Muy buenos días. Con el aroma a fin de semana, que cada viernes trae asociado, aquí le llega el resumen esencial de noticias para entender lo que pasa en América Latina. No nos malinterprete. Que no es que estemos haciendo un culto a la vagancia o la falta de espíritu laboral. Pero el cierre de la semana siempre trae aire optimista y alegre. Dígaselo a los colombianos, que este domingo deberán decidir quién los gobernará los próximos años, y aquí le contamos quiénes son los principales candidatos, y qué puede pasar. Donde no están para mucho festejo es en Bolivia, ya que los bloqueos de rutas organizados por Evo Morales y su “troupe”, tienen a buena parte del país bajo asedio. Tampoco puede festejar mucho el ex presidente español Rodriguez Zapatero, a quien sus arrumacos con el régimen de Maduro empiezan a pasarle factura. Bueno, todo eso y mucho más en las próximas líneas de esta edición de Mirada Sur. ¡Que disfrute!

El domingo hay elecciones en Colombia. El país cafetero elegirá nuevo presidente en lo que será uno de los acontecimientos políticos más importante de la última década en Latinoamérica. Las urnas no solo definirán la continuidad del proyecto del actual mandatario Gustavo Petro, sino también la supervivencia del progresismo que dominó la región durante buena parte de lo que va del siglo y que en varios casos derivó en oscuros totalitarismos. El país tiene por delante serios desafíos. De acuerdo a las encuentras, la disputa quedó reducida a tres grandes candidatos con posibilidades reales de entrar al ballotage. Hasta el momento ningún sector político ha logrado consolidar una mayoría suficiente para ganar en primera vuelta.

Entre esos tres candidatos está Iván Cepeda, que representa la continuidad del proyecto de Petro. Su propuesta va por la “redistribucion” de la riqueza, avanzar en la “paz total” con los grupos guerrilleros, y fortalecer el Estado. Su fuerza la obtiene de los sectores populares urbanos, sindicatos, organizaciones indigenas y el aparato político del petrismo. Y su punto flaco es el desgaste brutal del gobierno de Petro, asociado a la crisis energética, el narco y el caos administrativo.

En el extremo opuesto aparece Abelardo de la Espriella, un outsider de derecha que propone fuerte militarización, alineamiento con Estados Unidos y reconstrucción de la autoridad estatal. Además, anuncia la construcción de cárceles al estilo Bukele y mano dura total contra el narcotráfico y las guerrillas. Su rumbo en el terreno económico es pro mercado. Lo comparan con el mandatario salvadoreño e incluso con el propio Trump. Y es el candidato con mayor crecimiento real. La tercera opción es Paloma Valencia, heredera política de Álvaro Uribe y representante de la derecha tradicional colombiana. Entre sus propuestas también está el orden, la seguridad, el mercado y el fortalecimiento del ejército. Con experiencia y estructura a su favor, le juega en contra que muchos votantes la perciben como parte de la “vieja política”

TRASFONDO. Colombia no es cualquier país. Es la cuarta economía de la región, potencia energética y un actor clave en el escenario del narcotráfico. Y es el único país latinoamericano en el cual, hasta la llegada de Petro al poder, nunca había gobernado la izquierda. Entonces el domingo se votan muchas cosas. Entre las más importantes está el futuro de la progresismo regional; el enfoque al combate al narcotráfico y la relación con los Estados Unidos, histórico aliado con quien las relaciones se deterioraron a lo largo del gobierno actual. Una eventual derrota de la izquierda en Colombia tendría un impacto simbólico enorme. Si el petrismo pierde después de un solo período, el mensaje sería lapidario para buena parte del progresismo latinoamericano. La gran falla de Petro estuvo en la seguridad. La llamada “paz total”, su romántico estandarte político, acabó recibiendo un cachetazo a manos de la compleja realidad colombiana. Y ahí es donde se hizo fuerte la oposición. En el concepto de autoridad que, según la percepción general, Petro no ejercía. Colombia tiene una historia reciente tumultuosa, marcada por la guerrilla, el narcotráfico y el terrorismo. Por eso el tema seguridad pesa mucho entre los ciudadanos.

