La Revolución cubana ha sido, sin duda, uno de los episodios más controvertidos y trágicos de la historia latinoamericana contemporánea. Después de 1959, Cuba avanzó hacia una economía centralizada inspirada en el modelo soviético, acompañada por la concentración del poder político, la nacionalización de los medios de comunicación, el sometimiento de los sindicatos y una represión sistemática contra la disidencia. Con el tiempo, la prohibición de organizaciones independientes fuera de las estructuras oficiales terminó consolidando la dictadura más longeva del hemisferio.

A pesar de ello, no son pocas las personas que apoyaron y aún apoyan la Revolución. Una parte importante de esa defensa descansa en una idea concreta: que Cuba antes de 1959 era un país atrasado y estancado, con escasas oportunidades para el ciudadano promedio. Bajo esa lectura, el cubano común habría sufrido altos niveles de analfabetismo, acceso limitado a la salud y a la educación, pobreza extendida y una desigualdad marcada.

Cuando se examina con mayor cuidado la estructura económica y social de la Cuba de finales de los años cincuenta, los datos revelan una situación distinta. Como sugiere la evidencia resumida en la tabla anterior, el país ocupaba posiciones relativamente altas dentro del hemisferio en indicadores asociados al acceso a bienes, servicios y consumo material. Ello es consistente con una sociedad altamente urbanizada para los estándares regionales, con infraestructura moderna concentrada en sus principales ciudades y una economía integrada al comercio internacional, en particular con Estados Unidos. La Habana funcionaba como un centro financiero, turístico y cultural del Caribe. Además, existía un sector privado relativamente dinámico en comercio, servicios, banca y agroindustria.

Este diagnóstico también se refleja en indicadores agregados: hacia 1958, Cuba era aproximadamente un 80 % más rica en PIB per cápita que el promedio de América Latina, y su mortalidad infantil era menor a un tercio de la observada en el resto de la región.

Esto no significa que Cuba careciera de problemas. Existían tensiones políticas recurrentes, episodios de corrupción y debilidades institucionales. Pero reconocer esas limitaciones no equivale a aceptar la tesis de una sociedad sumida en la miseria generalizada o en un atraso económico excepcional dentro del contexto latinoamericano.

El debate sobre los estándares de vida en Cuba antes de 1959 también se ha mantenido vivo por un problema adicional: la calidad de los datos oficiales bajo el régimen. La literatura ha documentado mecanismos que incentivan el "maquillaje" de ciertos indicadores, especialmente los vinculados a la mortalidad infantil, mediante prácticas como la reclasificación de muertes neonatales tempranas a muertes fetales tardías y la presión institucional para cumplir metas administrativas. Todo ello obliga a tratar con cautela las comparaciones basadas exclusivamente en cifras producidas por el propio Estado.

A este problema se suma otra dificultad metodológica: el embargo estadounidense comenzó poco después del triunfo de la Revolución, lo que hace muy difícil saber qué parte del deterioro económico de Cuba se debe al embargo y qué parte al cambio de sistema. Sin embargo, en años recientes varios investigadores han usado técnicas econométricas para intentar separar ambos efectos. Sus conclusiones son claras: el embargo no es el factor principal. Según cálculos conservadores, si se levantara el embargo, el ingreso de los cubanos aumentaría apenas un 3 %. Incluso en los escenarios más optimistas, el aumento no superaría entre un 8 % y un 11 %.

Segundo, los investigadores compararon lo que realmente le pasó a Cuba con lo que probablemente habría ocurrido si la isla hubiera seguido un camino económico similar al de otros países latinoamericanos con características parecidas antes de 1959. Para hacer esto, construyeron una "Cuba alternativa" combinando datos de varios países que se parecían a Cuba en aspectos clave como urbanización, educación y desarrollo económico. Los resultados sugieren que Cuba sería hoy entre un 25 % y un 40 % más rica si la Revolución no hubiera ocurrido. Por último, análisis similares sobre la salud pública muestran que, durante los primeros diez años después de 1959, la mortalidad infantil fue entre un 27 % y un 35 % más alta de lo que habría sido sin el cambio de régimen.

El legado del socialismo cubano tampoco escapó a los costos ambientales y, como explican Sergio Díaz-Briquets y Jorge Pérez-López en Conquering Nature: The Environmental Legacy of Socialism in Cuba, el problema no fue solo técnico, sino institucional. La planificación central tendió a ser ajena a las condiciones ambientales locales, la falta de derechos de propiedad debilitó los incentivos para cuidar y conservar recursos, y el Estado concentrado limitó la participación ciudadana y la rendición de cuentas. A ello se sumó un sistema de incentivos donde los administradores eran premiados por cumplir directivas desde arriba, incluso cuando los resultados eran deficientes, lo que dificultaba corregir errores a tiempo. En conjunto, esas fallas amplificaron los costos ambientales del modelo y dejaron pasivos difíciles de revertir.

Este repaso histórico no busca idealizar el pasado. Su propósito es entender mejor qué impacto tuvo realmente el socialismo cubano para así comprender con mayor claridad la gravedad de la crisis que vive hoy la población de la isla.

En el plano demográfico, el país ha perdido cerca de un 24 % de su población en apenas los últimos cinco años, como resultado de una emigración masiva sin precedentes en tiempos de paz. En el plano social, distintas estimaciones sostienen que alrededor del 89 % de la población vive en condiciones de pobreza extrema.

A ello se suma un entorno macroeconómico frágil, con tasas de inflación que en los últimos años se han movido entre 30 % y más de 100 % anual, según cifras oficiales y estimaciones independientes, reflejando un deterioro profundo del poder adquisitivo. La economía, además, no ha logrado recuperar sus niveles previos a la pandemia y se encamina a completar varios años consecutivos de estancamiento o contracción, una secuencia inusual por su duración e intensidad. Y quizá de forma más visible en la vida cotidiana, la crisis energética ha normalizado apagones prolongados que en muchas regiones del país alcanzan entre 16 y 20 horas diarias. En términos históricos, lo más cercano a un deterioro de esta magnitud fue el llamado Período Especial tras la desaparición de la Unión Soviética.

La mayoría de los analistas coincide en que esta tragedia humana es consecuencia directa del entorno institucional diseñado por el régimen cubano. Hoy la producción de alimentos se encuentra en su nivel más bajo en cuatro décadas, la destrucción de capital físico y humano no tiene precedentes en la historia nacional reciente, y el país registra una de las cifras más altas de presos políticos del hemisferio, con alrededor de 1.200 personas encarceladas por motivos políticos, en su mayoría jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio y recibieron condenas de varios años por exigir libertades básicas.

Al mismo tiempo, muchos observadores creen que un cambio en la isla ya no parece tan improbable como en décadas anteriores. Una proporción creciente de jóvenes desaprueba abiertamente tanto la gestión económica como el sistema político vigente. Esa erosión interna coincide ahora con un golpe externo que puede agravar una crisis ya estructural. En este contexto, lo que ocurre en Venezuela resulta fundamental para entender la magnitud del problema.

Durante años Venezuela suministró cerca de un tercio del petróleo consumido por Cuba. Aun con ese suministro, la isla quedó atrapada en apagones crónicos. Por eso, la reducción drástica de esos envíos tras los meses previos a la captura de Maduro no crea un problema nuevo, sino que empuja el colapso energético a un nivel todavía más severo. A esto se suma la probable pérdida de otros ingresos ligados a la relación bilateral. Cuba recibía combustible de Venezuela, pero además exportaba servicios médicos y, según múltiples reportes, asistencia de seguridad e inteligencia.

Vivimos, por tanto, un momento excepcional. Un periodo que probablemente será estudiado por las generaciones futuras como el ocaso de uno de los experimentos políticos más prolongados del siglo XX. Si el régimen de La Habana llega finalmente a su fin, el proyecto del socialismo del siglo XXI quedará mermado por completo. Lo que vendrá después, sin embargo, será la tarea más difícil: reconstruir una sociedad devastada económica, institucional y moralmente por décadas de planificación centralizada, represión y aislamiento. Un proceso que, como enseña la experiencia histórica, tomará mucho más tiempo que el derrumbe del propio régimen.

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