Viernes… día de Mirada Sur, el resumen esencial de noticias para entender lo que pasa en América Latina. Un resumen que esta semana nos llevará de viaje por Brasil, donde se recalienta el clima electoral. Por Chile, donde el flamante presidente Kast ha tomado una medida que genera fuerte polémica. Por Perú, por Venezuela, y hasta cerramos con un caso que deja en evidencia las consecuencias de ciertos excesos regulatorios, que se leen muy bien en el papel, pero alimentados por el chauvinismo y las rivalidades nacionales, llevan a consecuencias negativas. A último minuto, llega la noticia de la destitución del Fiscal General de Honduras, algo que nuestras fuentes nos dicen tiene una relevancia mayúscula, y que analizaremos a fondo en la próxima entrega de Mirada Sur.

Como lo hemos repetido hasta el hartazgo en Mirada Sur, las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, tendrán un impacto mayúsculo en todo el continente. Es que Lula da Silva no solo es el presidente de ese país, sino que ocupa un rol como líder máximo de la izquierda regional. Y no ha sido una buena semana para el mandatario brasileño, ya que por primera vez una encuesta lo muestra perdiendo en segunda vuelta con el hijo de su archienemigo y predecesor, Jair Bolsonaro. Según el sondeo realizado por AtlasIntel para Bloomberg News, el senador Flavio Bolsonaro, de 44 años, obtendría el 47,6% de los votos frente al 46,6% de Lula. En apenas semanas desde que se confirmó que el hijo mayor del clan Bolsonaro sería el desafiante por la derecha al presidente Lula, el senador ha tenido un ascenso vertiginoso, que ha sepultado toda chance de una “tercera opción”.

Esto es clave, porque en una campaña polarizada entre dos figuras tan distintas, y en medio de un clima político enrarecido por el mega escándalo bancario del Banco Master, y con una economía con luces amarillas, los analistas creen que las chances de un cambio de gobierno crecen exponencialmente con cada encuesta.

LIBERADO. En tanto, esta semana el Tribunal Supremo de Brasil otorgó al ex presidente Bolsonaro el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de que varios episodios médicos hicieran incluso temer por su vida. Condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado Alexandre de Moraes, responsable del caso. La última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable por su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

El todopoderoso juez De Moraes, el mismo que llegó a cerrar la red social Twitter por varias semanas en Brasil, y que mantiene una supervisión única en el mundo del debate público en ese país, se encuentra bajo máxima presión por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro. Como hemos narrado en varias ocasiones en Mirada Sur, el escándalo por la quiebra del Banco Master, mantiene en vilo a todo el sistema político y legal de Brasil, algo que se ha agudizado en las últimas horas, con las versiones de que Vorcaro alcanzaría un acuerdo de “delación premiada” con la Fiscalía.

Por todo eso, los próximos meses serán de máxima tensión en Brasil, a medida que se acerca la elección presidencial de octubre.

El nuevo presidente chileno, José Antonio Kast retiró el apoyo oficial de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. La exmandataria chilena había sido postulada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, en conjunto con México y Brasil, en febrero. "La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillería chilena. Durante la campaña electoral, Kast ya dejó entrever que no le convencía la candidatura de Bachelet. Ambos se reunieron de forma reservada hace unos días, y se entiende que allí Kast le anticipó su decisión.

Pese a no contar con el apoyo de Chile, la expresidenta todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de México y Brasil. Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués António Guterres, quien concluye su período el 31 de diciembre de 2026. La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo. Fue directora de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada para Derechos Humanos (2018-2022). En función de una norma no escrita de rotación por continentes, se entiende que el sucesor de Guterres debería ser un latinoamericano. Los candidatos que suenan con más fuerza son el argentino Rafael Mariano Grossi, que actualmente dirige la Agencia Internacional de Energía Atómica, y la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

TRASFONDO. La decisión del ex presidente Boric de proponer el nombre de Bachelet el pasado 2 de febrero, generó ya entonces molestia en el entorno del presidente electo Kast. Al parecer, esa propuesta no fue consultada previamente, pese a que el lanzamiento formar de la misma debería ser bajo el nuevo gobierno. La determinación generó malestar en la administración entrante, al punto que el entonces presidente electo dijo: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”. En momentos en que el continente parece tener un giro fuerte a la derecha, y cuando la administración Trump pone más su ojo en la región, el impulso a una dirigente socialista, apoyada por los dos presidentes de izquierda más contrarios a la actual adiministración americana, ponía al gobierno de Kast en una situación muy difícil.

Más allá de eso, Bachelet es una figura que genera fuerte rechazo en los sectores que no son de izquierda en Chile. En particular se considera que la gestión Bachelet, sobre todo en su segundo mandato, fue sectaria, excluyente, y mucho más orientada hacia la izquierda. De hecho, muchos creen que el inicio del proceso de estancamiento económico que padece ese país, comenzó por medidas de Bachelet que espantaron a las inversiones.

