No ganamos para disgustos. Resulta que la semana pasada, por primera vez en años, no entregamos la edición habitual de Mirada Sur por estar en medio de un viaje por Estados Unidos que nos hizo imposible enfocarnos en ello. Pues esa semana fue la más intensa en materia informativa en meses en el continente. Desde el Nobel a María Corina Machado, a la caída de Dina Boluarte en Perú, pasando por el atentado a Noboa en Ecuador… pasó de todo. Entonces, para compensar, hoy le traemos una edición de lujo. Le vamos a explicar el contexto, el trasfondo y lo que puede ocurrir a futuro en estos temas, con el aporte de algunos de nuestros analistas locales favoritos, como Sary Levy, José Beteta y Gabriela Calderón, cuyo reciente libro “En busca de la libertad”, obtuvimos en Washington, en la sede del CATO Institute. Además, le vamos a contar sobre las elecciones en Bolivia, que este domingo define a su nuevo presidente. Y comentaremos lo que dejó la reciente visita de Milei a Washington, con quien nos cruzamos en la coqueta zona de Dupont Circle. Sí, todo eso, y alguna cosita más, en busca de tapar el mal sabor de boca de la semana pasada.

El premio Nobel de la Paz, concedido la semana pasada a María Corina Machado, ha conmovido a todo el planeta. Muy difícil contener la emoción, al ver el video del representante del instituto Noruego, comunicar a la líder opositora venezolana, la noticia de su galardón. El hecho ocurre, además, en momentos en que Venezuela vive un momento de máxima tensión. Con el régimen mostrándose por un lado monolítico tras el masivo fraude electoral del año pasado, y por otro con el gobierno de Donald Trump aumentando la presión, y anunciando que se habilitó a la CIA a emprender acciones directas en el país caribeño, contra la dictadura chavista.

El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado ganó el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Machado, de 58 años, se ha convertido en la principal voz de resistencia al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Las reacciones han sido globales ante esta noticia tan trascendente. Desde la alegría y la felicitación de todo el mundo democrático, hasta la furia del gobierno venezolano, que ordenó cerrar su embajada en Oslo, a la vez que abrirá una en Burkina Faso. Otras reacciones han resultado casi tan reveladoras, como las del dirigente político de ultraizquierda español, Pablo Iglesias, que dijo que darle el Nobel a María Corina era lo mismo que entregárselo a Hitler. Hasta la del ex premiado Adolfo Pérez Esquivel, que acusó a Machado de trabajar “para los ricos” y para fomentar un golpe.

Vale recordar que Pérez Esquivel es un activista de izquierda argentino, que fue duro opositor a la dictadura militar en su país, pero se ha mostrado muy cercano al chavismo y a los gobiernos kirchneristas de su país, implicados en millonarios casos de corrupción.

A nivel regional, mientras líderes de izquierda como Gabriel Boric, no han temblado a la hora de condenar a Maduro y elogiar a Machado, otros como el brasileño Lula da Silva, o la mexicana Claudia Sheinbaum, han optado sospechosamente por no emitir opinión.

VOZ LOCAL. Para tener una mirada local del impacto que esto puede tener en la situación venezolana, es imposible contactar gente en el país, ya que implica exponerlos a una represión severa. Entonces hablamos con la economista Sary Levy Carciente, hoy radicada en Estados Unidos, que nos decía que: “no solamente es muy merecido el premio para María Corina, sino como ella misma dijo, es un reconocimiento al pueblo venezolano por esta lucha incansable desde comienzos de siglo en contra de un régimen tiránico que se ha apoderado del país y que pretendió lavarse la cara internacionalmente a través de elecciones. Este premio impide que hayan actores internacionales que quieran seguir vendiéndonos la idea de que este es un gobierno legítimo. No lo es. Maduro es ilegítimo y como tal debe ser reconocido. Y no solamente es ilegítimo como presidente, sino que es el jefe de un cartel narcoterrorista y como tal hay que tratarlos”.

Según Sary, “este es un premio que además impulsa con fuerza la lucha venezolana y no cabe duda que el apoyo que el presidente Trump nos ha dado, tanto en su primer gobierno en 2016 como en este, han sido decisivos y esperamos que sigan siéndolo para que se concrete la libertad de Venezuela en el muy corto plazo”.

