¡Muy buenos días! Vaya semanita de noticias que tuvimos en América Latina. La más explosiva, la que ha robato titulares de prensa en todo el mundo, es sin dudas la caída de “El Mencho”, el capo del cártel Jalisco Nueva Generación. No sólo por lo que implica desde el punto de vista de seguridad, sino político. La segunda noticia impactante ah sido la decisión del nuevo presidente de extrema izquierda peruano, de elegir a un histórico académico liberal para dirigir su gobierno. Lo que parecía un tributo a los amigos de Atlas Network que justo tienen su Latin Forum anual en Lima, terminó de la manera esperable. Pero además le comentaremos sobre la división que afecta al nuevo gobierno boliviano, y los avances en liberación de presos políticos en Venezuela. Algo que hasta hace poco, parece que no existía, pero al final sí. Nos quedaron un par de temas en el tintero, porque requieren más análisis, como la decisión del Congreso de Brasil de levantar la reserva de los manejos financieros del hijo del presidente Lula, o la aprobación por parte de Argentina y Uruguay del acuerdo comercial con Europa. Pero es promesa para la semana entrante. Sin más rodeos, vamos a empezar con las noticias.

Es difícil calibrar con realismo la importancia de lo que acaba de suceder en México. Es que fuerzas militares de ese país abatieron esta semana a Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de quien era hoy por hoy, el narcotraficante más importante y más buscado de México, y para muchos del mundo. Es que esa organización bajo el comando de Oseguera Cervantes, había desplazado a sus rivales de Sinaloa como el principal cártel de México, movilizaba fondos por más de mil millones de dólares, y tenía presencia en 40 países. Si quiere leer más sobre el cártel y su historia, este artículo tiene buena información.

El episodio ocurrió en medio de fuertes tensiones entre Estados Unidos y México, país al que Donald Trump acusaba de no ser suficientemente efectivo en su lucha contra la droga. La presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba bajo amenaza explícita de que si no se mostraba más dura en este tema, Estados Unidos tomaría acciones directas en suelo mexicano. Así, tras recibir información sobre el paradero de “El Mencho", lanzó un masivo operativo militar que terminó con la vida del buscado narcotraficante. En el ataque, y en la represalia a sangre y fuego lanzada luego por elementos del cártel en distintos puntos del país, murieron decenas de personas. La acción no sólo tiene efectos militares y de seguridad, sino políticos, porque con la misma Sheinbaum cierra la política de “abrazos y no balazos” que impulsaba su predecesor Andrés Manuel López Obrador, la que muchos veían más bien como una complicidad con los grupos narcos. Este artículo de Carlos Matienzo, explica bien las connotaciones políticas del hecho.

LA VOZ LOCAL. Para tener una mirada clara de lo que esto significa para México, y para toda la región, nos contactamos con Roberto Salinas, buen amigo de Mirada Sur, y profundo conocedor de la realidad de su país. Roberto nos decía que “el ataque contra el Mencho y su asesinato representa un punto de inflexión para mí fundamental en la administración de Sheinbaum por varias razones. Una y quizá la más importante es que confirma la ruptura total con la maldita herencia de la política de abrazos no balazos que implementó Andrés Manuel López Obrador en su sexenio y que a la postre permitió el empoderamiento de cárteles tan violentos y con una influencia enorme en la vida ciudadana, en la vida política y ciertamente en las estructuras económicas del país”.

“Me parece que con esto hay también un golpe durísimo al cártel, más conocido sobre todo por la violencia extrema, que era la insignia del cártel, de que la representación ciudadana, en este caso el gobierno, pues va a hacer valer el uso legítimo de la fuerza en protección de los ciudadanos. Claro, esto no es ni por mucho una solución a un problema gravísimo y donde seguramente, bueno, ciertamente hay una gran cantidad de dimensiones y de estructuras que se deben atacar. Pero vemos que por lo menos se tomó un paso en la dirección correcta”, nos decía Roberto.

