la forma en que han procesado esas acusaciones los ha puesto en el centro del debate político, con varios de sus jueces más emblemáticos acusados de beneficiar al actual gobierno. También ha sido relevante el rol de los medios de comunicación tradicionales, que en la última elección apoyaron casi sin fisuras el regreso de Lula, pero que esta vez parecen más impactados por los escándalos judiciales, que por la posibilidad de regreso de un Bolsonaro al poder.

¿QUIÉN GANA? Esa es la pregunta que se vienen haciendo todos los analistas. Las encuestas muestran un panorama de casi completa paridad, con algunas otorgando a Lula una leve ventaja, otras a Bolsonaro, pero siempre dentro del margen de error. La tendencia parecía beneficiar al retador, ya que en los últimos meses Bolsonaro Jr. había venido subiendo en los sondeos, mientras Lula se estancaba o caía. Pero ya en la última semana ese proceso parecía haberse frenado. Por otro lado, el sistema de apuestas llamado Polymarket, al cierre de esta edición de Mirada Sur, otorgaba a Bolsonaro un 56% de chances de victoria, contra un 45% de Lula da Silva. Vale señalar que el consenso entre los analistas es que para llegar a una segunda vuelta con chances de victoria, Lula debería imponerse en la elección del domingo por un margen superior a los 4 o 5 puntos.

Si algo parece quedar claro de la recta final de esta campaña, es una sensación de desespero de Lula, decidiendo en las últimas semanas algunos aumentos de jubilaciones y de planes sociales, así como la muy polémica prohibición de todas las plataformas de apuestas online. Esto parece ser una jugada muy riesgosa, ya que golpea en especial a las finanzas de los principales equipos de fútbol del país, que salieron a mostrar su molestia de forma muy clara. Y ya se sabe el poder que tiene el fútbol en Brasil.

POR QUÉ ME IMPORTA. Esta elección definirá mucho más que un simple presidente por cuatro años en Brasil. A nivel local, implica también quién liderará una imprescindible reforma del sistema judicial, que está tomado por la política y la corrupción de una manera inédita en el país. También será el último intento de Lula da Silva por aferrarse al poder, y de una izquierda que en los últimos 20 años no ha logrado generar ninguna figura que se acerque a la popularidad del hoy mandatario. A nivel regional, será la prueba de si la ola de candidatos más de derecha que viene arrasando en todas las elecciones, logra extenderse y sellar el final político de quien ha sido el gran titiritero de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas. Y cuya derrota generaría un tsunami en todo el continente.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en Santa Cruz, acusado por el Gobierno de presuntamente encabezar una organización criminal que operaba dentro del Ministerio Público para proteger actividades de narcotráfico. El arresto se produjo dos días después de que Estados Unidos le revocara el visado por supuestos sobornos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó a los medios en La Paz que en los últimos días "se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración" del Ministerio Público y que estaba supuestamente "encabezada por Roger Mariaca". Esta "organización criminal" estaba "destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país", indicó Oviedo, en una rueda de prensa, acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales. En la operación fueron detenidas 14 personas, incluido el fiscal general, de acuerdo con las autoridades. Entre los arrestados figuran Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz; un fiscal superior; un mayor de la Policía y varios funcionarios de la Fiscalía. Oviedo también informó sobre actuaciones policiales relacionadas con personas que habrían intentado retirar documentación de la residencia de Mariaca.

El pasado lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación del visado de Mariaca, al que acusó de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a eludir la Justicia. La medida también afectó a otros funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú señalados por Washington por presunta corrupción o vínculos con actividades ilícitas. Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y calificó la decisión como injerencia política.

TRASFONDO. Uno de los principales antecedentes invocados por el Gobierno boliviano es el caso de Sebastián Marset, un presunto narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia en marzo de 2026 y trasladado posteriormente a Estados Unidos, donde permanece detenido a la espera de juicio. Oviedo afirmó que Marset ya había sido detenido en Bolivia en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero que entonces fue liberado en poco tiempo. El ministro sostuvo que este episodio ejemplificaba el supuesto funcionamiento de la red investigada. De hecho, un video difundido en las últimas horas muestra al propio Marset diciendo que era “amigo” del fiscal preso, y que hablaba habitualmente con él.

Las autoridades informaron del hallazgo de una importante cantidad de dinero en efectivo durante las actuaciones relacionadas con la residencia de Mariaca en Santa Cruz. Los agentes encontraron 3,53 millones de bolivianos —unos 294.000 dólares al cambio— y otros 10.000 dólares escondidos en una ambulancia que salía del lugar.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque uno de los grandes problemas que genera el narcotráfico en América Latina es la infiltración en las instituciones políticas y de justicia. Este caso mostraría que el alcance de los grupos narco alcanza a los más altos cargos del sistema judicial. También es ilustrativo sobre el efecto del nuevo empuje que Estados Unidos viene teniendo en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas en nuestro continente. Algo que puede tener impactantes efectos políticos en los próximos años desde México hasta Bolivia.

El gobierno de José Antonio Kast lanzó esta semana “Chile Despega”, un programa que movilizará unos US$1.350 millones con el objetivo de crear más de 100.000 nuevos empleos. “Esta agenda que vamos a presentar tiene dos tiempos, uno que responde a las urgencias de hoy y otro que se construye con las oportunidades de mañana”, dijo Kast. El mandatario apuesta a que, más allá de estas medidas, la recuperación de la inversión y el crecimiento permitan generar empleo de manera sostenida. El plan Chile Despega tiene cuatro patas: acelerar obras públicas y proyectos de vivienda; ampliar los subsidios para que las empresas contraten trabajadores; facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas; y llevar inversiones a las zonas más necesitadas.

El plan tendrá cuatro patas, pero el ladrido vino desde la oposición. La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó la meta del gobierno y dijo que esos 100.000 empleos que Kast se propone recuperar son “como la mitad de los puestos de trabajo que ya se han destruido durante su mandato”. También puso en duda que se trate de dinero nuevo o de “los recursos que no se han ejecutado por falta de gestión de sus ministerios”. Los principales gremios empresariales, en cambio, recibieron con entusiasmo el anuncio y valoraron las medidas. Pero al mismo tiempo reclamaron que se implementen rápido y que los recursos lleguen efectivamente a donde tienen que llegar.

TRASFONDO. El desempleo es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Y tienen razones concretas. La tasa alcanzó el 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026, la más alta desde 2021. Hay cerca de 1 millón de personas buscando trabajo en el país andino. El problema no es nuevo. Kast recibió un mercado laboral muy deteriorado en el que la tasa de desempleo lleva más de tres años por encima del 8% y la creación de puestos de trabajo viene en caída.

El plan de Kast abrió además una discusión política. Un gobierno que apuesta por reducir el peso del Estado presenta una solución que implica inversión pública, subsidios a la contratación y garantías para créditos. Raúl Soto, presidente del PPD, calificó el plan de “profundamente progresista” y habló de un giro del gobierno. El oficialismo respondió diciendo que estas son medidas de emergencia y que la solución de fondo pasa por recuperar el crecimiento y la inversión privada.

LA VOZ LOCAL. Para entender mejor lo que está ocurriendo en el país cordillerano, consultamos a Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando dijo que las medidas anunciadas por Kast “hacen sentido”, pero advirtió que los subsidios a la contratación deben ser transitorios. “El empleo está en una emergencia en Chile, causada por las rigidizaciones introducidas por el ex presidente Boric. Acaban de salir cifras de un desempleo de 9,6%, un drama para 1 millón de chilenos. Es importante, por lo tanto, insistir en la necesidad de medidas estructurales, como aprobar la ‘sala cuna universal’, que permitirá el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral, y flexibilizar el cálculo de las máximas horas trabajadas. Estas medidas beneficiarán a los más perjudicados: mujeres y jóvenes. Además, debemos evolucionar en flexibilidad a contratos por horas”.

Según Fernando, “Lo de Chile es estructural. Aún no nos recuperamos desde la pandemia, especialmente debido a que se subió el sueldo mínimo en casi un 20% en términos reales, una locura; se acortó la jornada laboral a 40 horas; y se aumentó la cotización para la jubilación. Es urgente hacer más fácil la contratación y agilizar las inversiones; bajar más impuestos y además desburocratizar la operación de proyectos grandes y chicos, uno de los principales impuestos ocultos en la actualidad acá”.

La carrera para elegir al próximo secretario general de la ONU entró en la recta final y la costarricense Rebeca Grynspan picó en punta. En la última votación informal del Consejo de Seguridad consiguió 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, un resultado que la deja bien posicionada para convertirse en la sucesora de António Guterres. La salida de la expresidenta chilena Michelle Bachelet despejó un poco el camino y, si bien esta es la tercera vez en cuatro votaciones que Grynspan termina en primer lugar, todavía no hay humo blanco.

Para quedarse con el cargo la candidata tica necesita al menos 9 votos del Consejo de Seguridad y no recibir el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Grynspan ya superó el primer obstáculo. Sin embargo, las votaciones realizadas hasta ahora no permiten saber si alguno de sus tres votos en contra pertenece a uno de esos cinco países. El panorama empezará a aclararse del todo en las próximas rondas, cuando los votos de los miembros permanentes puedan identificarse de los del resto. Recién entonces se sabrá si Grynspan tiene realmente el camino despejado o si alguno de los países con poder de veto puede frenar su candidatura.

La disputa tiene a los latinoamericanos como protagonistas. Detrás de Grynspan quedaron la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, ambos con ocho votos a favor. Rodrigues-Birkett recibió seis votos en contra y una abstención, mientras que Grossi acumuló siete rechazos. Grossi, que actualmente se desempeña como Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, era mencionado hasta hace poco como el gran favorito, en particular por el buen vínculo entre Donald Trump y Javier Milei, pero ha quedado abajo en las últimas proyecciones. Por su parte, Rodrigues-Birkett ha sido ministra de Asuntos Exteriores de su país, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Guyana. Pero sus posturas más cercanas a la izquierda, hacen que tenga poco apoyo por estos días en la región.

TRASFONDO. América Latina tiene altas posibilidades de quedarse con la Secretaría General de la ONU. Hasta ahora, el único latinoamericano que dirigió el organismo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991. Si bien no existe una regla escrita que obligue a rotar el cargo entre regiones, históricamente se ha seguido ese criterio.
Otro dato que pesa en esta elección es que en sus más de 80 años de existencia, la ONU nunca tuvo una mujer como secretaria general. Y las dos candidatas que hoy encabezan la pugna, Grynspan y Rodrigues-Birkett, son mujeres latinoamericanas.

Rebeca Grynspan tiene una larga trayectoria política y en organismos internacionales. Fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, ocupó diferentes cargos en ONU y desde 2021 dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Antes también estuvo al frente de la Secretaría General Iberoamericana.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque no hay un latinoamericano dirigiendo las Naciones Unidas desde hace 35 años y ahora la región tiene tres candidatos entre los mejor posicionados para hacerlo. El cargo es uno de los más importantes de la diplomacia mundial, lo que le daría a la región, además de visibilidad, una voz con peso en las discusiones internacionales.

-La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la ley contra el odio y exigió su derogación "inmediata". "Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades".

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el jueves (01.10.2026) la segunda y tercera revisión del programa económico de El Salvador, lo que permite liberar unos 138 millones de dólares y eleva a unos 690 millones los recursos desembolsados hasta ahora. El organismo destacó que la economía salvadoreña ha superado sus previsiones y calcula un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4,5 % para este año.

-Al menos 11 personas murieron en la región central de Artibonite, Haití, a manos de miembros de bandas tras una operación de seguridad letal, en medio de una ola de violencia que no parece tener fin. Al mismo tiempo, Estados Unidos amplió considerablemente el proceso judicial relacionado con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, lo cual puede desatar efectos políticos trascendentes.

Martín Aguirre; Director.

Rodrigo Caballero; Editor.