Cayó otro presidente en Perú. Y ya son siete en apenas nueve años. El martes 9, en una sesión caliente, cargada de tensión política, el Congreso del Perú declaró la vacancia presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra por “incapacidad moral permanente”. 122 congresistas votaron a favor de la moción y apenas 8 lo hicieron en contra o se abstuvieron. Por lo que la destitución fue prácticamente unánime (93,8%), y demostró que Boluarte había perdido toda su base de apoyo, no solo entre la oposición sino también entre los sectores que antes la respaldaban. La estrategia para la vacancia incluyó la presentación simultánea de cuatro mociones que denunciaban presuntos casos de corrupción, el uso irregular de viajes oficiales, el fracaso del gobierno frente al aumento de la inseguridad ciudadana, y unas supuestas intervenciones estéticas realizadas durante su período. Todo fue muy rápido y no dio margen para estrategias políticas. El sillón presidencial pasó a ocuparlo interinamente José Jerí, presidente del Congreso.

TRASFONDO. En 2022, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el gobierno tras la caída de Castillo. Desde entonces, enfrentó al menos siete intentos previos de vacancia, pero ninguno fue admitido a debate o logró los votos necesarios para destituirla. Su mandato estuvo atravesado por protestas multitudinarias, denuncias de represión y un Congreso mayoritariamente en contra. Uno de los hechos que motivaron la decisión fue el tiroteo durante un espectáculo musical en Lima, el 8 de octubre, que acabó con varios heridos.

Desde el año 2000 hasta hoy, el Perú ha vivido una insólita sucesión de crisis presidenciales y casi ningún mandatario ha podido completar su período. El primero fue Alberto Fujimori, que renunció por fax desde el Japón y el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Lo siguió Alejandro Toledo en 2006, que si bien terminó su mandato, luego fue procesado y extraditado por el caso Oderbrecht y lavado de activos. Después vino Alan Garcia, que también cumplió su período de gobierno en 2011 pero se suicidó en 2019 poco antes de ser detenido por corrupción. Ollanta Humala logró terminar su mandato en 2016, pero fue encarcelado luego. Pedro Pablo Kuczynski sucedió a Humala y duró apenas 2 años. Martín Vizcarra fue el siguiente y fue destituido por vacancia en 2020, acusado de recibir sobornos. Lo sustituyó Manuel Merino en el mandato más corto de la historia, apenas 5 días por la muerte de manifestantes en unas protestas en Lima. La lista se amplió con Pedro Castillo y se completó la semana pasada con la vacancia de Boluarte. En 25 años, Perú tuvo 10 presidentes.

LA VOZ LOCAL. Para entender mejor lo que ocurre el país andino, contactamos a nuestro amigo José Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, que, como siempre, nos dio un claro análisis de la situación. “Siete presidentes y tres congresos en nueve años, y más de 200 cambios ministeriales en 5 o 6 años, hablan de una precariedad y un deterioro institucional muy grandes. En ese contexto de inestabilidad no se pueden hacer políticas públicas a largo plazo, no se pueden hacer reformas ni construir. Es imposible cambiar las cosas. Algunos analistas dicen que es impresionante cómo la resiliencia y la estabilidad económica se mantienen. Pero eso no es cierto. Porque económicamente, el Perú, con respecto a su potencial, es un país absolutamente mediocre y estancado. Para poder ser un país desarrollado, deberíamos estar creciendo a cifras de 5 o 6%. Y estamos en 2 o 3. Mientras tanto, la burocracia del Estado crece y la calidad de los servicios en salud y educación, es pésima. Y el tema de inseguridad es escandaloso. Entonces no hay estabilidad institucional, ni hay estabilidad económica.”

¿Y qué me dices del nuevo presidente? “Se lo nota absolutamente diferente, tanto a Boluarte como al anterior presidente del Congreso, Merino, que ejerció las funciones por Martín Vizcarra. Pero otra vez nos toca tener al presidente del Congreso ejerciendo las funciones del presidente de la República. Este señor es cuestionado por algunas denuncias que ha tenido, que no son escandalosas, pero sí denuncias en las cuales hay algún tipo de sospecha de corrupción. Favorecimientos a familiares, supuestas coimas por obras en Cajamarca, y por ahí hubo también una denuncia de violación de una chica joven en una fiesta a inicios de este año, pero el caso se archivó. No es que uno diga, pues Dios mío, llegó un mafioso al gobierno. No es así. Hay que darle tiempo. El suyo es un gobierno de transición. Ahorita lo más importante es combatir la inseguridad. Además, la izquierda va a volver a presionar, la izquierda lo va a querer quitar. El antecedente es que al primer presidente del Congreso que asumió la presidencia después de Martín Vizcarra, lo botaron a la semana y todos piensan que hay un peligro de que ocurra lo mismo con él. Yo no. Yo creo que él se va a quedar.”

