¡Hola! Qué viernes para las noticias en América Latina. Hoy la “receta” informativa que le traemos en Mirada Sur tiene todo tipo de ingredientes. Desde la captura del mayor narco de Ecuador, que vivía escondido en un búnker con piscina, autos eléctricos y salas de juegos, hasta las protestas que saquearon el principal destino turístico de Panamá. También le sumamos la acusación contra el presidente de Costa Rica, y la sanción a bancos mexicanos que roza al ex presidente López Obrador. Pero también le contaremos de una tragedia que ocurrió en Indonesia, pero que ha marcado a la sociedad brasileña durante toda la semana. Una semana donde, además, lamentamos la pérdida de una figura mayor de la música y el cine, el argentino Lalo Schifrin, autor entre otras cosas de la canción de Misión Imposible, y de la banda sonora de películas clásicas de los 70 y 80 como “Harry el Sucio”, o “Bullit”. Como verá, un “menú” informativo muy nutritivo, que vamos a comenzar a servirle sin mayores dilaciones. ¡Ya mismo!

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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acaba de anotarse un triunfo clave en la guerra que libra contra el crimen organizado. Esta semana, en un operativo conjunto ejecutado por el bloque de seguridad integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y agentes de inteligencia, fue recapturado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Ecuador. Jefe de la organización criminal Los Choneros, llevaba un año y seis meses prófugo tras haberse escapado de la cárcel en la que cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. La detención se concretó en la ciudad de Manta, de donde Fito es originario y donde también surgió la organización que encabeza, la más poderosa del país.

Las autoridades lo hallaron en una casa del barrio Costa Azul, donde se ocultaba en un espectacular búnker subterráneo, donde contaba con todos los lujos. El operativo incluyó drones, escáneres, y equipos con perros entrenados para detectar escondites humanos. Duró más de 10 horas y no se disparó ni una sola bala. "Hoy Ecuador respira un poco más tranquilo", declaró el presidente Noboa en conferencia de prensa. Y la frase aplica también para él: esta captura representa una buena bocanada de oxígeno para el Presidente, que puede mostrar resultados concretos en su lucha contra el crimen.

TRASFONDO. Fito, de 45 años, había fugado el 7 de enero de 2024 de la cárcel Regional de Guayaquil. Su huida marcó el colapso del control del Estado sobre las cárceles y el avance del narco en las instituciones. Además, desató una ola de violencia inédita: motines simultáneos en al menos siete cárceles, secuestros, atentados y asesinatos que dejaron al país al borde del colapso institucional. Se dice que Fito tenía el control total de las cárceles ecuatorianas. Y que desde allí dirigía las acciones de los Choneros, una banda vinculada al Cartel de Sinaloa, dedicada no sólo al narcotráfico sino también al sicariato, extorsión y tráfico de armas. Hoy, su caída deja un vacío de poder que preocupa. Cuando cuando un líder de este calibre cae, las disputas por el liderazgo y el control de los territorios, suelen ser sangrientas.

EXTRADICIÓN. Tras su detención, Macías fue trasladado a La Roca, la prisión de máxima seguridad de la cual también supo fugarse en el pasado. En 2011, cuando lo condenaron por primera vez por narcotráfico, fue recluido en ese mismo penal. Eran los tiempos de inauguración de La Roca, el complejo carcelario más grande de la región, al que las autoridades llamaban la cárcel más segura de América del Sur. Allí lo encerraron junto a otros miembros de Los Choneros, que en ese entonces eran una pequeña banda que le brindaba custodia a los carteles mexicanos que empezaban a establecerse en Ecuador. Fito escapó, junto a otros 17 presos, por la puerta principal. Esta nueva estadía en La Roca, sin embargo, promete ser breve. Washington ya activó el proceso de extradición. Fito está acusado por siete cargos federales relacionados con tráfico internacional de drogas y crimen organizado. El Departamento de Justicia de EE.UU. lo vincula a una red que abastecía grandes cantidades de cocaína desde los puertos ecuatorianos.

Bocas del Toro es uno de los principales destinos turísiticos de Panamá. Sin embargo, esta semana no fue noticia por sus espectaculares playas y hoteles de lujo, sino por una ola de protestas sindicales, que generaron violencia y destrucción. Más de 300 detenidos y 14 agentes de la Fuerza Pública (FP) de Panamá lesionados es el saldo de la revuelta, supuestamente en contra de una reforma a la seguridad social vigente. A tal punto llegó la violencia, que el presidente José Raúl Mulino debió declarar "estado de urgencia" en la provincia, que es además el principal polo de producción de banano del país.

Los disturbios en la región comenzaron hace un mes, cuando el sindicato local de trabajadores bananeros se unió a una protesta nacional, contra la propuesta de recortar las pensiones, y declaró una huelga. Ya en marzo habían ocurrido incidentes similares en otros lugares del país ante la reforma, que busca atacar el problema del déficit de US$650 millones en las pensiones de los trabajadores.

En Bocas del Toro, los trabajadores bananeros se unieron para manifestar contra las reformas a la seguridad social. La confrontación se intensificó el mes pasado después de que la empresa Chiquita Brands despidiera a miles de empleados que se habían declarado en huelga. La compañía aseguró que, luego de 24 días de paro, sufrió pérdidas de US$75 millones y que había "daños irreversibles en la producción".

Para tener una mirada local de lo que sucede en Panamá, contactamos al buen amigo de Mirada Sur, Surse Pierpoint, reconocido líder gremial y empresarial del país. Don Surse nos explicaba que en buena medida la reforma de la seguridad social ha sido tomada por algunos actores y agitadores sociales, para presionar a un gobierno que se percibe como débil. Sin embargo, el presidente Mulino se ha mantenido firme, y empujado con reformas económicas que son clave para un país que tiene profundos problemas económicos y financieros.

POR QUÉ ME IMPORTA. Panamá no es el primer país donde grupos de izquierda, que aglutinan a sindicatos, integristas ambientales, y sectores que se atribuyen la representatividad de grupos indígenas, buscan presionar en las calles a gobiernos democráticos para condicionar su funcionamiento. Una estrategia que se ha demostrado efectiva para paralizar a gobiernos débiles, en tiempos en que las redes sociales y el caos informativo, llevan a que la opinión pública sea muy maleable.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con inusitada furia esta semana tras la sanción de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. "No somos piñata de nadie", dijo llamativamente molesta Sheinbaum, quien reconoció que hace algunas semanas recibió un "informe confidencial" de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Sin embargo, dijo no haber recibido las pruebas necesarias para justificar la sanción.

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero. Con pruebas contundentes", exigió Sheinbaum. "Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. A México se le respeta", remató.

Según el reconocido periodista mexicano Carlos Loret de Mola (Gracias Guillermo por el aviso), el trasfondo es que varios de los jerarcas de los bancos sancionados, tienen contactos muy cercanos con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum. Por ejemplo, una de las entidades financieras sancionadas es la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador. Al punto que algunos analistas locales se preguntan si no se trata de un mensaje directo de Washington hacia AMLO.

Loret de Mola ha dicho que esta nueva revelación se suma a una serie de declaraciones adversas desde el entorno político estadounidense. Recientemente, Pam Bondi, fiscal ligada al expresidente Trump, incluyó a México en la lista de “enemigos” de EE.UU. junto con Irán, Rusia y China. Y antes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Trump, acusó a Claudia Sheinbaum de alentar protestas violentas de migrantes en Los Ángeles.

TRASFONDO. El dinero que surge del tráfico de drogas ilegales es enorme. Sólo en México, algunos lo estiman en más de US$150.000 millones al año, sin contar lo que se genera por extorsión, contrabando y robo, además del lavado en inversiones legales. Ese dinero debe ser canalizado de alguna forma hacia carriles legales, y muchos creen que esa podría ser la parte más débil de la cadena de funcionamiento del narco mexicano.

La Fiscalía General de Costa Rica acusó esta semana al presidente Rodrigo Chaves, a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco y a tres diputados más por un presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022. El Ministerio Público les atribuye la comisión de presuntos delitos electorales. Según comunicó la Fiscalía, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.

La noticia fue primero denunciada por el diario local La Nación, pero a las autoridades les llevó tres años la investigación, casi todo el período de gobierno de Chaves.

La acusación, que lleva la firma del fiscal general, Carlo Díaz, sostiene que “existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e, 275 inciso a y b del Código Electoral. Ahora, la Corte deberá conocer la acusación y decidir si pide al Congreso "el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados", quienes arriesgan penas de entre dos y cuatro años de prisión, según el Código.

El mandatario reaccionó con dureza ante la acusación. “Vinimos a cambiar las reglas del juego, a devolverle a la gente una de las tres patas del Estado, se los aseguro con el corazón en la mano y sin temor a las amenazas de Carlo Díaz y las absurdas denuncias que me hace”, declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Chaves, un economista conservador de 64 años, exfuncionario del Banco Mundial, no puede aspirar a la reelección, pero políticos cercanos no descartan que busque un escaño legislativo, ya que mantiene un alto nivel de popularidad. Sin embargo, el mandatario ha mantenido permanentes conflictos con la prensa, y con otras instituciones del estado, como el Tribunal Supremo de Elecciones, al que recientemente acusó de imponerle una “mordaza”, para evitar hablar de sus logros políticos, justo cuando el país comienza a palpitar el período pre electoral de cara a los comicios del 2026.

