El pasado febrero, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, acusándola de “perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos". Según el gobierno estadounidense, el TdA opera bajo una lógica de guerra irregular, con vínculos directos o indirectos con el régimen de Nicolás Maduro. 

Pero el problema va más allá de los Estados Unidos, donde el TdA opera desde hace relativamente poco tiempo. Desde su base original en la cárcel de Tocorón, en el Estado de Aragua (Venezuela), se ha expandido, mediante células móviles, alianzas con mafias locales y redes de inmigración irregular, y convertido en una amenaza hemisférica con presencia confirmada en, al menos, 11 países. 

Sus actividades criminales abarcan desde el tráfico de armas y la trata de personas hasta la extorsión, el sicariato y el apoyo logístico a otras redes. 

En una reciente entrevista para Puente Atlántico, José Gustavo Arocha, investigador del estadounidense Center for a Secure Free Society, nos ayudó a entender el origen, la lógica estratégica y la amenaza real que representa: 

El TdA no es, ni un cártel convencional ni una pandilla que haya crecido de forma organiza. Es, como la ha definido José Gustavo, una “hidra de mil cabezas” que nació en el sistema penitenciario venezolano como una herramienta de control social del chavismo.

Su epicentro fue la prisión de Tocorón, reconvertida en un verdadero “palacio criminal” con piscina, discoteca, zoológico y un estadio de béisbol. Este modelo, conocido como pranato, no sólo fue tolerado sino promovido por figuras del régimen como Tareck El Aissami e Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios sancionada por múltiples gobiernos.

Los disturbios carcelarios de Rodeo en 2011 catalizaron la creación del nuevo Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, bajo control de Iris Varela, quien utilizó el incidente como pretexto para transferir a líderes de bandas al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como prisión de Tocorón, donde nació el Tren de Aragua. Allí, en la llamada Casa Grande, el grupo emergió bajo el liderazgo de tres pranes (acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato, es decir, “asesino nato condenado”), término que desde 2004 representa un sistema carcelario informal. El pranato se expandió significativamente durante la gestión de El Aissami como ministro del Interior (2008–2011) y fue institucionalizado por Iris Varela desde 2011.

El TdA se consolidó como actor criminal entre 2014 y 2017 bajo protección estatal, beneficiándose de programas de excarcelación masiva como Pasos de Libertad, que liberaron a miles de delincuentes sin seguimiento. 

No creció de manera orgánica, sino como parte de una política de exportación de caos. El modus operandi identificado es el siguiente: la organización actúa primero sobre comunidades migrantes venezolanas vulnerables y luego se expande hacia otros sectores sociales. Se han expandido a través de la inmigración.

El TdA se organiza como un sistema complejo adaptativo: opera mediante células autónomas con capacidad de adaptación local. Sus actividades incluyen tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, sicariato, lavado de dinero y ocupación de inmuebles. A diferencia de otros grupos, incorpora elementos ideológicos que remiten a un imaginario revolucionario y anti-institucional, en parte heredado del chavismo.

Uno de sus modelos más sofisticados es el de “gobernanza criminal híbrida”, replicado desde las cárceles a barrios periféricos. En Venezuela, esto se institucionalizó como las “zonas de paz”: espacios donde el Estado se retira y el control es delegado a bandas armadas bajo la narrativa de “pacificación”. El TdA replicó este patrón en lugares como San Vicente (Aragua) y Aurora (Colorado) con formas encubiertas como ONG fachada y redes de clientelismo social. Esto mismo resultará familiar a quienes nos lean desde Ecuador o Colombia. 

En Estados Unidos, el crecimiento ha sido vertiginoso: en menos de cuatro años se ha detectado en al menos 23 estados y en ciudades clave como Miami, Chicago, Nueva York o Filadelfia. Se vincula con más de 100 investigaciones federales por homicidios, extorsión, trata, reclutamiento de menores y control violento de edificios. Muchas de estas operaciones están concentradas a lo largo del corredor de la carretera Interestatal 95, eje clave de movilidad en la costa este. 

El caso de Chile muestra cómo subestimar al TdA puede tener consecuencias catastróficas. En los últimos años, Chile ha visto un aumento del 40% en su tasa de homicidios entre 2018 y 2023, un aumento de los delitos asociados al crimen organizado y de los secuestros, muchos de ellos atribuidos al TdA. Uno de los episodios más inquietantes fue el secuestro y asesinato en Santiago, en 2024, del teniente exiliado Ronald Ojeda, antiguo militar opositor al chavismo. La Fiscalía chilena sostiene que se trató de un crimen planificado desde Venezuela con participación del Tren de Aragua, y una investigación de la Cámara de Representantes chilena ha sugerido directamente la implicación del régimen de Maduro. 

Es por ello que la Administración Trump no ha perdido el tiempo y ha adoptado una estrategia de choque. Ha impulsado una campaña coordinada entre diversas agencias federales para desarticular redes criminales —no solo el Tren de Aragua—, ejerciendo una intensa presión diplomática sobre gobiernos de la región con el fin de forzar la cooperación en inteligencia y seguridad. Asimismo, se han desplegado recursos de ciberinteligencia para rastrear los flujos financieros de estas organizaciones, en particular su uso de criptomonedas. Esta estrategia se ha legitimado mediante una narrativa oficial que vincula al TdA con el régimen de Nicolás Maduro, presentándolo como una herramienta de desestabilización promovida desde Venezuela.

La otra cara de la moneda es: un endurecimiento de los controles fronterizos, la eliminación de las garantías procesales a inmigrantes venezolanos y el traslado, bajo un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de sospechosos al CECOT, el centro penitenciario para pandilleros que Bukele ha creado en el país, con el único amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798.  

Pero esta respuesta, aunque contundente, corre el riesgo de ser contraproducente si no distingue entre amenazas reales y comunidades vulnerables. Esta “hidra de mil cabezas” ha explotado precisamente la fragilidad de quienes huyen de la tiranía mafiosa de Maduro para sembrar miedo y erosionar la confianza institucional. Endurecer controles indiscriminadamente valida la narrativa asimétrica que busca criminalizar al migrante y profundiza la fractura social. Al endurecer controles y suspender garantías procesales a todos los inmigrantes, corremos el riesgo de validar la narrativa asimétrica que busca deslegitimar al migrante —primera víctima del TdA— y de profundizar la fractura social que esta “hidra de mil cabezas” pretende explotar. Por eso, la única vía para neutralizar esta amenaza es diferenciar claramente entre víctimas y verdugos: involucrar a las propias comunidades venezolanas en la detección y denuncia de células criminales, e intervenir simultáneamente en el epicentro de la crisis —Caracas— para cortar de raíz la red de complicidades que patrocina el régimen.

*Irune Ariño, analista política y conductora del podcast Puente Atlántico.

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