¡Buenos días! O tardes, según en qué lugar del continente se encuentre el lector. Hoy le enviamos este resumen informativo desde Madrid, donde acudimos a una conferencia bancaria en medio de la cual nos enteramos del estallido de una feroz crisis financiera y política en Paraguay, que se “llevó puesto” al propio presidente del país. Un país que no suele figurar en las noticias globales, pero cuyo caso le explicamos todos los detalles. Hablando de Madrid, si se encuentra en esta ciudad el próximo día 10 habrá un evento imperdible organizado por el Archbridge Institute y la Fundación Internacional para la Libertad, titulado “La libertad y la evidencia”. Puedes inscribirte en este correo electrónico [email protected]. Pero tras semanas de hablar sin pausa de Brasil, hoy decidimos darle una tregua al tema, mientras esperamos hablar con calma con alguna voz experta local para que nos explique más detalles de esa elección que conmueve a América Latina. Igual, algún detalle del escape de Flavio Bolsonaro le vamos a contar. También viajaremos a Bolivia y a Colombia, así como le contaremos de la reunión entre Marco Rubio y el nuevo canciller venezolano, donde se habló de las próximas elecciones. ¿Serán el año que viene?

El derrumbe de uno de los principales bancos de Paraguay, ha generado una ola de pánico en el país, que se ha llevado a su paso al presidente del país. Santiago Peña anunció la tarde del jueves que presentaba su dimisión, en medio de un escándalo de consecuencias imprevisbles, no solo para su país.

Todo comenzó la madrugada del pasado martes, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención del banco digital Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, en una crisis que dejó congelados fondos del Estado y los ahorros de millones de clientes particulares y jubilados, que amanecieron sin poder usar sus tarjetas, ni acceder a su dinero.

Ueno es uno de los principales bancos del país y, según sus propias cifras, tiene 3 millones de clientes, lo que equivale a un 60% de la población adulta de Paraguay. Gestiona más de US$800 millones de dinero público, lo que incluye alrededor de US$380 millones invertidos por el fondo estatal de pensiones. Con estos datos es fácil imaginarse el impacto de esta crisis en la población y en la economía del país. Pocas horas después, el presidente Santiago Peña pedía la renuncia al presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y envió al parlamento una ley para ejecutar el llamado “Fondo de Garantía”, que asegura la devolución a los depositantes de un monto de hasta US$ 38 mil. Para el resto, habrá que esperar hasta la disolución de la entidad y ver su liquidez. Pero eso no fue suficiente para aplacar el escándalo, y poco después debió renunciar, tras el pedido de juicio político apoyado por su propio mentor, el ex presidente Cartes. Esta nota plantea algunas versiones sobre lo que ocurrió tras bambalinas.

CRISIS POLÍTICA. La crisis política vinculada a este banco perseguía a Peña desde su asunción en 2023. Ya en aquel entonces hubo rumores y conflictos, cuando Peña nombró como presidente del Banco Central a Cavallo, quien había sido hasta entonces un alto ejecutivo de ese mismo banco. Desde entonces, y ante las recurrentes versiones de que la institución tenía serios problemas, Peña negó todo, y afirmó que se trataba de una campaña mediática impulsada por uno de los principales empresarios del país, y dueño del mayor congloremado de medios. En ese período, se produjo una mayor concentración de fondos estatales en el banco, que ahora se encuentran en pleno debate. Además, Ueno Bank pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial con el que el presidente Peña mantuvo vínculos societarios hasta marzo de 2025.

Santiago Peña ha sido desde su asunción uno de los mandatarios más elogiados de la región, un presidente joven dinámico, y con bagaje técnico y financiero ya que él mismo fue funcionario durante una década del Banco Central hasta integrar su directorio. También fue ministro de Hacienda y funcionario del FMI.

POR QUÉ ME IMPORTA. Más allá de que las crisis bancarias suelen comenzar en un banco, y luego proyectar una desconfianza letal al resto del sistema, en el caso actual la misma puede tener un impacto regional. En los últimos años, Paraguay ha sido el gran modelo de crecimiento en el continente, atrayendo inversiones de capitales de varios países de la región. Debido a sus bajos impuestos, población joven y dinámica, y abundancia de energía, también la influencia de Paraguay ha trascendido fronteras en estos años. La gran duda es hasta dónde llegará esta crisis financiera en el país, y si tendrá el potencial de expandirse a otros países de la región.

El secretario de Estado americano, Marco Rubio, se reunió esta semana en Washington con el canciller venezolano Oliver Blanco, donde hablaron sobre los avances en las conversaciones de reconciliación y las reformas institucionales para unas "elecciones libres, justas y creíbles". El encuentro, el primero del nuevo jefe de la diplomacia venezolana con autoridades de EE.UU., ha intensificado la presión sobre el Gobierno interino y los grupos de la oposición para acelerar los preparativos de unas elecciones que podrían celebrarse el próximo año.

El diálogo ocurre con el trasfondo del reciente regreso a Venezuela de la principal líder opositora, María Corina Machado, y la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ambos hechos parecen apurar el proceso de transición en Venezuela, que divide al gobierno estadounidense entre quienes apoyan la situación actual y quienes, como Rubio, buscan acelerar la transición política en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

"El secretario Rubio instó a que continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela", indicó el Departamento de Estado, poniendo énfasis en uno de los elementos más sensibles de la transición. Rubio "reafirmó el plan de tres fases del presidente [Donald Trump] para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática".

QUIÉN ES. Oliver Blanco fue nombrado la semana pasada nuevo jefe de la diplomacia venezolana por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de quienes son considerados por organismos de derechos humanos "presos políticos". Blanco, un político formado en la oposición que no milita en el partido de gobierno, abogó entonces por una política exterior "firme" en lo que consideró una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país. El nuevo jerarca venezolano inició su carrera política en las filas del partido opositor Acción Democrática (AD), donde fue secretario de Organización Juvenil y trabajó cercanamente con Henry Ramos Allup. En 2012 fue jefe de campaña del candidato presidencial Diego Arria.

Blanco también se reunió con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien lo felicitó por su nombramiento y dijo que conversaron sobre la situación en Venezuela y el plan de tres fases del Gobierno de Trump. “Esta administración está comprometida a apoyar la recuperación económica de Venezuela, revitalizar sectores críticos, impulsar la producción energética y reconectar su sector financiero para restaurar la confianza, atraer inversión y sentar las bases para un futuro más próspero”, señaló Bessent.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, huyó del país. “Estoy con mi familia en el exilio”, anunció el propio jerarca, y dio los motivos de su partida. Denunció una persecución política del gobierno de Rodrigo Paz y dijo que teme por su vida. "Sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", agregó. Pero la realidad dice otra cosa. Saucedo anunció que había dejado Bolivia el 4 de noviembre, apenas un día después de que la Fiscalía de Bolivia emitiera una orden de captura en su contra por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Sin embargo, se desconoce su paradero y no hay registro migratorio de su salida.

Algunas semanas antes, fue detenido el exfiscal general Roger Mariaca, también investigado por sus presuntas conexiones con el narcotráfico y luego de que Estados Unidos cancelara su visa. Así, dos de las principales figuras de la justicia boliviana quedaron enredadas en investigaciones que ponen bajo sospecha al propio sistema judicial. Pero no son los únicos. Desde octubre, varios altos cargos del sistema judicial han sido detenidos por supuestos vínculos con el narco.

Bolivia no sale de una crisis que ya se mete en otra. Después de casi 20 años de socialismo Siglo XXI, el cambio de gobierno está levantando la alfombra y algunas cosas que durante mucho tiempo se mantuvieron ocultas, están empezando a aparecer.

TRASFONDO. Múltiples denuncias de interferencia política y falta de independencia marcaron a la justicia boliviana durante las casi dos décadas de gobiernos del MAS. En 2009, la Constitución estableció que las máximas autoridades judiciales fueran elegidas por voto popular, pero dejó en manos del Parlamento la selección de los candidatos. Así, los ciudadanos podían votar, pero los políticos decidían quiénes podían presentarse.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz, que se viene enfrentando a un problema tras otro, asegura que está desmantelando toda una red de corrupción institucional que protegía a organizaciones criminales. Saucedo y Mariaca llegaron a sus cargos durante el gobierno de Luis Arce, en 2024, por caminos diferentes. Saucedo fue elegido por voto popular, entre candidatos previamente seleccionados por el Parlamento, y después sus colegas lo designaron presidente del Tribunal Supremo. Mariaca fue elegido fiscal general directamente por la Asamblea Legislativa, en una votación que sectores de la oposición denunciaron como un acuerdo político para mantener al MAS al frente de la Fiscalía.