Venezuela vuelve a Washington. Esta frase, que durante mucho tiempo pareció imposible, empieza a hacerse realidad con el envío de una delegación diplomática desde Caracas a los Estados Unidos. Se trata del primer paso hacia la restauración de una relación que llevaba 7 años interrumpida y que ahora, con las nuevas condiciones que dejó la captura de Nicolás Maduro, comienza a activarse. “Es el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo entre nuestros Gobiernos”, dijo la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Venezuela busca así volver a instalar su representación en la potencia del norte y retomar las vías formales de diálogo. Los objetivos prioritarios son atender la diáspora y recuperar presencia institucional. Pero también hay un trasfondo político y económico. Caracas intenta iniciar una negociación que permita suavizar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, las cuales limitan la puesta en marcha del país tras los oscuros años del régimen de Maduro. A Venezuela le urge recomponer su industria energética, saqueada durante los tiempos del chavismo, volver a atraer inversiones y reinsertarse en el sistema financiero mundial. Pero para lograrlo, antes debe librarse de las sanciones. Una buena limpieza interna de los cuadros que habían sido fieles a Maduro es parte de la estrategia en ese sentido.

De todos modos, la tensión todavía existe y es necesario reconstruir la confianza. Este acercamiento parece ser un primer paso hacia esa meta.

TRASFONDO. Lo que realmente generó el acercamiento entre Caracas y Washington fueron los cambios en la política exterior venezolana. Bajo presión de la Casa Blanca, la presidenta Rodríguez desplazó a Samuel Moncada de la representación ante la ONU, tras 10 años en el cargo, y en su lugar designó a Coromoto Godoy, hasta entonces ministra de Comercio Exterior. Se trata de un cambio relevante porque separa del gobierno a nombres que vienen del esquema anterior y busca armar un nuevo equipo diplomático en línea con la nueva etapa el país. La diplomacia venezolana, que venía funcionando al servicio del discurso de confrontación madurista, busca con estos cambios asumir una línea más pragmática que le permita negociar con Washington.

Desde que el dictador que conversaba con pajaritos fue arrestado en enero, el gobierno interino encabezado por Rodríguez ya suma 15 cambios en el gabinete ministerial. Los más notorios fueron los del ex Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la destitución del que era considerado el testaferro de Maduro, Alex Saab como ministro de Industrias.
A esto se suma el impulso de reformas económicas para una mayor apertura al capital privado y una ley de amnistía para los presos políticos.

MADURO. Mientras el regimen venezolano mira hacia el futuro sin contar con él, Nicolás Maduro debió comparecer esta semana ante una corte americana. El ex gobernante venezolano regresó este jueves a un tribunal de Nueva York para intentar que se desestime la acusación por narcotráfico en su contra, entre una disputa sobre los honorarios legales. Pese a que el juez cuestionó las razones del Gobierno estadounidense para bloquear el uso de fondos de Caracas para su defensa, indicó que no desestimará los cargos contra el exmandatario por ese motivo.

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. En su primera comparecencia el pasado 5 de enero, se declaró "inocente".

Latinoamérica es una cantera inagotable de historias empapadas de realismo mágico. Y trágico. La que le vamos a contar hoy ocurrió esta semana en la capital peruana, en plena recta final a las elecciones presidenciales, y encuadra perfectamente dentro de esas categorías. El candidato a diputado peruano por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue hallado muerto en el distrito limeño de Chorrillos, en circunstancias todavía confusas. No hay certezas, pero sí versiones que chocan de frente. Según declaró Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el mismo partido, Infante fue “asesinado a ladrillazos, de manera brutal”. Y denunció que existe un móvil político detrás del supuesto crimen.

Del otro lado, vecinos del lugar aseguraron que el dirigente había pasado la tarde bailando y “bebiendo un montón” en una fiesta de cumpleaños a pocos metros de donde fue encontrado. Qué más tarde lo vieron tendido en la calle, inconsciente, y que su fallecimiento ocurrió poco después en el hospital al cual fue trasladado. Una mujer que lo asistió en el momento, dijo a un canal de la televisión local que lo había encontrado “tirado” y “mareado”, y que no había visto heridas sangrantes ni signos de haber sido golpeado con un ladrillo. La mujer, que lo conocía del barrio, lo traslado en una moto junto con otros vecinos hasta el nosocomio. Luego se comunicó con su esposa, a través de la cual supo que “estaba mal del corazón, y no podía tomar”.

La Policía Nacional, por su parte, informó que por el momento no existe evidencia de la intervención de un “agente externo”, como un arma blanca o un ladrillo, y que el caso se investiga como una “muerte sospechosa”. Pese a todo, Paz de la Barra insistió en que su correligionario fue víctima de un homicidio y que “Ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego, sino que iba a sufrir”. También aseguró que otros integrantes del partido recibieron amenazas que no fueron denunciadas a la policía.
Mientras tanto, la investigación sigue en curso para determinar las causas de la muerte.