Argentina vive momentos tumultuosos en lo económico y político. Bueno, alguien podría decir que eso no es noticia, ya que es el clima habitual que parece reinar en el país austral. Pero el gobierno de Javier Milei, pese a las profundas reformas impulsadas, y a la relativa victoria sobre la inflación lograda en apenas un año, no tiene paz. La cercanía de las elecciones legislativas de finales de mes, y la acumulación de vencimientos de deuda pactada por el gobierno peronista previo, lo tiene entre la espada y la pared. Y la percepción de debilidad política que percibe el mercado, ha generado una nueva corrida contra la moneda local, que parece amenazar todo lo logrado desde que asumió.

Pero Milei ha encontrado un aliado formidable. Hablamos nada menos que de Donald Trump y el gobierno estadounidense, que han prometido apoyo total al mandatario argentino. Esta semana, Milei visitó nuevamente a Trump, quien le prometió apoyo económico y político. Con un agregado que ha generado polémica en Argentina, ya que Trump dijo que si Milei pierde las elecciones, el apoyo puede desaparecer. Esto ha sido visto como una intromisión casi colonialista en la política interna argentina, y ha removido el tradicional nacionalismo de ciertos sectores en ese país. Algo bastante insólito, ya que conociendo los antecedentes argentinos, que tiene el récord mundial en materia de incumplimiento del pago de sus deudas, y que enfrenta varios juicios internacionales millonarios, por violar acuerdos y contratos, nadie se puede sorprender de que quien lo apoya lo haga con fuertes condicionamientos.

El anuncio de apoyo de Trump ha calmado a los mercados y asegura a Milei un transcurso pacífico hasta las elecciones de fin de mes. Pero los mercados, y los argentinos en general, viven con el corazón en la boca ante una posible derrota electoral del gobierno, que pueda volver a agitar los fantasmas de una crisis total del gobierno.

TRASFONDO. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede ser que un presidente que hasta hace apenas unos meses lucía sólido y confiado, hoy se vea tan debilitado y amenazado?

Aquí hay que sumar una serie de errores propios, como ser cierta soberbia discursiva, peleas constantes con dirigentes y sectores que naturalmente lo apoyarían, y una falta de apoyo de sectores empresariales locales, que tras muchas decepciones previas, no terminan de confiar e invertir para potenciar la economía local. A esto se suma la capacidad infinita de mutación del peronismo, que pese al desastre de sus últimas gestiones, mantiene un fuerte poder electoral en algunas regiones del país. Nadie ha resumido mejor el dilema argentino actual que el buen amigo Agustín Etchebarne:

“Hay un proyecto de país que es el que propone la Libertad Avanza que nos posicionará entre los países desarrollados de la Tierra en 20 años. Del otro lado, un proyecto de país del estilo cubano, venezolano, bolivariano.. Creo que llegó el momento de distinguir lo más importante de lo menos importante; y de comprender que las opciones reales son estas, con defectos y virtudes, y no existe el ideal imaginado…”

La violencia en Ecuador y la lucha entre el gobierno y el crimen organizado, no cesan. Entre esta semana y la anteriores, el país vivió varios episodios de violencia extrema que muestran hasta qué punto el ambiente está caldeado. Primero fue el atentado a la caravana en la que el presidente Daniel Noboa recorría la norteña provincia de Cañar, cuando la camioneta blindada en la que viajaba, fue atacada por una lluvia de piedras y palos. El hecho ocurrió poco después de que el gobierno tomara la decisión de eliminar el subsidio al diésel, una medida que venía avisando desde hace meses y que finalmente concretó. El combustible, cuyo precio era de U$S 1,75 el galón, pasó a valer 2,80. En los vecinos Perú y Colombia, ronda los 4 dólares. Y ahí está la clave del malestar.

La eliminación del subsidio se metió, entre otros, con el negocio multimillonario del contrabando de combustibles hacia las zonas fronterizas. Por eso el gobierno asegura que la protesta no es tan “nacional” como la pintan. Muchas voces refieren a que las protestas y los disturbios habrían sido impulsados por los grupos que manejan estos negocios, utilizando a comunidades pobres e indígenas para ir al frente. Así, este martes por la noche, un coche bomba explotó frente a uno de los centros comerciales más exclusivos de Guayaquil, al sur del país, causando un muerto y 26 heridos. Además, se encontró un segundo vehículo que no llegó a detonar. A la mañana siguiente, otro atentando con explosivos se registró en la provincia de Guayas, pero no hubo que lamentar víctimas. El gobierno calificó el hecho como atentado terrorista y señaló como responsables a la banda criminal Los Lobos. Según creen, fue una represalia por las recientes operaciones militares realizadas en una zona minera de la provincia de Imbabura, extremo norte del país.