“¿Qué va a pasar ahora? Es la gran incógnita. Porque si bien le puedes cortar la cabeza a la serpiente o a la hidra, pues van a crecer otras. Y no sabemos también si van a crecer varias, si se va a fragmentar el cartel Jalisco Nueva Generación o si se va a consolidar con el mando de una sola persona. Pero definitivamente vamos a ver repercusiones. Ya las vimos prácticamente al instante que se dio la noticia de la matanza del Mencho, con los incidentes de terror en Puerto Vallarta, la toma de varias carreteras, los narco bloqueos y el pánico que se desató en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Algunos especulan que esto incluso puede poner en entredicho la viabilidad de, por lo menos en la plaza de Guadalajara, de poder celebrar el próximo mundial de fútbol, algo que sería catastrófico para la imagen de México”. Para concluir, Roberto nos decía que “no hay varitas mágicas. Esto no es una solución instantánea al problema. Ya antes ha habido la captura de grandes nombres dentro del crimen organizado mexicano y no es que no haya pasado nada sino simplemente pues sí fueron pasos adelante en la dirección correcta pero no solucionaron el problema. Aquí es un tema es un tema que dada la forma en que ha penetrado el crimen organizado con las estructuras sociales, políticas y económicas del país, qué se puede hacer para iniciar la desarticulación del mismo. Algo que ciertamente la ciudadanía está pidiendo a gritos y a gritos bastante ruidosos. O sea, este drama apenas inicia, pero me parece que es un punto de inflexión y fue algo muy positivo para el país. Yo creo que es hasta ahorita el éxito principal de la administración Sheinbaum”.

En su primera semana como presidente interino del Perú, José María Balcázar se despachó con un anuncio inesperado. Designó a Hernando De Soto, un economista de reconocida filiación liberal, excandidato presidencial en las elecciones pasadas y una figura alineada hacia la derecha, para ocupar el cargo de primer ministro. Balcázar, de 83 años, es el cuarto mandatario del actual período constitucional y pertenece a Perú Libre, el partido de izquierda radical del ex presidente Pedro Castillo y del polémico Vladimir Cerrón. En ese contexto, que haya elegido a una figura identificada con el libre mercado para un cargo tan relevante, fue leído como un mensaje de moderación, un intento de transmitir consenso y cercanía con el sector privado. También le servía al presidente para quitarle argumentos a aquellos sectores que los calificaban de “comunista”.

Pero no pasaron ni dos días antes que una marcha atrás rotunda descolocara a la opinión pública y volviera a instalar en Perú esa incertidumbre que ya le es habitual. De Soto ya había declarado como primer ministro e incluso tenía una agenda prevista. Sin embargo las negociaciones para la conformación del gabinete se complicaron, surgieron diferencias sobre los nombres que lo integrarían y sobre el margen de acción que tendría el Ejecutivo. Finalmente, De Soto no llegó a juramentar. A poco del inicio del acto de asunción, trascendió la noticia de que el cargo lo ocuparía la economista Denisse Miralle, ministra de Economía durante la gestión del destituido José Jerí, una figura más afín con el oficialismo y con la izquierda. Entre este episodio y los antecedentes de Balcázar, cualquier voto de confianza al nuevo gobierno, quedó enterrado.

TRASFONDO. José María Balcázar llegó a la presidencia interina para completar el período tras la destitución de José Jerí. El flamante mandatario se identifica con el sector de Pedro Castillo, quien fue electo por la ciudadanía para este mandato pero acabó tras las rejas luego de ensayar un fallido golpe de Estado en 2022. Su lugar fue ocupado por Dina Boluarte, quien se desempeñó en el cargo hasta octubre de 2025, cuando fue destituida por el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. Por sucesión constitucional asumió José Jerí, pero tampoco logró cumplir el período. El 17 de febrero también fue removido por el Congreso. Finalmente el Parlamento eligió a José María Balcázar para ocupar el sillón del Palacio de Pizarro hasta que asuman las autoridades que resulten electas en las próximas elecciones nacionales de abril.