El fantasma de la violencia guerrillera vuelve a sobrevolar Colombia. Una seguidilla de al menos 8 atentados terroristas en apenas 23 días dejó un saldo provisional de 7 muertos y más de 30 heridos en distintas regiones del país.

El más sangriento ocurrió el domingo, cerca de las 10 de la noche, en las inmediaciones de una base militar de Planadas, una pequeña localidad del departamento de Tolima. Un grupo armado lanzó una serie de cilindros cargados con explosivos que impactaron una zona residencial y afectaron el hospital municipal. Cuatro personas murieron en el ataque, entre ellas una bebé de dos meses, y otras 18 resultaron heridas. “Nos devolvimos 30 años”, se lamentó un vecino de Planadas, en referencia a los tiempos más oscuros de la violencia guerrillera en Colombia. El Ministerio de Defensa señaló como presuntos responsables a integrantes del frente Gerónimo Galeano, una de las disidencias de las antiguas FARC.

TRASFONDO. La secuencia de atentados comenzó el 12 de octubre, cuando un coche bomba destruyó un peaje en el departamento de Cauca y dejó cinco heridos. La mayoría de los ataques se concentró en esa región del suroeste colombiano, uno de los principales escenarios de la violencia guerrillera y de las disputas por el control de las rutas del narcotráfico. Allí mismo, el 23, un dron disparó contra una embarcación de la Armada, matando a un marino e hiriendo a otros cuatro. El 31, un nuevo atentado destruyó el mismo peaje, mientras que en Algeciras, departamento de Huila, una motocicleta bomba mató a un policía y dejó seis heridos. Al día siguiente, otra moto bomba explotó cerca de un hospital en Balboa, también en Cauca, sin causar víctimas.

El atentado más reciente ocurrió el 4 de noviembre, cuando un camión cargado de explosivos estalló cerca de una estación de Policía en El Estrecho, una vez más en Cauca, dejando un muerto, dos mujeres heridas de gravedad e importantes daños materiales. El presidente Abelardo de la Espriella condenó los atentados y aseguró que no quedarán impunes. “Los vamos a perseguir, los vamos a combatir con toda la fuerza legítima del Estado y los vamos a dar de baja”, advirtió. Además, anunció que intensificará las operaciones contra los grupos armados.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque pasaron 10 años del acuerdo de paz con las FARC y Colombia no ha podido sacarse de encima el gran peso de la violencia guerrillera. La desaparición de la organización como una fuerza unificada no significó el fin de sus actividades ilegales, sino que las disidencias ocuparon los espacios dejados por la antigua guerrilla y continuaron disputándose los territorios y negocios clandestinos.
Los acuerdos no trajeron la paz deseada y De la Espriella va por una estrategia militar dura, como la que aplicó primero El Salvador y a la que luego se fueron sumando otros países como el Ecuador de Daniel Noboa. El cambio de rumbo político en la región ha traído también un cambio en la forma de abordar el problema del crimen organizado.

-El excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, publicó un video en el que declaró que huyó a Estados Unidos por ser víctima de una “persecución”. Entretanto, el Gobierno de Brasil convocó a la encargada de negocios de la Embajada de Argentina para exigir explicaciones sobre el posible papel de ese país en la huida del político.

-Ecuador inicia su cuarto toque de queda del año para contener la violencia a semanas de las elecciones locales. En tanto, la excandidata presidencial Luisa González permanece en prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Desde su sector político cuestionan el proceso y hablan de una "clara persecución política".

-El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que ayudará a los haitianos a "retomar el país", después de que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, afirmara que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en la nación caribeña. "Estamos del mismo lado que ustedes. Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de Dessalines y finalmente, Haití será libre", dijo Bukele.

Martín Aguirre; Director.

Rodrigo Caballero; Editor.