TRASFONDO. La quita del subsidio al diésel no es solo una medida económica, sino también una estrategia política. El gobierno afirma que el subsidio beneficiaba más a los criminales que a la gente de a pie. El combustible barato terminaba en manos de redes que lo revendían en la frontera, mezclado entre el negocio de la minería ilegal, el narcotráfico y todo un submundo que se nutre de la debilidad de un Estado que Noboa prometió fortalecer. Al atacar este flanco, el presidente busca cortar uno de los flujos de dinero fácil. Y aunque el ajuste golpea a transportistas y agricultores, también deja al descubierto un sistema de corrupción que se mantenía bajo el disfraz de ayuda social.

LA VOZ LOCAL. En busca de la mirada local, consultamos a Gabriela Calderón de Burgos, analista del CATO Institute y columnista. Gabriela nos comentó que la quita de los subsidios “Es una medida estructural muy positiva. Los subsidios a los combustibles son una política que lleva mas de 50 años y es el más oneroso después del subsidio a las pensiones del seguro social estatal. Además es regresivo. El ahorro estimado inicialmente era de poco más de 1.000 millones este año, pero sumando todas las compensaciones anunciadas durante las últimas semanas, capaz que es nulo. De todas formas se desactivó una de las dos bombas de tiempo fiscal. Noboa eliminó anteriormente el subsidio a las gasolinas, por lo que quedaría pendiente eliminar el subsidio al gas. Según el Banco Central, la eliminación del subsidio al diesel no derivó en un aumento en la inflación, como decían los críticos que sucedería. En cambio, como decíamos los que proponíamos su eliminación, el cobrar precio de mercado derivó en que la gente consuma de manera más racional este recurso y que se elimine el contrabando. Así, estamos viendo ya como ha caído de manera marcada el consumo de combustible en las provincias fronterizas, donde más ocurre el contrabando. En Imbabura, por ejemplo, donde fue el foco de las protestas y donde hay minería ilegal y operaciones que se beneficiaban de diesel subsidiado, el consumo cayó en mas de un 50%”.

Los bolivianos acuden a las urnas este domingo para definir qué líder político será el encargado de poner fin a dos décadas de gobierno de la izquierda indigenista del MAS. En medio de una crisis económica y social sin precedentes, con falta de alimentos y combustibles, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga medirán en una segunda vuelta cabeza a cabeza, quien será el nuevo presidente del país. Las últimas encuestas muestran una sostenida ventaja del ex presidente Quiroga de casi 10 puntos porcentuales, pero en Bolivia esos estudios suelen tener debildiades muy fuertes. Vale recordar que en primera vuelta, Paz casi ni figuraba en los sondeos, y terminó siendo el más votado. Y que hay un 20% de personas indecisas que aún no han definido por quién van a votar.

Paz y su polémico candidato a la vicepresidencia, el excapitán de policía Edman Lara, ratificó su oferta electoral de aplicar un "capitalismo para todos", con créditos "baratos" para los emprendedores, una rebaja de impuestos y de aranceles para la importación de tecnología y vehículos, y otorgar el 50 % del presupuesto general directamente a las nueve regiones bolivianas. También descartó "ir al exterior a pedir plata" e indicó que primero "ordenará la casa" para acabar con la "corrupción" que, a su juicio, ha impedido un manejo adecuado de los recursos. Paz reconoció que "no es fácil" poner en marcha su plan "porque nos han dejado una economía quebrada".

Por su parte Quiroga, quien ya gobernó durante un breve período a principios de los 2000, reiteró su promesa de "traer los dólares" de vuelta a la economía boliviana para acabar con la "angustia" que están generando en el país la falta de divisas, la inflación y el desabastecimiento de combustibles, problemas que se han vuelto recurrentes en el país.

Para realizar cambios estructurales, cualquiera que resulte elegido el domingo estará obligado a negociar con su oponente, porque ninguna fuerza política obtuvo dos tercios en la Asamblea Legislativa y necesitará hacer pactos para lograr consensos que le permitan tener gobernabilidad. La posesión del próximo presidente de Bolivia está prevista para el 8 de noviembre y marcará el fin de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas y en cuatro periodos, con Evo Morales y Luis Arce en el poder.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor

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