Cuando Balcázar comenzó a definir el nuevo gabinete, arrancó la novela que tuvo como protagonista a Hernando de Soto, el economista liberal que casi fue primer ministro.
Concluido el episodio De Soto afirmó que había sido engañado. “Todos fuimos engañados y yo fui el primero”, escribió De Soto en un comunicado.

LA VOZ LOCAL. Y una vez más viajamos a Lima en busca de la palabra de José Beteta. Ahora para que nos ayude a entender qué hay detrás de esta designación nunca concretada. “Este capítulo se titula ´El Estado peruano tomado por un empresario muy sospechoso´. Se llama César Acuña, postula a la presidencia y tiene copados 6 o 7 ministerios, en los que pone a su gente. Gente muy ignorante y probablemente corrupta. Balcázar quiso darle seguridad a la derecha peruana al designar a Hernando de Soto. Pero después que lo anunció, en esas primeras 24 horas, todos sabíamos que algo iba a pasar. Es que nunca se terminó de confirmar que De Soto sería el primer ministro. Primero lo anuncian y De Soto confirma que iba a aceptar. Horas después dicen que no, luego que sí otra vez y finalmente lo dejaron con el fajín puesto, esperando en su casa la llamada para ir al Palacio de Gobierno. El que sí lo llamó fue César Acuña. ¿Por qué? Porque como Acuña fue quien puso a este personaje en el poder, no podía aceptar que Hernando de Soto le quitara sus ministros. Entonces lo llamó para negociar. Pero De Soto nunca le contestó la llamada, Y al no hacerlo, se cerró las puertas del Palacio de Gobierno y le dejó el poder a Acuña. Al no contestar y negociar, que hubiera sido lo mas inteligente, Acuña dijo “chau pescado”, y puso a Denisse Miralles, que es una técnica decente pero que va a ser manejada por el populismo y por los partidos políticos que están detrás. Y el gabinete es un gabinete donde la mitad es de César Acuña, sin ningún límite. Entonces, este capítulo de la historia es: Hernando de Soto fue un títere de César Acuña. El Estado peruano está siendo manejado por este personaje.”

El reciente gobierno de Bolivia, con apenas meses de asumido, se encuentra en medio de una crisis terminal entre el presidente Rodrigo Paz, y su vice, Edmand Lara. Ya desde la campaña electoral los analistas anticipaban un futuro complejo para la alianza entre un político tradicional y de ideas conservadoras, con su compañero de fórmula. Este un ex policía con discurso populista, y dedicado más a las redes sociales que a los planes de gobierno. Días atrás, Paz promulgó un decreto supremo con el que modifica la estructura de la Vicepresidencia del Estado, eliminando ciertas funciones administrativas y limitando sus acciones a tareas de coordinación legislativa y asesoramiento jurídico.

Esta medida, que reduce la autonomía administrativa de la Vicepresidencia, fue cuestionada por el vicepresidente Edmand Lara, quien la calificó como “un duro golpe a la democracia”. “Hoy relegan al vicepresidente a la última expresión, destrozan la estructura de la Vicepresidencia y me ponen bajo dependencia del Ministro de la Presidencia, un ministro puesto a dedo y no mediante voto democrático como ha sido mi persona”. “Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo (ministro de la Presidencia). Lamentable la situación, no la esperaba”.

TRASFONDO. A poco más de cien días de gobierno, el quiebre en la relación parece haber llegado a un punto sin retorno. Poco después de la posesión, Lara se quejó de que Paz lo excluía de la toma de decisiones clave y calificó como inconstitucionales algunas determinaciones del gabinete. A través de videos publicados en TikTok, el vicepresidente también criticó a Paz, llamándolo “mentiroso”, “cínico” y acusándolo de no cumplir promesas de campaña o de gobernar solo “para los ricos”. El expresidente Jorge Quiroga calificó como una falta de respeto institucional las constantes disputas públicas dentro del Gobierno. Afirmó que los enfrentamientos verbales entre las principales autoridades del Estado generan desgaste político y distraen la atención de los problemas centrales del país. En su criterio, las controversias internas ya resultan reiterativas para la ciudadanía.