Esta es la segunda acusación que la Fiscalía General presenta en la que está involucrado el presidente Chaves y en la que solicita el levantamiento del fuero para investigarle. La otra acusación fue presentada el pasado 7 de abril por concusión (un delito contra los deberes de la función pública), en relación a contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La noticia de la muerte de una joven tras caer accidentalmente en la boca de un volcán en Indonesia, donde permaneció con vida por al menos cuatro días, generó conmoción en Brasil, donde la opinión pública siguió minuto a minuto la situación cual si fuera un “reality show”. Para muchos, las autoridades del país asiático no actuaron como pedía la situación y son acusadas de negligencia e irresponsabilidad.

Según el testimonio de algunos escaladores voluntarios que se acercaron al lugar para brindar apoyo, la negligencia existió. También “indiferencia hacia la vida humana”. Incluso la familia de la joven accidentada denunció que los videos y reportes que mostraban supuestos rescates eran tan solo una puesta en escena y se difundieron cuando no había una misión real en curso. Por su parte, Itamaraty, la Cancillería del gigante sudamericano, también criticó, aunque de forma vedada, la respuesta de las fuerzas locales. En un comunicado oficial expresó preocupación por “comunicación inconsistente o tardía” de las autoridades, quienes informaron de manera equivocada que la mujer estaba recibiendo agua y comida cuando en realidad seguía atrapada sin asistencia en el interior del volcán. Varios funcionarios de la sede diplomática brasileña en Yakarta, participaron de las tareas de búsqueda, tanto en el lugar del accidente como a nivel burocrático en la capital indonesia, sin poder evitar el trágico desenlace. Cuando un ciudadano desaparece, sufre un accidente en otro país o fallece, el caso se considera un asunto de Estado y se pone en marcha un mecanismo de suma importancia. Es la llamada diplomacia de emergencias, la cual, en este caso, parece haber fallado.

QUÉ PASÓ. El 21 de junio, Juliana Marins formaba parte de una expedición que realizaba una travesía por el volcán Rinjani, en la isla de Lombok, vecina menos célebre de la popular Bali. Cuando estaban cerca de alcanzar la cima, a casi 4 mil metros de altura, el terreno cedió bajo los pies de la joven y su cuerpo cayó deslizándose por una empinada ladera interna del cráter. Se detuvo unos 400 metros más abajo, en una zona imposible de acceder a pie. Los gritos de Juliana alertaron al resto de la expedición, que de inmediato dio aviso a las autoridades. No obstante, según trascendidos, la respuesta fue tardía. Tuvieron que pasar más de 72 horas para que la intervención efectiva se pusiera en marcha. Recién entonces, seis equipos de búsqueda, drones, helicópteros y un comando de alpinistas expertos, entraron en acción. Pero ya nada pudieron hacer. Lo escabroso del terreno, sumado a las inclemencias climáticas, densa niebla y fuertes vientos, hicieron que todos los esfuerzos resultaran estériles. Juliana estuvo cuatro días en el cráter. Sola. Sin agua ni comida. Sin ningún tipo de asistencia. Cuando los socorristas finalmente pudieron llegar hasta ella, varios cientos de metros más abajo de donde se había detenido luego de la caída, la encontraron sin vida.

QUIÉN ERA. Juliana Marins era una periodista de 26 años nacida en Niteroi, una pequeña ciudad costera del estado de Río de Janeiro. Llevaba adelante una cuenta de Instagram con más de 300 mil seguidores, a través de la cual compartía su pasión: viajar por el mundo. Su último destino fue el sudeste asiático. Hacía más de dos meses que había dejado Brasil con una mochila a la espalda y ese espíritu aventurero que era el motor de su vida. Estaba recorriendo la región en soledad. Ya había visitado Filipinas, Vietnam, Tailandia y completaría el recorrido en Indonesia, donde acabó encontrando la muerte. Durante los días que Juliana pasó en el cráter, su hermana creó una cuenta de Instagram mediante la cual informaba los adelantos de la búsqueda. Llegó a reunir 1,5 millones de seguidores, quienes ahora exigen, conmovidos, una explicación de lo sucedido.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor

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