LA VOZ LOCAL. Como siempre en Mirada Sur, fuimos hasta Colombia para buscar la voz experta del amigo Carlos Augusto Chacón, Director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, y le preguntamos cómo ve el panorama para el domingo. “La candidatura de Iván Cepeda aparece con una ventaja relativa en intención de voto frente al resto de aspirantes. Sin embargo, esa ventaja sigue siendo insuficiente para una victoria en primera vuelta. El balotaje más probable es Cepeda vs. De la Espriella. Aunque Paloma Valencia revive en los datos recientes. Los dos balotajes posibles están abiertos. Tanto una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella como entre Cepeda y Paloma Valencia muestran escenarios competitivos dentro del margen de error”.

“Otro rasgo central del contexto actual es la alta volatilidad del electorado. Más que una elección definida por una mayoría ideológica consolidada desde el inicio, el proceso parece encaminarse hacia una disputa donde serán decisivas las coaliciones, el voto estratégico y la capacidad de atraer sectores moderados o independientes”, comenta Carlos Augusto. “A este panorama se suman preocupaciones institucionales y de seguridad democrática. Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga se ha advertido sobre los riesgos que representan la expansión territorial de estructuras criminales, economías ilegales y redes de coerción política en distintas regiones del país. La persistencia de grupos armados organizados y organizaciones vinculadas al narcotráfico incrementa la vulnerabilidad de los procesos electorales locales, especialmente en zonas con débil presencia estatal. Igualmente, persisten riesgos asociados a la compra de votos, la presión sobre electores y la utilización clientelar de recursos para alterar la competencia democrática”.

Al terminar la tercera semana de revueltas en Bolivia, la situación continua agravándose. En las últimas horas la tensión escaló aún más con la aprobación de una ley que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora el gobierno podrá decretar estado de excepción y mandar el Ejército a las calles. La medida fue tomada para controlar el caos reinante y poner fin a las protestas masivas, bloqueos de rutas y el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en varias zonas del país.

Ciudades como La Paz y El Alto se encuentran prácticamente paralizadas, con sus principales accesos cortados. Hay largas filas para cargar gasolina, los precios aumentan y se registran múltiples cortes en la cadena de suministros. Además, los bloqueos, que al momento son más de 50 en todo el país, están provocando graves emergencias humanitarias. Los hospitales sufren carencias de insumos básicos, las ambulancias quedan varadas en el tráfico detenido, y ciudades enteras padecen dificultades para recibir medicamentos y oxígeno. Una buena parte de la población, así como la Asamblea, presiona al presidente para que actúe con mayor dureza contra lo que consideran una asonada impulsada por Evo Morales para evitar ser detenido por sus crímenes y recuperar el poder que perdió hace 6 meses en las urnas.

Es que el líder cocalero y una de las figuras claves del llamado socialismo Siglo XXI es el gran protagonista de esta crisis. Se lo acusa de querer derribar a un gobierno elegido democráticamente, comandando las acciones desde su bastión en el Chapare. El presidente Paz señaló que Morales busca desestabilizar el país y vinculó la violencia con actividades ilícitas en regiones del MAS, donde existen las mayores producciones de cocaína del mundo. MIentras tanto, protegido por sus seguidores, Morales exigió elecciones anticipadas en un plazo no mayor a 90 días, y aseguró que es la única forma de “evitar más muertos” y recuperar la paz social en el país.

TRASFONDO. El nuevo gobierno de Bolivia, con Paz a la cabeza, es una amenaza para Evo Morales y para todo el narcotráfico de la zona. El ex mandatario enfrenta gravísimas acusaciones por delitos de trata de menores y pedofilia, además de que está siendo investigado por sus vínculos con el narco. Tambien pesan sobre sus hombros acusaciones de corrupción, clientelismo, contratos irregulares y de transformar al Estado en un aparato al servicio del Movimiento al Socialismo. Rodrigo Paz aseguró que “Morales va a ir a la justicia. Es un compromiso de este gobierno”, que cuenta con el apoyo manifiesto de Washington y otras democracias de la región. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó a Paz en lo que consideran “una amenaza a gobiernos democráticos de la región”.

PLAN DE CAPTURA. Desde el trópico de Cochabamba, crecen las denuncias sobre un supuesto plan para capturar al líder cocalero. Un corte de energia durante la noche del miércoles apagó las luces de la zona pero encendió las alarmas entre los evistas. Esto, sumado a la nueva ley promulgada el miércoles, puso en pie de guerra a la guardia que lo protege y reaccionaron plantando nuevos bloqueos en las principales rutas de la región.
El propio Morales sostuvo que existe un plan conjunto para capturarlo entre la DEA y el ejército boliviano. Sin embargo su captura no ocurrió. Al respecto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “en el Poder Judicial hay una orden para que preste cuentas a la justicia y eso es lo que se tiene que hacer cumplir a través de los mecanismos que correspondan cuando sea posible”.

El gobierno de los Estados Unidos decidió calificar a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. “En conjunto, comandan a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, por toda nuestra región y nuestro país”, dijo Rubio.

La designación como “grupo terrorista”, implica la aplicación de un régimen de sanciones severas que incluye el bloqueo de activos financieros, la prohibición de visas para sus miembros y penas de cárcel para quienes les brinden apoyo material. Además, otorga a las agencias de inteligencia, fuerzas del orden y al ejército estadounidense herramientas ampliadas para rastrear, atacar y desmantelar sus operaciones.

TRASFONDO. Más allá del impacto concreto en materia de seguridad regional, esta declaración tiene un trasfondo político claro. Se trata de un pedido expreso del candidato Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair, que se encuentra en plena campaña contra el actual mandatario de izquierda Lula da Silva de cara a las presidenciales de octubre. Trump recibió a Bolsonaro Jr en la Casa Blanca esta semana, y le brindó un apoyo tácito de cara a las elecciones. Un apoyo que parece clave, en un momento en que la campaña de Bolsonaro acusa el golpe de la difusión de unas grabaciones donde se lo escucha pidiendo dinero a un banquero preso por haber orquestado el fraude más grande de la historia de Brasil. Según ha explicado Bolsonaro, el pedido era para financiar una película sobre su padre, y habría sido en momentos en que nada se sabía de la operación financiera del ex dueño del Banco Master, cuyo caso ha conmocionado a Brasil.

Si bien todavía no está claro el impacto que tendrá en la campaña la revelación de estos audios, las primeras encuestas han marcado una caída o al menos un freno en el crecimiento del apoyo a Bolsonaro, que venía subiendo de manera consistente, y en algunos sondeos incluso superaba a Lula de cara a las presidenciales. Claro que el episodio es muy reciente, y es muy difícil estimar todavía el impacto de este caso.

POR QUÉ ME IMPORTA. La elección en Brasil se robará todos los titulares en los próximos meses en la región, ya que un cambio de gobierno en en ese país, pero sobre todo una posible derrota del líder más importante que tiene la izquierda a nivel regional, tendría un impacto mayúsculo en todo el continente. Por otro lado, la campaña sirve para percibir el sesgo de buena parte de la cobertura de prensa en la región. Incluso medios tradicionalmente contrarios a esta izquierda, ostentan una llamativa simpatía por Lula, que obliga al que quiere estar informado en serio de lo que ocurre, a tener prevenciones especiales a la hora de consumir noticias sobre este tema.