TRASFONDO. Gilbert Infante, de 55 años, era abogado y candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, una agrupación política cuyo eje central es la seguridad. En un país golpeado por el avance del crimen organizado y la sensación de inestabilidad, con presidentes que no terminan su mandato y una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones, el espacio propone medidas radicales como la ambiciosa promesa de terminar con la criminalidad en 100 días. En ese contexto, las afirmaciones de Paz de la Barra no suenan descabelladas. Al mismo tiempo, el perfil del propio Infante abona la polémica. Informes policiales revelaron que poseía varios antecedentes por porte de arma, conducción en estado de ebriedad, violencia contra la mujer y una denuncia grave por extorsión.

* Finalmente PNP confirmó que Gilbert Infante murió por infarto y descartó homicidio.

En enero de este año, un grupo de turistas argentinas que disfrutaba sus vacaciones en Río de Janeiro, protagonizó un picante episodio con los trabajadores de un restaurante. En medio del intercambio, Agostina Páez, una de las turistas, ensayó un gesto imitando a un mono. Alguien lo filmó con un celular y el video corrió como reguero de pólvora en las redes sociales, convirtiendo un episodio menor en un escándalo binacional.

En Brasil, el racismo es un delito considerado crimen contra la humanidad y se castiga con penas severas. Así, Páez, una abogada de 29 años, quedó expuesta a una condena de hasta 15 años de cárcel. Mientras tanto, los hombres brasileños que participaron en la discusión no recibieron ningún tipo de sanción. S bien realizaron gestos sexuales explícitos como tomarse los genitales, a nadie le pareció relevante, como si existiera un indignómetro donde el racismo ocupa el nivel máximo de gravedad y lo demás queda en segundo plano. La cobertura mediática del incidente fue masiva. Las opiniones indignadas, de un lado por lo inaceptable del gesto y del otro por la sobredimensión del hecho, nutrieron de material a los medios informativos y de chimentos durante semanas.
La acusada fue impedida de regresar a su país. Quedó retenida en Brasil hasta que se resuelva su situación judicial y pasa los días encerrada en un hotel, recibiendo amenazas.

TRASFONDO. El gesto de la abogada argentina tiene un simbolismo más pesado de lo que parece a simple vista. Tanto en Brasil como en el Río de la Plata, la palabra “macaco” (mono, en portugués) viene de lejos en el tiempo. En Argentina y Uruguay fue empleada durante el siglo XIX como un insulto al enemigo brasileño en épocas de conflictos regionales. Pero en Brasil toca el botón del racismo y revive su pasado esclavista. Esa diferencia de significado es necesaria para entender por qué lo que para algunos puede parecer un insulto más, para los brasileños es una ofensa imperdonable. El contexto reciente colaboró a echar leña al fuego. Brasil viene de años en los que el problema del racismo ocupa el debate público. Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, ha protagonizado algunos episodios de esta naturaleza que elevaron el nivel de sensibilidad. Además hubo decisiones judiciales que marcaron una línea clara de la Justicia. No hace mucho, una aficionada fue condenada a prisión por arrojar una banana a un jugador en un estadio.

A todo esto se suma el clima político regional. En la Argentina de Javier Milei impera una lógica de pensamiento que desconfía de la sensibilidad predominante en el Brasil de Lula. Pero aún con gobiernos de izquierda, ya había tenido lío con el vecino por el mismo tema. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández sostuvo que “los brasileños salieron de la selva”, en una declaración bochornosa que generó carcajadas pero que también reforzó el prejuicio. El caso también reactivó el estereotipo del argentino soberbio, extendido a nivel global. Así, Páez dejó de ser una turista cualquiera para convertirse en la encarnación de esa imagen y en el blanco perfecto donde disparar viejas broncas acumuladas.

POR QUÉ ME IMPORTA. Porque el hecho muestra cómo, en el clima actual, un episodio menor y cotidiano puede crecer en un choque simbólico entre países, potenciado por ideología, historia, rivalidad entre vecinos y redes sociales. En un país como Brasil, donde el racismo cala hondo, el afán de corregir injusticias históricas, termina generando injusticias en el presente. En ese terreno fangoso, se pierden los matices, se lleva todo al extremo y se toman medidas desproporcionadas que no contribuyen a la buena convivencia. El final de la historia, aún no se ha escrito. Es que Agostina Páez fue condenada por la Justicia brasileña a dos años de cárcel en suspenso pero se le negó la posibilidad de regresar a su país, por lo que deberá permanecer en Río de Janeiro, a disposición del tribunal, bajo el régimen de monitoreo con tobillera electrónica. Además deberá pagar una suma de 50 mil dólares a cada una de las víctimas de sus gestos racistas.

Martín Aguirre | Director

Rodrigo Caballero | Editor