La disputa es importante, porque se trata del primer gobierno no socialista tras más de 20 de experimento indigenista del MAS, el partido de Evo Morales, que dejó al país en una severa crisis económica. De hecho, los analistas que ya anticipaban una crisis entre Paz y Lara, creen que Morales se ha mantenido en relativa calma, esperando una implosión interna en el gobierno. Sin embargo, encuestas recientes parecen mostrar que el presidente mantiene su apoyo político, mientras que Lara se ha derrumbado.

El presidente conserva una aprobación del 65% en el eje central del país, frente a apenas un 20% de respaldo al vicepresidente, una diferencia que evidencia no solo dos estilos políticos contrapuestos, sino también el impacto concreto de la imagen de cada uno de los mandatarios ante la sociedad. De acuerdo con el estudio, el 68% de los encuestados considera que el país va en la ‘dirección correcta’, un dato que se traduce directamente en la valoración positiva del jefe de Estado, incluso después de decisiones impopulares como la eliminación de la subvención a los combustibles.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció de manera sorpresiva esta semana. Saab estuvo 9 años al frente del Ministerio Público. Desde allí, fue arquitecto de la peor etapa represiva del chavismo. Como fiscal comandó el secuestro de personas de sus casas tras delaciones, las detenciones por posts en redes sociales y la represión transnacional. El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Saab fue designado por mayoría calificada como defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó anteriormente. "Es una burla que (...) el responsable de la persecución de la judicialización ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo", dijo al término de la sesión el parlamentario opositor Henrique Capriles.

PRESOS POLÍTICOS. “No hay presos políticos” en el país, los detenidos son “gente que quemó, que atacó, que amenazó y agredió”, decía Nicolás Maduro en 2024. Sin embargo este martes, la liberación de 179 presos políticos en Venezuela dio una muestra más de la enorme cantidad de ciudadanos que el régimen chavista mantenía en prisión por oponerse a su tiranía. La excarcelación se concretó tras la aplicación de la nueva Ley de Amnistía, aprobada y promulgada el 19 de febrero, que permite el sobreseimiento o anulación de causas penales a personas detenidas por razones políticas. Quienes optaron por adherirse al beneficio pudieron presentar sus casos ante los tribunales para que estos dictaminara. De esa manera se comenzaron a otorgar libertades completas en los días siguientes a su entrada en vigor.

Desde la promulgación de la ley, el sistema judicial ha recibido más de 4.200 solicitudes de amnistía, lo que pone en un aprieto a todos los aliados ideológicos al gobierno de Maduro, que durante años aseguraron que en Venezuela no había dictadura ni presos políticos. La realidad está a la vista. Los presos por pensar diferente se cuentan por miles.
Aún con todas las liberaciones constatadas, todavía hay centenares de presos políticos que permanecen en la cárcel, muchos de ellos sin acceso a la amnistía por trabas judiciales o exclusiones de la ley.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y reconocido centro de detención y tortura del régimen, continua funcionando. Símbolo negro de la más cruda represión, no ha sido desmantelado ni transformado. En su interior, decenas de presos por causas consideradas políticas, aún ven sus días transcurrir desde atrás de los barrotes, mientras sus familiares denuncian demoras en la aplicación de la amnistía, falta de información oficial y condiciones de reclusión nefastas.

TRASFONDO. Durante la última década, y en especial tras las grandes protestas de 2014, 2017 y el fraude electoral de 2025, el gobierno chavista fue denunciado por organismos como la ONU y Human Rights Watch por desarrollar una política de represión contra sus opositores. Detenciones arbitrarias, abusos en manifestaciones callejeras, torturas y tratos inhumanos en las prisiones, se aplicaban de manera sistemática en la cuna del Socialismo Siglo XXI. Dirigentes opositores fueron inhabilitados o encerrados bajo cargos disparatados y juicios sin garantías, mientras que los medios de información que se atrevieron a criticar, fueron restringidos o clausurados.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor