¡Buenos días! Como cada viernes, aquí le llega puntual, su resumen informativo esencial, sobre la realidad de América Latina. Cinco noticias que resumen lo más importante que pasó esta semana, y de alguna forma lo ayudan a entender lo que pasará en las próximas. Para que usted pueda irse a disfrutar del fin de semana con un panorama claro de lo que sucede a su alrededor. Nuestra agenda comienza en Venezuela, donde hay crecientes rumores de que algo puede suceder a corto plazo con el régimen de Maduro. Pero también visitaremos Brasil, Santo Domingo, y Paraguay, donde un escándalo con sobres de dinero perdidos, tiene en vilo al gobierno de Santiago Peña. Y cerramos en Argentina con un salvaje crimen que ilustra sobre el impacto que el narcotráfico internacional está teniendo en la convivencia en nuestra región. Variedad, brevedad, y profundidad en esta edición de Mirada Sur, que comienza sin más demoras.

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¿Qué está pasando en Venezuela? En las últimas horas, han arreciado las versiones y rumores sobre que algo importante puede estar por ocurrir en ese país. Y no hablamos de la llegada de “Papá Noel”, ya que según ha decretado el gobierno de Nicolás Maduro, la Navidad comenzó allí el 1 de Octubre, hecho que fue festejado incluso con un macabro elemento de ostentación totalitaria, ya que el régimen decidió iluminar con colores festivos nada menos que el llamado Helicoide, la cárcel donde se detiene y tortura a los opositores al gobierno.

Este jueves, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el "acoso militar" por el vuelo de "aviones de combate" de Estados Unidos muy cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe. "Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela (...); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", manifestó Padrino López.

Esta semana, se filtró un documento reservado del gobierno americano, donde el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los carteles de la droga, a los que considera ahora como "combatientes legales". El documento asegura que los carteles de la droga son grupos armados no estatales y que sus acciones equivalen a "un ataque armado contra Estados Unidos". La emisión de este memorando, al que tuvieron acceso la cadena CBS (socio estadounidense de la BBC), The New York Times y la agencia Reuters, entre otros, ocurre después de que Washington ordenara ataques contra tres lanchas en el Caribe que presuntamente transportaban drogas hacia Estados Unidos. En los ataques murieron al menos 17 personas.

Muchos analistas venezolanos han considerado que este documento es casi una declaración de guerra contra el gobierno de Maduro. Y en el mundo de las redes se ha azuzado la versión de que algo podría pasar en forma inminente.

TRASFONDO. La realidad es que no es la primera vez que corren versiones de una inminente caída del régimen dictatorial venezolano. Al punto que muchos de los sufridos habitantes de ese país, ya no creen en nada. Sin embargo, hay cosas que están ocurriendo que potencian las especulaciones. El progresivo avance de tropas americanas sobre zonas limítrofes venezolanas, el sistemático endurecimiento del tono de Trump respecto a Maduro, y la asfixia que padecen grupos criminales que están muy imbricados en el régimen venezolano, parecen apuntar a que algo pueda pasar a corto plazo. Veremos.

En Mirada Sur hemos seguido muy de cerca el proceso contra el ex presidente Bolsonaro en Brasil. No sólo por la influencia que lo que pasa en ese país tiene en la política de todo el continente, sino porque detrás de algunas decisiones del todopoderoso juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, se abre un debate regional sobre temas como la libertad de expresión, la separación de poderes, y de alguna forma una tendencia creciente en los políticos de izquierda, por criminalizar a quien piensa diferente. Mientras Bolsonaro se encuentra preso, impedido de usar redes sociales o hablar con sus seguidores (muy distinto a lo que ocurre con la ex mandataria argentina Cristina Kirchner"), logramos hablar con el reconocido abogado brasileño, Wagner Lenhart, parte del centro de estudios Instituto Millenium, quien nos explicó algunas cosas.

¿De qué forma la condena al ex presidente Bolsonaro está impactando a la sociedad y a la política brasileña?

-Sin duda es el gran tema del momento. Especialmente en virtud de la división que hay hoy en la sociedad. Una polarización muy grande y la derecha muy enfocada en buscar una amnistía para el ex presidente, considerando que el proceso violó una serie de principios procesales y legales. Es más que solo una discusión sobre si hubo o no alguna tentativa por parte del ex presidente de impedir la toma de posesión de Lula en 2022, sino también una cuestión de la legitimidad del proceso y de cómo fue conducido. Hay una preocupación muy grande de que los elementos que fueron usados en la decisión tienen más un componente político que jurídico. Este es el gran punto de discusión.

Desde mi punto de vista, tenemos una serie de problemas graves en el manejo del proceso. Con respecto a las reglas de competencia, de jurisdicción, con jueces siendo al mismo tiempo parte y víctimas. Entonces hay una serie de problemas graves que perjudican la legitimidad de este proceso. Es importante también resaltar que uno de los debates más relevates es la cuestión de la libertad de expresión. Muchos seguidores e “influencers” de la derecha fueron silenciados, inclusive con redes sociales bloqueadas, en virtud de decisiones de la Suprema Corte, basadas en el argumento de fake news y de discurso de odio antidemocrático. Muchas de estas decisiones, desde mi punto de vista, perjudican la legitimidad de todo el proceso.

Para quienes seguimos el caso desde fuera de Brasil, es llamativo el poder de un juez como Alexandre de Moraes, que un día bloquea la red Twitter, otro manda silenciar a legisladores, y luego encarcela a un líder político y ex presidente. ¿Tuvo garantías el juicio a Bolsonaro?

-La concentración de poderes en manos de un único juez, es sin duda preocupante desde el punto de vista de la democracia y de las instituciones. Ninguna persona, sin importar quien sea, debería acumular poderes como para tomar decisiones tan importantes y al mismo tiempo entrar en competencias de otros poderes. Entonces, lo que preocupa mucho hoy en el escenario brasileño son estas decisiones autoritarias, decisiones de un único juez de la Suprema Corte con efectos tan importantes, sea en el proceso electoral, sea en otras dimensiones. Esto genera problemas graves en el equilibrio entre los poderes y en la propia limitación de los poderes del país.

Complementando también sobre los impactos, son determinantes porque el expresidente Bolsonaro continúa siendo una figura extremadamente importante en el escenario político, y sin duda ninguna va a ser un elemento clave en la elección presidencial de 2026. Incluso aunque no compita, si está libre y puede participar del debate público, eso va a tener una influencia muy grande y la persona que se defina como representante de la derecha va a tener, sin duda alguna, la mayor chance de pasar para el segundo turno y eventualmente ser electo presidente. Entonces, hay un impacto muy grande, no solo de la condena en sí, pero si está libre y se puede comunicar.

La aparente calma de Mburuvicha Róga, la residencia oficial del presidente de Paraguay, estalló por los aires con un caso que conmovió la escena política del país sudamericano. Lo que comenzó como un faltante de dinero en el vestidor del mandatario acabó convertido en un escándalo nacional, cargado de denuncias, audios filtrados y versiones encontradas que tiene como protagonista a la Primera Dama, Leticia Ocampos de Peña.

La chispa inicial fue el despido de Luz Maribel Candado Romero, una empleada doméstica que también ejercía funciones de coordinación de servicios en la residencia, acusada de haber robado el dinero del vestidor del presidente. Candado negó su responsabilidad y contraatacó con una denuncia explosiva: en la casa presidencial aparecían y desaparecían sobres y bolsas con billetes contantes y sonantes, que eran manejados bajo instrucciones directas de la Primera Dama. Pero eso no fue todo. A los pocos días, empezaron a circular audios donde presuntamente Ocampos ordenaba entregas de efectivo. En uno de ellos se escucha: “Luz, será que vos podés venir a buscar de mi casa un sobre… por favor, en efectivo”. En otros fragmentos se mencionan pagos de millones de guaraníes, sumas en dólares y hasta entregas de sobres en tiendas de lujo de Asunción.

TRASFONDO. A pesar de la magnitud de las denuncias y la evidencia mediática, la Fiscalía no ha imputado a nadie ni abierto una investigación formal. Esa inacción generó una lluvia de críticas. Abogados particulares presentaron una denuncia para forzar al Ministerio Público a investigar posibles delitos de lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias, mientras que senadores de oposición exigieron respuestas al presidente. Desde el sistema político, también reaccionaron. La senadora Yolanda Paredes opinó que había un “blindaje vergonzoso” del entorno presidencial, mientras que el liberal Éver Villalba llevó las cosas más lejos al señalar que Peña “podría ser el primer presidente democrático en terminar preso”. El presidente, en cambio, se llamó a silencio, lo que aumentó la sensación de que algo turbio está ocurriendo en Mburuvicha Róga. Cabe señalar que en 2023 se creó por decreto la Oficina de la Primera Dama (OPD), la cual funciona dentro del Gabinete Civil pero no aporta información pública sobre presupuesto, personal ni si está sometida a algún mecanismo de control. Incluso, pese a ser considerada una Persona Expuesta Políticamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Leticia Ocampos no presentó su declaración jurada de bienes.

POR QUÉ ME IMPORTA. La imagen de sobres con dinero en efectivo circulando en las más altas esferas de poder, no es algo nuevo. Desde las valijas con billetes para pagar coimas en Brasil a los bolsos y cajas fueres llenos de dólares en Argentina, el caso paraguayo resulta familiar. Y confirmaría que, cuando los controles institucionales son laxos y la justicia se hace la distraída, el poder político no pierde el tiempo. El dinero que aparece y desaparece como por arte de magia sin dejar rastro, no solo atenta contra la confianza en los gobernantes, sino que además muestra que la lucha contra la corrupción en nuestra región nunca termina. Que por más organismos de control, declaraciones juradas obligatorias y leyes antilavado, si no hay voluntad política, todo es inútil.

República Dominicana anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarán invitados a la X Cumbre de las Américas, programada para el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana. Según el gobierno del presidente Luis Abinader, la medida responde al “marco normativo que rige este tipo de encuentros multilaterales”, así como a la “búsqueda de asegurar la convocatoria más amplia posible en un contexto de marcada polarización política en la región”. En pocas palabras, a la mayoría de los gobiernos democráticos del continente, les rechina reunirse con los líderes de las tres dictaduras de izquierda del continente.

“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, sostiene el texto oficial.

Los países afectados no tardaron en reaccionar. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la medida como una “decisión impuesta por el Gobierno de Estados Unidos” y advirtió que la Cumbre, en esas condiciones, “está condenada al fracaso”. Según el Gobierno cubano, la exclusión constituye un retroceso histórico en el sistema de cumbres, al ignorar los avances logrados en ediciones anteriores en las que La Habana participó. Venezuela y Nicaragua todavía no se han expresado al respecto.

La exclusión no es un hecho aislado. En la IX Cumbre, celebrada en Los Ángeles bajo la administración del presidente Joe Biden, Cuba, Nicaragua y Venezuela tampoco fueron invitados. Esa decisión generó críticas de varios gobiernos latinoamericanos y caribeños, además de ausencias significativas de mandatarios.

POR QUÉ ME IMPORTA. La realidad es que estos foros, más que lograr resultados concretos para sus pueblos, son instancias de intercambio y que logran reflejar el momento político de la región. Y lo que la decisión de República Dominicana deja en evidencia, es un incipiente cambio de ciclo en el continente, donde entre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y el anticipado cambio ideológico en países como Bolivia o Chile, y probablemente a futuro en Colombia y Perú, revelan que el clima se está volviendo más hostil para estos regímenes totalitarios que ya no cuentan con socios que validen sus experimentos políticos dictatoriales.

Un sanguinario triple homicidio, fiel al estilo narco, tiene a Argentina en estado de shock. En la noche del viernes 19 de setiembre, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez desaparecieron en la zona de La Matanza. Del Castillo y Verdi tenían 20 años. Gutiérrez apenas 15. Cuatro días más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, a unos 40 kilómetros de donde fueron vistas por última vez. Estaban enterradas en el patio trasero de la finca, que pasó a conocerse como “la casa del horror”. Las tres presentaban signos de violencia extrema.

Antes de ser asesinadas, las chicas fueron torturadas y mutiladas mientras los agresores transmitían el hecho en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram, con cerca de 50 espectadores. A una de las víctimas le amputaron los cinco dedos de una mano y parte de una oreja antes de matarla. Las otras dos fueron golpeadas con saña. Durante la transmisión, se escucha al jefe del grupo diciendo: “Esto le pasa al que me roba droga”, revelando que el motivo del crimen era una venganza. La crueldad del hecho y su difusión masiva provocaron espanto e indignación en todo el país, lo que disparó marchas y movilizaciones callejeras en reclamo de justicia, así como la rápida respuesta del Gobierno.

TRASFONDO. Las tres chicas ejercían la prostitución y fueron invitadas a participar de una fiesta sexual en el Bajo Flores. Les habían ofrecido 300 dólares a cada una. La noche del viernes 19, a eso de las 21.30, llegaron juntas al sitio de encuentro, una esquina en La Matanza, y abordaron una camioneta Chevrolet blanca que las llevaría al lugar del festejo. Pero todo se trataba de una trampa. Las horas corrieron, sus teléfonos se apagaron y a la tarde del día siguiente, los familiares denunciaron la ausencia. Sin embargo, la denuncia no fue registrada pues no habían transcurrido las 24 horas desde la desaparición que exige el protoclo. Recién el domingo, ante la insistencia de los familiares, comenzaron a buscarlas. Finalmente, el martes 23, se descubrió el horror.

Según palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, “Fue un acto de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de la organización narco”. Hasta el momento hay nueve arrestados. Entre ellos, está el principal sospechoso de ser el autor intelectual de los homicidios, conocido como Julio o Pequeño J, un ciudadano peruano que habría sido robado por una de las víctimas en un encuentro previo. También detuvieron a la pareja dueña de la casa donde se perpetró el crimen, la cual habían alquilado a los asesinos para la supuesta fiesta; y a otra pareja que fue encontrada en la finca, limpiando sangre de las paredes para borrar evidencia.

PRINCIPAL SOSPECHOSO. Se llama Tony Janzen Valverde Victoriano. Lo conocen como Pequeño J. Tiene 25 años y fue detenido en Perú, en una localidad costera al sur de Lima, mientras viajaba en la parte trasera de un camión de pescado. El testimonio de su novia fue clave para encontrarlo. Janzen tenía un pedido de captura internacional y es señalado como el principal responsable de la planificación y ejecución crimen. Al momento de su detención habló con la prensa, ante la cual se declaró inocente y descartó todo vínculo con los hechos. Según las primeras investigaciones, Pequeño J. integraba una red de narcotráfico que operaba en el Conurbano bonaerense y tenía vínculos con estructuras criminales internacionales. Una de las hipótesis más firmes afirma que ordenó la masacre de las jóvenes como venganza porque una de ellas le habría robado 5 kilos de cocaína y 20 mil dólares, tras un encuentro sexual en el que el hombre habría sido drogado a la manera de lo que en Argentina se conoce como “viudas negras”.

Hasta ahora no se sabe si Pequeño J era un capo narco consolidado o un mando medio que mediante el crimen de las jóvenes buscaba mostrar poder o bien actuaba bajo presión tras haber perdido el dinero y la droga. La crueldad de los crímenes del narco tienen en vilo a la región. Y el alcance de los mismos trasciende fronteras. Noticias como esta ya no solo llegan de México, sino que se están registrando en varios los países de Latinoamérica.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor

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