Esta noticia no ocurre al sur del Río Grande, como decía en algún momento la presentación de Mirada Sur. Pero su impacto en nuestra región es tan serio, que amerita ser comentada aquí. Hablamos del proceso judicial que enfrenta en España el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por cargos vinculados a lavado de dinero y corrupción, y que tienen en vilo a todo el país. Esto en medio de todo un escándalo que envuelve al entorno de ese partido de izquierda en España, que podría terminar con el gobierno del actual presidente Pedro Sánchez.

Dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España sitúan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la “cúspide” de una presunta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado en marzo de 2021. El exmandatario habría sido además el “principal beneficiario” de las contraprestaciones obtenidas por la trama, a través de una sociedad administrada por sus hijas. La investigación sostiene que Zapatero habría creado hasta nueve sociedades mercantiles con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. El magistrado lo imputó por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y lo citó a declarar el próximo 2 de junio.

TRASFONDO. Como decíamos al principio, la trama que envuelve a Zapatero tiene mucha vinculación con América Latina. La aerolínea “rescatada” se dedicaba principalmente a hacer viajes a Venezuela en la época dorada del chavismo. Y el ex mandatario español operaba en los hechos como el principal lobbista del régimen de Maduro frente a gobiernos y empresas extranjeras. Su rol ha sido denunciado por varios ex presos políticos venezolanos, que acusan a Zapatero de extorsionarlos con el fin de lograr confesiones y acuerdos que lavaran la cara al régimen chavista. “Servicios” que Maduro al parecer pagaba de manera muy generosa, con flujos de dinero “negro” que ahora empiezan a quedar a la vista.

Más allá de los delitos fiscales, el desvío de fondos públicos y el blanqueo de capitales a través de la aerolínea Plus Ultra, la investigación criminal sitúa en el centro de la causa una vertiente política de extrema gravedad: el presunto uso de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos en Venezuela como herramienta de negociación económica. Las actas de incautación de la UDEF confirman que el sufrimiento de los cautivos encerrados en prisiones venezolanas no era ajeno a la red, sino que formaba parte directa de sus operaciones financieras. La documentación hallada por la policía española revela un mecanismo en el que la red utilizaba su influencia institucional en España y ante la Unión Europea para modular la presión diplomática sobre el régimen de Caracas. A cambio de estas gestiones de "apaciguamiento" y de la logística operativa sobre los reclusos, la trama aseguraba contratos, beneficios financieros y el control de las denominadas "cuotas de petróleo".

POR QUÉ ME IMPORTA. El caso no solo es relevante por dejar en evidencia el rol del ex presidente español Rodríguez Zapatero como operador rentado de la dictadura venezolana. Sino que golpea directamente al actual mandatario Pedro Sánchez, que tenía a Zapatero como su mentor y referente político. Sánchez, una figura golpeada hoy por otra serie de escándalos dignos de telenovela, se ha erigido en uno de los principales aliados de la izquierda latinoamericana a nivel global. Y busca aferrarse el poder posando como el gran rival de Donald Trump en el hemisferio, apelando al tradicional encono que muchos españoles tienen respecto de Estados Unidos. Si esta seguidilla de escándalos termina por derrumbar su gobierno, habrá un impacto muy serio en nuestra región.

Si estas son las cuatro noticias más relevantes de la semana en América Latina a nuestro juicio, no son las únicas ni mucho menos. Esto también es importante:

-Polémico magnate tecnológico Peter Thiel, uno de los creadores de la empresa Palantir, se va a vivir a Argentina. Esta noticia del The New York Times comenta el hecho, con su habitual tono editorial, claramente antiliberal. Aquí la revista Forbes hace un análisis más equilibrado, contando que Thiel también habría comprado tierras en Uruguay.

-María Corina Machado decidida a volver a Venezuela y a negociar con el régimen. "El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana", dijo Machado durante una visita a Panamá. "Yo seré la candidata", concluyó.

-Cuba no ve avances en diálogo con Estados Unidos. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó: "no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington”. Por su parte la principal ONG de Cuba denunció esta semana que "estamos en un escenario de crisis verdadera, humanitaria".

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor